Las escuelas autogestionadas reivindican flexibilizar la ley para salir de la clandestinidad

Las escuelas autogestionadas son en su gran mayoría proyectos muy pequeños, nacidos de grupos de familias que buscan precisamente eso, espacios reducidos, autogestionados, normalmente en entornos lo más naturales posibles, en los que educar a sus hijos siguiendo las consignas de lo que llaman "educación viva". Iniciativas marcadas por el trabajo en ambientes, por adaptarse al ritmo y los intereses de los niños y niñas, por prescindir de los libros de texto... La mayoría de estos conceptos impregnan hoy los nuevos currículums impulsados por el Departament d'Educació.

Desde los cero hasta los seis años, en la etapa preobligatoria, estas 'escuelitas' autogestionadas en las que a los educadores se les llama acompañantes -más de un centenar en Catalunya- suelen ir funcionando con licencias municipales de espacios de apoyo familiar, pero, al llegar a la etapa de la educación obligatoria, a partir de los seis años, empiezan los problemas. Se topan con una normativa para la creación de escuelas -estatal y catalana- que suele dejar a estos proyectos de educación alternativa ante la misma encrucijada: o desaparecen [es casi imposible que sus instalaciones cumplan con los requisitos arquitectónicos que pide la ley] o siguen, pero fuera de la norma (algo que en ocasiones acaba también obligándolas a cerrar de forma forzada).

Las normativas que establecen los requisitos mínimos que deben tener los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligan a disponer de espacios como un aula por grupo de edad -la esencia de estos proyectos es que los (pocos) niños no se dividen por cursos- , salas para desdoblamientos, salas polivalentes, un comedor, mientras que estos centros funcionan solo por la mañana, y los niños comen en casa...

"Un sinfín de requerimientos técnicos que no solo son inasumibles para escuelas tan pequeñas, sino que son un sinsentido", señala Jordi Mateu, presidente del Centre d'Assessorament i Recerca d'Educació Viva (CAIEV), convencido de que muchas familias seguirían en la etapa obligatoria con la educación viva, porque creen en el aprendizaje activo, pero abandonan porque la legislación actual les orilla fuera del sistema (los niños que acuden a escuelas autogestionadas no reconocidas como colegios constan como niños no escolarizados, con todo lo que eso conlleva).

A ojos de Mateu, el problema está en que la normativa solo diferencia entre escuelas públicas -las que crea la propia Administración- y escuelas privadas -normalmente de élite-, y no tiene en cuenta la posibilidad de "las escuelas populares, las creadas por la gente".

"Las normativas actuales, tanto la estatal como la catalana, están pensadas para regular la creación de centros educativos de grandes dimensiones y de grandes corporaciones, y eso es totalmente injusto para las pequeñas iniciativas populares autogestionadas", subraya Mateu, quien destaca que tras cada cierre de una escuelita libre hay "situaciones muy difíciles de niños y niñas que se quedan sin su espacio de referencia".

Apoyo del Parlament

En el año 2017, un grupo de representantes de proyectos de educación libre acudieron a la Comisión de Educación del Parlament para exponer su reivindicación, y esta aprobó por unanimidad "instar al Govern a estudiar la posibilidad de cambiar la normativa", pero, como pasa tantas otras veces, cuatro años después no se ha movido nada.

En dicha comisión, en el que recibieron el apoyo explícito de todos los grupos, insistieron en que no cuestionan que las escuelas cumplan los requisitos arquitectónicos necesarios para garantizar un entorno de calidad -edificios propios, iluminación, amplitud y medidas de seguridad- sino "la absurdidad de la rigidez del planteamiento actual".

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