Los ministerios de Justicia e Igualdad cierran los flecos de la ley contra la trata

Coincidiendo con el Día contra la Explotación Sexual, el pasado 23 de septiembre, la ministra de Justicia, Pilar Llop, garantizó en declaraciones a este diario que la ley contra la trata se aprobará esta legislatura porque es una prioridad del presidente Pedro Sánchez y que, a pesar de las diferencias que pueda haber entre socios, será un texto de todo el Gobierno. Parece que va a ser así. Los ministerios de Justicia (en manos del PSOE) e Igualdad (Unidas Podemos) ultiman los flecos de la que es una de las leyes sociales pendientes de la legislatura: la ley contra la trata, que ha de proteger a las víctimas de explotación sexual. Según han apuntado fuentes del Gobierno a EL PERIÓDICO, el texto podría aprobarse en uno de los próximos Consejos de Ministros.

La ley, según el borrador al que ha tenido acceso la cadena SER, daría a las víctimas de explotación sexual derechos como el permiso de residencia o el ingreso mínimo vital. Asimismo, propone penas de cárcel de hasta cuatro años para aquellas personas que paguen por tener sexo con una víctima de trata obligada a prostituirse. Quedarán exentos si ha sido algo ocasional y si denuncian la situación ante las autoridades. El proyecto castiga también con condenas de hasta cuatro años de cárcel para los que hagan negocio con la prostitución. 

De esta manera, el PSOE avanza en su objetivo de abolir la prostitución y Unidas Podemos verá reflejados en la norma los derechos sociales que reclamaba para las víctimas. "Para Igualdad es imprescindible que esta ley recoja que las víctimas de trata tengan todos sus derechos garantizados, incluyendo el permiso de trabajo y residencia, sin obligarlas para ello a que interpongan denuncia o colaboren con la investigación criminal", han subrayado fuentes del ministerio que dirige Irene Montero. 

Fuentes de Igualdad han subrayado que ultiman los detalles para que la ley contra la trata cuente en su totalidad con perspectiva de género. Ello significa que la norma reflejará en las medidas que propone, que la gran mayoría de víctimas de trata en todos sus fines, especialmente de explotación sexual, son mujeres y niñas.

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Otra propuesta de Igualdad es que la Delegacion de Gobierno contra la Violencia de Género forme parte del mecanismo de identificación y acreditación de las víctimas de trata, y que éste no sea exclusivamente policial.  

Una vez sea aprobada por el Gobierno, la norma deberá recibir los informes preceptivos de órganos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado antes de volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros y después culminar con éxito los trámites parlamentarios.