La PAH tilda de "hipócrita" el nuevo protocolo de desahucios de los Mossos

"Nos parece muy grave. Es un protocolo hipócrita, puro papel mojado". Así de dura ha respondido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Catalunya al nuevo protocolo de los Mossos d'Esquadra para afrontar los operativos en los desahucios. La entidad, que quiere esperar a evaluar a fondo el documento, hace una primera evaluación en El Periódico. "Lo que hay que hacer es dar alternativa de alquiler público a las familias que no pueden pagar", se quejan los activistas.

Una de las páginas del protocolo que ha hecho estallar los activistas es el nivel de riesgo que medirá el cuerpo policial para mandar a los antidisturbios a desalojar a las familias. "Nos parece muy grave que consideren motivo de riesgo el hecho que haya entidades sociales participando y tratando de evitar el desahucio", dicen fuentes de la plataforma. "¿Què consideran riesgo? Oigan, que hay una familia que se queda en la calle. Esta es la víctima y hay que poner su vida en el centro en vez de culpar y señalar a las personas que se solidarizan con ella", insisten desde la PAH.

La plataforma tampoco ve con buenos ojos la medida anunciada que evitará los desahucios de familias vulnerables. "Dicen los Mossos que hablarán con los servicios sociales, pero el problema es que los servicios sociales no tienen pisos de alquiler social para ofrecer a las familias, ¡es que no hay!", exclaman. Denuncian que Catalunya sigue en el 2% de alquiler social, y piden que el dinero que se invierte en el cuerpo de antidisturbios se dedique a las políticas de vivienda pública.

También se quejan que el texto se ha escrito desde un despacho. "Sin tener en cuenta la realidad de la calle. Los jueces desahucian igualmente, les da igual la moratoria estatal o la ley catalana que obliga al alquiler social", añaden. Señalan que hace más de diez años que los agentes se pueden acojer a la objeción de conciencia para no participar en un desalojo. "Nadie lo ha hecho", señalan.

Los activistas siguen insistiendo en que se aplique la leu catalana, que obliga a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer una alternativa a las familias vulnerables, además de ceder los pisos que llevan más de dos años vacíos. Según su recuento, hay más de 30.000 inutilizados. También piden que la Sareb, el banco malo, ceda todos sus pisos a la administración para hacer vivienda social y que se active un plan de choque para que las centenares de familias que están en la mesa de emergencia para una vivienda no tengan que sufrir las elevadas listas de espera.