Barcelona fuerza a la Sareb a firmar 67 alquileres sociales a familias vulnerables

"Yo no elegí estar de ocupa. No puedes estar tranquilo, sabes que te pueden echar en cualquier momento y te quedas en la calle", cuenta Mari Paz Mibuy. Ella es una de las 67 familias en situación de vulnerabilidad en Barcelona que vivían ocupando un piso de la 'Sareb', la empresa pública que se quedó los inmuebles deteriorados de los bancos tras la crisis financiera. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la entidad para que ofrezca un alquiler social a este grupo de hogares cuya pobreza está acreditada por los servicios sociales. Sin embargo, la ley catalana, aprobada en marzo de este año, ya obligaba a los grandes tenedores de vivienda a dar ese paso en toda Catalunya, recuerda el grupo promotor de la ILP, que lamenta que hay centenares de casos similares a los que no se está dando respuesta.

"Es un malvivir", dice Mibuy al recordar como han sido sus últimos meses. Esta joven guineana llegó en Barcelona en 2016 para estudiar un curso de telecomunicaciones y otro de tripulante de cabina de pasaje. "Necesitaba un lugar donde vivir", cuenta. Dio con una habitación de un piso en la calle Beat Almató, en el barrio del Carmel. Una paisana le ofreció una habitación subarrendada a 100 euros, gastos incluidos. La joven terminó los estudios pero no encontró trabajo. Fue entonces cuando cayó en la irregularidad, porque no tenía permiso de residencia ni de trabajo.

Estafados

Más de un año después de vivir en el piso del Carmel, la supuesta dueña del piso desapareció. "De un día para otro sin dar explicaciones", dice Mibuy. No fue hasta que llegaron las cartas del desahucio cuando ella, y el otro chico que vivía en otra habitación, se dieron cuenta del desatre. Habían sido estafados. No había ningún contrato, estaban de ocupas. "Nos mandaron notificaciones que teníamos que abandonar el piso. Me puse muy nerviosa, no tenía dónde ir, no sabía qué hacer", sigue. La chica empezó a trabajar en negro limpiando pisos y haciendo trenzas en casa. Con suerte llegaba a los 200 euros al mes. El desahucio estaba previsto para el pasado mes de junio.

Hoy, su situación ha dado un giro de 360 grados. Logró tramitar los papeles y ha conseguido un contrato de camarera en una marisquería. Cobra el salario mínimo. Con la ayuda de una abogada, ella y los 10 vecinos del mismo bloque han conseguido paralizar los desahucios. "Hay gente que tenía contratos de alquiler falsos, otros están como yo", explica. En este caso, como en el de casi 70 vecinos más de Barcelona, el Ayuntamiento ha filtrado todos los usuarios de Servicios Sociales que tenían un desahucio pendiente con la Sareb.

Y la Sareb se ha comprometido a hacerles un alquiler social. Hace dos semanas que Mibuy firmó su acuerdo con el 'banco malo'. Se puede quedar en casa, y pagará el 18% de sus ingresos durante un año a modo de alquiler. Luego, tocará ir renovándolo en función de su situación. "Por fin respiro tranquila", cuenta con una sonrisa.

Obligación incumplida

Su caso no es para nada aislado. Hace años que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona reclaman al 'banco malo' poder gestionar sus pisos vacíos para hacer alquileres sociales. En la capital catalana tiene 824 viviendas, de las cuales 60 están vacías y la resta están ocupadas y alquiladas. El acuerdo del alquiler social es tan solo un mecanismo, pero la ley catalana ya obliga a las entidades financieras, los fondos buitre y los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables.

"Exigimos que la Sareb estienda de forma immediata los alquileres sociales a todos los casos emparados por la ley catalana. Es una anomalía inadmisible que una entidad pública que depende del Ministerio de Economía incumpla la ley catalana amenazando con desahucios", se queja el grupo promotor de la legislación catalana: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatori DESC y la Alinanza Contra la Pobreza Energética, conocedora de muchos casos similares a los que, dicen, la Sareb no está dando respuesta. La realidad es que en Catalunya hay miles de pisos de esta entidad a los que, a pesar de lo que dicta la ley, no se les está ofreciendo alquileres sociales. La PAH también recuerda que Catalunya no supera el 2% de vivienda pública, cuando en países del norte de Europa la cifra llega al 25%.