La ley catalana antidesahucios abre la puerta a miles de alquileres sociales

El miércoles por la tarde estaban en el Parlament, celebrando con sus camisetas verdes y la euforia que requería el momento la aprobación de peleada ley catalana antidesahucios, y horas más tarde, este jueves antes de las nueve de la mañana, seguían con su batalla diaria, concentrados con esas mismas camisetas frente al 222 del paseo de la Zona Franca, en Barcelona, para parar el desahucio de una familia, algo que finalmente lograron. Alegría doble. La ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional que Pere Aragonès había prometido a la PAH que sería la primera que aprobaría tras ganar las elecciones hace un año, se aprobó al fin este miércoles, tras mucho luchar para que el texto inicial, impulsado por la propia PAH, codo con codo con otras entidades de defensa de la vivienda, no fuera "mutilado".

La ley aprobada este miércoles recupera medidas como que los grandes propietarios estén obligados a hacer alquileres sociales a familias vulnerables, como fijaba la ley 17/2019, parcialmente suspendida por el Tribunal Constitucional por un defecto de forma. El texto establece, además, la definición de grandes propietarios -poseedores de más de 10 viviendas en caso de una empresa, y de 15 en el de una persona física- y recoge medidas como la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos "de forma injustificada".

Según las cifras de las que dispone la PAH, el 80% de los desahucios que se están produciendo en Catalunya son de grandes propietarios, con lo que todas esas familias podrían beneficiarse de la norma. "Solo en los próximos días, unas 4.000 familias podrían firmar un contrato de alquiler social en el piso en el que viven actualmente amenazadas de desahucio", señala, feliz, Lucía Delgado, portavoz del colectivo, quien subraya que "lo importante ahora es desplegar la ley lo antes posible y firmar estos contratos".

Desde la PAH tienen también la mirada puesta en Madrid, en la aprobación de una ley estatal de la Vivienda que blinde la nueva norma catalana.

Blindaje estatal

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, apunta también hacia ahí. "La ley catalana tiene que tener un blindaje en la ley estatal. Un aval. Y que el PSC finalmente haya votado a favor de esta ley en Catalunya haría injustificable que se negara a recoger estas medidas de protección de la familias vulnerables en la futura Ley Vivienda", añade Martín.

Según cifras del Ayuntamiento de Barcelona, la mitad de los propietarios de los pisos de las familias en riesgo de perder su vivienda en la capital catalana son personas jurídicas -es decir, entrarían en la obligatoriedad del alquiler social- y el otro 50% son personas físicas (entre las cuales hay pequeños y grandes propietarios). En números totales, en el 2021, solo en Barcelona, 2.267 familias fueron atendidas por la unidad antidesahucios.

"La ley aprobada este miércoles es muy importante porque otra vez pone sobre la mesa un elemento imprescindible que es la corresponsabilidad de los grandes propietarios porque es imposible hacer frente a la emergencia sin esa corresponsabilidad", destaca Martín, quien señala la importancia de que esta ley haya sido impulsada por la ciudadanía organizada.

La aprobación llega la misma semana que el gobierno estatal ha aprobado la ampliación de la moratoria de desahucios hasta otoño y en un contexto en el que las mesas de emergencia habitacional no paran de crecer. Solo en Barcelona la lista de espera para un piso social es ya de casi 700 personas, algunas de las cuales, las que todavía están en el piso del que tienen orden de desahucio, podrán acogerse también a la nueva ley.