El Parlament aprueba al fin la ley catalana antidesahucios

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, impulsada por ERC, Junts, la CUP y los 'comuns' y que plantea medidas como la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a familias vulnerables antes de llevar el caso a la vía judicial.

La ley ha prosperado con el apoyo de los grupos promotores y el PSC-Units, mientras que Vox ha votado en contra y Cs y el PP no han votado -aunque Carlos Carrizosa (Cs) se ha abstenido por error-, después de que pidieran llevar la ley al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y de que la Mesa lo haya rechazado.

La norma establece la definición de grandes tenedores de vivienda; contempla la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada; fomenta el alquiler social, y es "heredera del decreto 17/2019 que fue suspendido parcialmente por el Tribunal Constitucional por una cuestión de forma, y no de contenido", según el relator de la ley, el republicano Pau Morales.

Ha asegurado que muchas familias en situación de vulnerabilidad esperan la aprobación de esta ley, y ha criticado que se ha producido una actuación de "filibusterismo parlamentario", en referencia a la petición de Cs y PP de llevar la ley al CGE para pedir un dictamen, algo que habría retrasado su votación.

Los miembros de la Mesa de ERC, Junts y la CUP han rechazado admitir a trámite esta petición de Cs y del PP, argumentando que el Reglamento del Parlament recoge que en iniciativas con firma de portavoces de los grupos, la del Grupo Mixto "únicamente se cuenta si está constituido por un mínimo de cinco miembros", algo que no ocurre actualmente, ya que el PP tiene tres diputados.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha asegurado que han llevado el asunto al CGE, y ha avisado de que se "reservan la posibilidad de acudir a los tribunales", porque consideran que la Mesa y su presidenta, Laura Borràs, pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, en una decisión que ha definido como un ejercicio de tiranía.

"Precedente peligroso"

Lorena Roldán (PP) ha garantizado que presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por esta decisión de la Mesa, que cree que ha sentado un "precedente muy peligroso" y que ha vulnerado derechos de los diputados.

La socialista Eva Candela ha defendido que el ámbito de la vivienda requiere recursos suficientes y políticas estructurales, y ha pedido medidas ante ocupaciones, tras lo que ha instado a ser rigurosos con la tramitación de normativas sobre esta cuestión: "No nos hagamos trampas al solitario".

Montserrat Vinyets (CUP) ha criticado que "el legislativo llega tarde" y ha agradecido la tarea de entidades, tras lo que ha avisado de que se deben desarrollar nuevas leyes que garanticen el acceso a la vivienda más allá de las situaciones de emergencia.

Más de 10 viviendas

Desde los 'comuns', Susanna Segovia ha destacado el hecho de que la norma prevea la creación de un registro de grandes tenedores -la ley establece que lo son los propietarios de más de 10 viviendas en caso de una empresa, y de 15 en el de una persona física-, y ha advertido de que el Govern tendrá la "responsabilidad" de exigir que cumplan la ley.

La diputada de Junts Glòria Freixa ha explicado que su grupo había presentado enmiendas para blindar esta ley, y ha llamado a "huir de la política de eslóganes, como pensar que un propietario es siempre un depredador, cuando el propietario es parte de la solución".