"La política social del Govern es una patraña": las oenegés exigen nuevos presupuestos ante la creciente pobreza

"Estamos en un momento muy grave y necesitamos responsabilidad política por parte de todos los partidos: no podemos perder más el tiempo. Necesitamos nuevos presupuestos para el año que viene que rompan el ciclo de la pobreza que no deja de crecer". Así de contundente se ha mostrado la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, este lunes sobre la situación política en Catalunya. La Taula, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha conmemorado el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza con una charla sobre la situación en Catalunya. "Catalunya es un país empobrecido", ha señalado Francesc Roig, presidente de Cáritas. Las oenegés han pedido medidas contundentes y urgentes para frenar los efectos que la inflación está teniendo en las familias más vulnerables.

Las cuentas de la Generalitat del año pasado destinaban 11.000 millones de euros al sistema sanitario y otros 6.000 al educativo, mientras que la inversión en el área de derechos sociales no superaba los 4.000 millones. "La situación es crítica y esta partida tiene que ser mucho mayor: no podemos prorrogar las cuentas ahora", ha reclamado Alsina. Las entidades sociales constatan que las políticas sociales que lleva aplicando el Govern estos últimos años no están surtiendo efectos. "Son patrañas de escaparate, proyectos que se repiten pero que no ayudan a resolver de forma inmediata y urgente la situación social tan dura que tenemos: y con el aumento del precio de la energía y el alquiler van en aumento", ha lamentado el presidente de Cáritas Catalunya.

Prestaciones a una minoría

La Taula ha cuantificado, por ejemplo, que las ayudas sociales llegan a una minoría del total de hogares que las necesitarían. Ocurre, por ejemplo, con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Apenas la perciben el 12% de las personas que viven en pobreza severa (actualmente son 691.000 personas), y menos del 1% de las que permanecen bajo el umbral de la pobreza en Catalunya (1,9 millones de personas). Una cifras que, de hecho, están calculadas a la baja y surgen de la última encuesta de condiciones de vida, publicada en junio pero que en realidad recoge los datos de 2021, cuando todavía no se había disparado la inflación. El tercer sector aún no tiene datos sobre el aumento de usuarios que están llegando a sus entidades en estos últimos meses. Solo el director del Banc dels Aliments ha apuntado que, para poder prestar el mismo servicio este 2022, han tenido que aportar 6 millones de euros más que el año anterior.

El drama de la infancia

Uno de los indicadores más alarmantes se encuentra en la situación de los menores de 18 años. En Catalunya, uno de cada tres es pobre. "Estamos por detrás de Rumanía, y muy lejos de Francia (18%) y Finlandia (9%)", ha señalado Elisenda Xifré, presidenta de la Federación de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA). "Hay que tener claro que la pobreza en la infancia es una clara vulneración de la Convención Internacional de los Derechos del Niño", ha dicho.

La presidenta ha señalado que se encuentran con muchos menores que no pueden seguir una alimentación adecuada, viven en habitaciones con sus padres sin privacidad ni espacio para hacer los deberes, no tienen acceso a las tecnologías digitales y no pueden hacer extraescolares ni permitirse ir al dentista o al optometrista. Además, deben aguardar eternas listas de espera para lograr visitas al psicólogo o al psiquiatra. "Las cosas no van bien. Los datos no son positivos y el contexto de crisis tampoco lo es: necesitamos políticas empoderadoras para romper los círculos generacionales para que la pobreza no se perpetúe", ha implorado Xifré.

Pagar un techo: lo imposible

Otro problema estructural que sigue sin resolverse es el de la vivienda. El desbocado aumento de los precios del alquiler, la falta de pisos de protección social y la escasa regulación son algunas de las graves carencias que desde hace años detectan las entidades sociales. "Las personas de clase trabajadora están totalmente excluidas. Para un piso de 700 euros piden nóminas de 2.600 a 2.800 euros... y a los usuarios de servicios sociales de entrada les dicen que no", se ha quejado Mar Vidal, representante de la Comisión de Vivienda de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social. "La precariedad laboral, el aumento del precio de los suministros... hoy es imposible pagar una vivienda", ha exclamado.