Presupuestos
Presupuestos Generales 2023: La lucha contra la violencia de género movilizará 260 millones
El Gobierno prevé destinar 51 millones más que el año pasado a las políticas contra la violencia machista
La política de servicios sociales sube un 15,2 % hasta alcanzar los 7.117 millones de euros
El Periódico
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El Gobierno incrementará los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género hasta alcanzar los 260 millones de euros, lo que supone 51 millones más que el año pasado, según refleja el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado presentado este jueves en el Congreso de los Diputados. Las comunidades autónomas recibirán 130 millones de euros de estos fondos, unos 40 millones más que el año pasado, para la atención de mujeres víctimas de violencia.
El anteproyecto de presupuestos también contempla un aumento en los fondos destinados a políticas sociales como, por ejemplo, los 822 millones de euros para ayudas a dependencia y mejora sen las residencias de mayores o los 255 millones de euros para personas que sufren pobreza energética. Esta última medida, conocida como bono social térmico, ha incrementado un 62% el presupuesto respecto al año pasado y ha ampliado la definición de beneficiarios potenciales para incluir a más personas.
Servicios sociales
Según refleja el proyecto de ley presentado este jueves, la política de servicios sociales sube un 15,2 % hasta alcanzar los 7.117 millones de euros. La dotación para dependencia asciende a la cifra récord de 3.522 millones, 620 millones más respecto al año pasado. La partida para vivienda se sitúa en 3.472 millones, un 5,4 % más que en 2022. En este paquete destacan los 200 millones de euros para consolidar el bono alquiler joven y 260 millones para un programa de alquileres accesibles.
En cuanto a políticas sociales, también se extiende la ayuda de 100 euros al mes para madres con hijos de cero a tres años que hayan cotizado un mes o recibido una prestación contributiva o asistencial entrará en vigor el 1 de enero de 2023. Según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta medida (pactada con Unidas Podemos) se incorpora a las cuentas públicas pese a que la Ley de Familias todavía no ha sido aprobada.
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