El precio de la pobreza infantil también se dispara

La escalada de precios actual está poniendo en aprietos a muchas familias que ven mermar su poder adquisitivo mes a mes y contemplan con incertidumbre su futuro económico. Sin embargo, el punto de partida desde el que las familias afrontan esta situación no es el mismo ni mucho menos. 

En España, que es el país con el sexto mayor nivel de desigualdad de ingreso de la UE, son precisamente las familias con niños, niñas y adolescentes las más expuestas a una mayor vulnerabilidad, al presentar tasas de pobreza significativamente más elevadas que los hogares formados sólo por adultos. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicada a finales del pasado mes, en 2021 la pobreza infantil aumentó hasta el 28,9%, un punto y medio por encima del año anterior en el peor registro desde 2016. Son 2.379.000 niños, niñas y adolescentes en gran medida invisibles a nuestros ojos como sociedad, así como a los de las políticas públicas. 

También ha aumentado la profundidad de la pobreza, lo que revela un patrón de agravamiento de la pobreza infantil. En primer lugar, creció la tasa de pobreza infantil severa. En segundo lugar, un 10,8% de niños y niñas menores de 18 años, más de 889.000, viven en una situación de carencia material o social severa. Es decir, sus familias no pueden atender necesidades básicas como mantener la vivienda con una temperatura adecuada, o experimentan retrasos en el pago de la hipoteca o alquiler de la vivienda principal o suministros. 

La situación de los hogares monomarentales resulta especialmente preocupante, puesto que se enfrentan a una tasa de pobreza del 49% (9 puntos por encima respecto el año anterior).

Las cifras reflejan el pleno impacto de la pandemia en la vida de las familias españolas. También reflejan el impacto de algunas medidas clave introducidas durante esa fase de la pandemia, como el Ingreso Mínimo Vital, especialmente enfocado a lucha contra la pobreza severa. A raíz de estas cifras, ¿cabe concluir el fracaso del IMV? Al contrario. En realidad, y según la misma ECV, hay que destacar que el IMV y resto de medidas englobadas en el escudo social han contenido el incremento de la pobreza infantil, que hubiera crecido aún más sin ellas. Por tanto, la efectividad de estas medidas contra la pobreza está probada, aunque el esfuerzo social requerido hubiera debido ser mayor para doblegar la tendencia de aumento de la pobreza. 

En este sentido, emerge un claro mensaje: a pesar de los progresos recientes, a España le queda todavía por recorrer un largo camino en términos de apoyo público a infancia y familias, hasta converger con los países de nuestro entorno (España destina el 1,3% del PIB en apoyo a infancia y familias, frente al 2,3% de media en la UE). 

Prevenir la pobreza es más eficiente que repararla. Por ello, desde la compatibilidad con las prestaciones focalizadas desarrolladas hasta ahora (IMV, complementos de crianza) y que apoyan más a quienes más lo necesitan, ahora es el momento de apostar por ayudas a la crianza universales. Este paso es clave para que muchas familias puedan hacer frente al coste de la crianza, que Save the Children estima actualmente, en media, en 672 euros al mes por cada hijo o hija. 

Para lograrlo, debe ponerse el foco en la fiscalidad. España cuenta actualmente con un sistema de beneficios fiscales para las familias con hijos e hijas casi universal, en la medida que alcanza a amplios sectores de la población, pero excluye a las familias de menor renta que no tributan. Por tanto, beneficia en mayor medida a las familias de renta más elevada, por lo que tiende a la regresividad.

El cambio hacia un apoyo más justo pasa por el establecimiento de una ayuda universal a la crianza (al menos 100 euros al mes por cada hijo o hija menor de edad a cargo) en forma de una deducción fiscal reembolsable. La reembolsabilidad de la deducción implica hacerla accesible al conjunto de las familias, independientemente de los ingresos o las obligaciones tributarias de cada persona. 

Esta propuesta cuenta con el aval del Libro Blanco elaborado por el Comité de personas expertas para la reforma tributaria nombrado por el Gobierno y debería encabezar las prioridades de los futuros Presupuestos Generales del Estado si España quiere mirar a los ojos de la infancia. 

Hace dos semanas, el Presidente del Gobierno manifestó su firme compromiso con la infancia durante la presentación del Plan de Acción estatal para la Garantía Infantil, que recoge las actuaciones que, de aquí a 2030, deben asegurar el acceso a servicios clave (educación infantil, educación de 0-3, sanidad, vivienda, nutrición y comedor escolar) por parte de la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. 

Por su naturaleza, este no puede ser un plan o estrategia más. Se trata, ni más ni menos, de la hoja de ruta para el futuro del país, invirtiendo en la infancia como garantía de progreso colectivo y sin dejar atrás a ningún niño o niña. Para ello, una vez cumplido con el ritual anual de sonrojarnos por el abultado marcador de la pobreza infantil en España, sólo cabe trabajar decididamente por devolver la dignidad y derecho al bienestar de 2,4 millones de niños y niñas en nuestro país.