87 ancianos muertos por covid en Premià: "Hubo sufrimiento gratuito"

"Sufrimiento gratuitamente provocado" a los ancianos, "desatención" y no tomar ninguna medida para evitar la propagación del covid en el centro durante los meses de marzo y abril de 2020. Contundente querella presentada por la fiscala jefa del Área de Mataró, Montserrat Poderoso, contra el director y la responsable del equipo médico de la antigua residencia Ca N'Amell, del grupo internacional Domus VI, de Premià de Mar (Maresme). Les atribuye delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, lesiones y trato degradante por el fallecimiento durante los primeros meses de la pandemia de 87 de los 200 residentes. Un juzgado de Mataró ha admitido a trámite la querella y ha abierto una investigación. El geriátrico fue intervenido por la Generalitat el 17 de abril de ese año dada la "gravedad de la situación" detectada.

La intervención de la Generalitat llegó después de una ola de mortalidad que inicialmente fijaba en poco más de una veintena el número de víctimas. La fiscalía, sin embargo, eleva la cifra hasta 87 personas fallecidas vinculadas a la residencia. De este total, 62 murieron en el mismo centro, 24 en centros sanitarios a los que se les habría trasladado y una última en su casa. El Ejecutivo catalán sancionó en julio de 2020 a la empresa gestora del centro con la suspensión de la prestación del servicio por cuatro años y una multa de 20.000 euros. El geriátrico esta ahora gestionado por otra entidad que no tiene nada que ver con los hechos y se le cambió el nombre.

Déficits que ya existían

La fiscalía sostiene que la deficiencia en la gestión del centro se remontan a antes del inicio de la pandemia, cuando se constató "graves déficits" en la atención prestada a los ancianos, que eran "conocidos y aceptados" por los dos querellados "en tanto responsables de garantizar la asistencia social y sanitaria". Esos defectos, relata la acusación pública, se vieron "incrementados exponencialmente" por el covid, no tomando tampoco las medidas para evitar contagios. Falta de personal, insuficiente alimentación e hidratación de los usuarios dependientes, lo que comportaban importantes pérdidas de peso, descontrol en la medicación, escasa higiene (no se les cambiaban la ropa y los pañales) y no les cambiaban de posición, lo que le provocaba llagas.

El relato de la querella es escalofriante. La dirección del centro no proveía a los empleados de material para atender a los ancianos. Era normal que escasearan los enseres para hacer las curas, colchones para evitar llagas, esponjas, toallas, termómetros...Y en muchas ocasiones los timbres de alerta estaban inutilizados, de modo que se impedía a los residentes pedir ayuda. La fiscalía sostiene que la dirección del geriátrico no adoptó "las medidas para revertir tal precariedad".

Rápida expansión del virus

Cuando estalló la pandemia, los querellados tampoco tomaron las medidas "suficientes" para evitar contagios, lo que favoreció una "rápida expansión" del virus entre los ingresados, todos ellos de avanzada edad y "muy vulnerables". "La previa situación de desorden se tornó en caos, provocando un brote que concluyó con la muerte de numerosos residentes", a muchos de los cuales, precisa la fiscalía, "ni siquiera se les dio un final de vida digno". A otros, se les causó "graves lesiones y padecimientos" por falta de hidratación, cura, higiene y dispensación de las medicinas prescritas.

La querella relata algunos casos, como el de un hombre que pese a necesitar oxígeno se le encontró en un "evidente estado de abandono", con deposiciones en la cama y sin el oxígeno requerido. De otra mujer, describe que perdió 15 kilos porque no recibía "la alimentación necesaria". A otra anciana, se le negó los tratamientos paliativos, "privándola de una muerte sin sufrimiento". El director del centro, detalla la fiscalía, incluso prohibió a los empleados usar mascarillas y obligó a ir a trabajar a trabajadores infectados

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