Coronavirus en Catalunya

Los jueces impulsan las investigaciones por las muertes en los geriátricos

El juzgado de Tremp empieza este jueves las declaraciones sobre la muerte de ancianos en la residencia de esta localidad, mientras que en Sabadell se unifican los procesos del centro de Palau-solità en una sola causa y se cita a denunciantes y a las familias perjudicadas

Una trabajadora empuja un carrito en la residencia de ancianos de Tremp, en una foto de archivo.

Una trabajadora empuja un carrito en la residencia de ancianos de Tremp, en una foto de archivo. / JORDI V. POU

J. G. Albalat
Elisenda Colell
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Los jueces están impulsando las investigaciones sobre las muertes por covid de residentes en los geriátricos de Catalunya. Este jueves, el juzgado de Tremp (Pallars Jussà) que instruye la causa por presunto homicidio imprudente, entre otros delitos, por el fallecimiento de 64 ancianos en el centro de Fiella tomará declaración como testigo a Divina Farreny, delegada de Salut en la región sanitaria de Lleida cuando se produjeron los hechos. En los juzgados de Sabadell también se está moviendo otra causa judicial abierta por las 40 muertes por la pandemia un geriátrico de Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental). De entrada, se han unificado todas las denuncias en un solo juzgado y se ha citado a las familias afectadas.

La Fiscalía de Lleida presentó el pasado mes de febrero una denuncia contra la dirección de la residencia Fiella por las "gravísimas disfunciones y déficits organizativos" que presuntamente habrían ocasionado el contagio de 42 trabajadores de un total de 65 y en el fallecimiento, entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020, de 64 de los 142 residentes. Esas disfunciones consistían en el incumplimiento del plan de contingencia, la falta de previsión, control y supervisión de la dirección del centro y la no asunción de las recomendaciones efectuadas por la Conselleria de Salut.

La denuncia expone, por ejemplo, que se anotaron registros de temperatura de usuarios ya fallecidos, a los que se privó de una "asistencia médica adecuada". También se obligó a los residentes a permanecer con otros que estaban enfermos e, incluso, se sospecha que tuvieron falta de cuidado, alimentación y limpieza pasando, incluso, "frío y sed". Además, se impidió a algunos el contacto con sus familiares cuando ya se estaban muriendo. La inexistencia de un protocolo de defunción provocó que varios perjudicados se enteraran de la muerte de sus seres queridos por la funeraria, por gente del pueblo o por voluntarios.

La jueza de Tremp que instruye la causa ya ha imputado por varios delitos, entre ellos el de homicidio imprudente, a Remei Navarro, directora de la residencia, así como a la religiosa María Rosa Nabaria, responsable higiénica del geriátrico Sant Hospital de Tremp, gestionado por la fundación eclesiástica privada Fiella. La togada ha incoado dos procesos separados. Uno, por las muertes por covid y por presuntas “vejaciones injustas” y, un segundo, para esclarecer si se ha cometido un delito contra la seguridad de los trabajadores por el contagio de una cuarentena de trabajadores del centro. En ambos asuntos, han sido citados a declarar testigos, entre ellos la delegada de Salut. La Conselleria de Salut intervino la residencia el 28 de noviembre de 2020 y relevó a la fundación en la gestión del centro.

Otros 55 fallecidos en Sabadell

En Sabadell, el Juzgado de Instrucción número 3 ha acordado unificar, tal y como pidió a fiscalía, los procesos abiertos en diferentes órganos judiciales de la ciudad y que, por separado, estaban investigando a la residencia Palau, en la población de Palau-Solità, en la que fallecieron 55 ancianos por covid desde el 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, hasta el 1 de mayo, cuando se realizó una inspección. La declaración de su director, José Luis M. P, estaba prevista para el próximo lunes, pero se ha suspendido al incluirse todo en un solo proceso. De momento, no se ha señalado día.

Por ahora, están citados para declarar los denunciantes, aunque también se ofrecerán al resto de familias afectadas la posibilidad de personarse en la causa. Esos trámites se realizarán entre mayo y noviembre. En estos momentos, ya existen perjudicados que ejercen la acusación. Varios de ellos están representados por el abogado Javier Aguilar, aunque hay, al menos, otros dos letrados comparecidos.

La fiscala jefe del área de Sabadell, Neus Pujal, presentó una denuncia en la que acusaba a José Luis M. P., el director del geriátrico, y a Gian E. F., médico del centro, de “negligencia” y “falta de diligencia” en el cuidado y la atención de los ancianos durante los primeros meses de la pandemia, en 2020. El equipo directivo, según la acusación pública, no puso al servicio de los usuarios (personas “especialmente vulnerables”, precisa) los medios a los que “está legalmente obligado” e hizo “caso omiso” a las recomendaciones de la Generalitat.

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