Los Servicios Sociales de Barcelona tocan techo por la pandemia

Se sienta en la cama y, al fin, reposa. Susana Hernandez y sus tres hijos, dos de ellos con trastornos de salud mental, no han sido desahuciados este martes. "Esto es una angustia constante", explica esta mujer que trabaja limpiando oficinas y es una de las casi 97.531 personas atendidas en los servicios sociales del ayuntamiento de Barcelona, una cifra récord que supera incluso los datos de la devastadora crisis financiera. Igual que Vanesa Angulo, una mujer que estuvo un año durmiendo en una habitación con un colchón en el suelo y las maletas desperdigadas junto a su marido y sus dos hijos. "Los servicios sociales no lo resuelven todo, pero son un talón donde apoyarse cuando todo falla", cuenta.

Llegó a Barcelona en diciembre de 2019. Maletas en mano, bebé de cinco meses en el cuello y mucha esperanza puesta en Europa tras marchase de Venezuela. "Nos fuimos a vivir con otros familiares en un piso de Poble Sec de forma temporal. No había armarios, ni camas... solo colchones en el suelo", explica Angulo. La idea era pedir asilo, y antes de conseguir el reconocimiento de ayuda humanitario que da el Estado a los ciudadanos de Venezuela, buscar empleo en el mercado negro de lo que fuera. "Y estalló la pandemia, nos vimos sin nada y los ahorros se iban terminando", explica. Sin apenas conocer a nadie en Barcelona, salió a la calle engrosando las colas del hambre. "Es que sin eso no comíamos", añade.

El rompecabezas de la vivienda

Fue entonces cuando tuvo conocimiento de los servicios sociales. En la cola de la asociación Bona Voluntat en Acció, donde conseguía algo de comida para su familia. A partir de entonces logró ayudas puntuales para pagar el alquiler, la compra del súper y sobre todo apuntarse a cursos de inserción social y laboral para empezar a buscar empleo. De hecho, su historia ilustra por qué en 2021 las ayudas para alimentación a las familias en situación de precariedad cayeron a la mitad. De casi 6,4 millones de euros en 2020 a 3,5 en 2021. "En septiembre de 2020 logré encontrar trabajo limpiando casas sin contrato, y mi marido limpiando ollas en un restaurante. Cuando conseguimos los papeles con el permiso humanitario ya nos contrataron, pero con sueldos de miseria", explica Angulo. Él cobra 600 euros para hacer de mozo de almacén durante la noche, ella tiene un contrato de limpiadora los fines de semana. "Para comprar comida nos da, el problema es la vivienda", agrega esta mujer con carrera universitaria en su país, que no ha podido homologar aún en España.

Según ha explicado la comisionada de servicios sociales del Ayuntamiento, Sonia Fuertes, la vivienda ha vuelto a ser el gran rompecabezas que deben hacer frente los servicios sociales en la ciudad, a pesar de no tener suficientes herramientas para ello. "En 2020 bajó el gasto de la vivienda porque hubo la moratoria de desahucios, pero ahora vuelve a ser un gran problema, y más teniendo en cuenta que hay familias que no están notando esta recuperación económica: afectados por la ley de extranjería y que viven de la economía informal", ha dicho Fuertes. Este año, el consistorio ha destinado 25,8 millones para ayudas en el pago de la vivienda a las familias más necesitadas. La práctica mayoría, 20,8 millones, son para personas que, tras sufrir un desahucio, han tenido que ir a vivir en pensiones o albergues de la ciudad. De hecho, la partida de la vivienda en los servicios sociales se ha incrementado un 7,5% respecto el año anterior.

Al borde del desahucio

Susana Hernández, de hecho, dio con los servicios sociales en mayo del2020, cuando recibió una carta que le confirmaba que iba a ser desahuciada del estudio que alquilaba porque había sido víctima de una estafa. "Antes me ayudaba mi madre para llegar a final de mes pero cuando recibí la carta me tragué el orgullo y fui a pedir ayuda a los servicios sociales", explica. Esta mañana los activistas del sindicato de vivienda del Gòtic, Resistim al Gòtic, han logrado impedir el lanzamiento. Ellos, y el informe psiquiátrico de sus dos hijos que anunciaba que la orden de desahucio para este martes les había provocado graves secuelas en sus enfermedades, aumento de la ansiedad y más crisis nerviosas. "Yo trabajo, claro, pero gano menos dinero de lo que me cuesta el alquiler, por suerte mi asistenta social me da ayudas puntuales para llegar a final de mes y me están ayudando a encontrar una vivienda... pero es que para una habitación te piden una fianza de 3.000 euros, contrato indefinido y que no tengas niños", lamenta.

Hernández trabaja también en la limpieza. Pero lo hace con empresas que le hacen contratos de días, o incluso horas. Ahora limpia unas oficinas de una empresa que, probablemente, cierre en menos de un mes. Ella se hecha a temblar. "De los servicios sociales no puedo decir nada malo, pero es que el problema es tener un techo, es que los propietarios no realojan ni quieren saber nada de nosotros", se estremece. "Yo nunca antes había ido a los servicios sociales, pero es que llega un día que no puedes más", aclara.

Medidas estructurales

Ellas son solo dos historias de las casi 100.000 personas que, este 2021 se han acercado a los servicios sociales. Es una cifra récord y un máximo histórico que ni la crisis del ladrillo franqueó. "Hay muchas personas en nuestra ciudad que no les llega la recuperación económica", ha insistido Fuertes, quien lamenta que el consistorio deba hacer frente a esta realidad en solitario, evidenciando cómo el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía no llegan a todas las familias que lo necesitan. También ha subrayado en la necesidad de cambiar la ley de extranjería, que dificulta que muchas personas migrantes no puedan trabajar legalmente ni tener derecho a prestaciones sociales como el paro o la baja laboral, y ha remachado en la necesidad de que se apruebe la ley de la vivienda y se construya un parque de alquiler social que permita a las familias pagar precios de vivienda razonables.

Este martes, Angulo se despedía de su trabajadora social del Poble Sec. La que la guio entre las tinieblas durante el confinamiento y la ayudó a escolarizar a sus dos hijos. Ahora se va a vivir a Hostafrancs, donde seguirá acudiendo a los servicios sociales. "Al menos tenemos armarios y camas, pero no podemos tirar adelante nosotros solos", se sincera. Susana respira un poco más tranquila, esta noche podrá volver a dormir en su cama. Aunque sabe que un día llegará el desahucio. "Espero que con los servicios sociales encontremos una solución", suspira.

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