Reto demográfico
La Catalunya despoblada saca músculo con grupos de presión similares a la España Vaciada
Más de 500 alcaldes de todos los colores políticos crean un lobi para defender los intereses de los pueblos pequeños
La plataforma abraza la misma filosofía que la España vaciada pero no surge de la sociedad civil, sino de cargos electos
Ricardo Mir de Francia
Periodista
Especialista en política internacional y reportero. Fue corresponsal en Washington durante una década, donde cubrió las presidencias de Obama, Trump y los inicios de Biden. Antes estuvo otros seis años en Oriente Medio. Licenciado en Periodismo por la Pompeu Fabra y con estudios de posgrado en Derecho Internacional, se ocupa actualmente de la guerra en Ucrania. Interesado también en temas de investigación, geopolítica de la energía, cambio climático y economía.
Hablan con una moderación, un civismo y un espíritu constructivo que raramente se escucha entre los políticos de primera fila que se despellejan a diario en los telediarios. Pero están ‘calientes’ y cansados de aceptar promesas estériles. No se explica de otra manera que más de la mitad de los alcaldes catalanes hayan aparcado sus diferencias ideológicas para tratar de salvar su mundo evanescente: la Catalunya rural devorada por la despoblación y la indiferencia de las instituciones. Por el momento, no tienen planes para sumarse al proyecto de España Vaciada o crear una marca propia para defender sus intereses en las urnas. Han preferido organizarse como grupos de presión, también llamados lobis. Pero no cierran la puerta a nada. Todo dependerá de la respuesta institucional que reciban a sus demandas.
Como sucede en otras regiones de España, también Catalunya tiene un mundo rural envejecido y en regresión por la falta de servicios, oportunidades económicas y normas que velen por sus intereses. De acuerdo con un estudio de la Universitat de Lleida, 200 de los 947 municipios catalanes atraviesan por una situación crítica de despoblación, la gran mayoría de ellos, pueblos con menos de 500 habitantes. Pero no son los únicos que siguen adelgazando sin remisión. Las estimaciones del Idescat apuntan a que 354 municipios perderán población durante la próxima década. Nada demasiado nuevo sobre el horizonte. La diferencia ahora es que el mundo rural parece dispuesto a rebelarse contra su destino.
“Hay un problema grave, cada vez somos menos”, dice Joaquim Paladella (PSC), alcalde de Batea, un pueblo que no llega a los 2.000 habitantes pese a ser el mayor productor de uva de Catalunya. “En esta comarca de la Terra Alta todos los pueblos, sin excepción, pierden población. Si seguimos a este ritmo, algunos podrían vaciarse completamente en una o dos generaciones”. Fue esa misma lógica la que llevó el verano pasado a cuatro alcaldes a dar el primer paso para organizarse contra la sangría demográfica. Crearon un grupo de trabajo, articulado a través de WhatsApp y varias reuniones, que ha mutado en una plataforma con demandas y soluciones dirigidas a las instituciones. Eines de Repoblament Rural, se hacen llamar y, siete meses después, suman ya 504 ayuntamientos. O lo que es lo mismo, cerca del 90% de los pueblos de menos de 2.000 habitantes, el 63% del territorio catalán.
Alcaldes de todos los colores políticos
Lo más extraordinario es que han sabido trascender el asunto que ha fagocitado la vida catalana en la última década: el debate sobre la independencia. En sus filas hay alcaldes soberanistas y unionistas, de derechas y de izquierdas. Regidores adscritos a Junts y Esquerra, pero también al PSC y hasta el único alcalde catalán del PP. “No somos una entidad municipalista porque todas están politizadas, sino un grupo totalmente trasversal con gente de todos los colores políticos. No queremos injerencias partidistas de ningún tipo”, afirma el coordinador de Eines, Jaume Gilabert (ERC), alcalde de Montgai y expresidente de la Diputación de Lleida.
La plataforma abraza la misma filosofía trasversal que la España Vaciada, con la que comparte el fondo de sus reivindicaciones, pero no ha surgido de la sociedad civil sino de los cargos electos de las comarcas más vaciadas de Catalunya. Y ha optado por registrarse como grupo de presión ante la Generalitat para tener acceso directo a quienes redactan las leyes en Madrid y Barcelona. “No nos hemos planteado la adhesión a España Vaciada o la creación de un partido político porque confiamos en que la Generalitat atenderá nuestras peticiones, como ya ha empezado a hacer”, afirma Gilabert. “Pero si las administraciones vuelven a ignorar al mundo rural, ya veremos entonces lo que pasa”.
Contactos con España Vaciada
Esa potencial adhesión no se descarta por una cuestión identitaria, sino por motivos puramente de estrategia. “Lo del nombre es lo de menos, siempre se podría articular bajo otra marca. Pero hoy no está sobre la mesa porque estamos convencidos que el Govern actuará", aseguran fuentes de Eines. Algo distinta es la postura de País Rural, otro grupo de presión nacido en julio del 2020 para defender los intereses legislativos de los pueblos pequeños, fomentar el equilibrio territorial y descentralizar las instituciones de la Generalitat, concentradas en Barcelona. Presidido por Josep María Vila d’Abadal, quien fuera alcalde de Vic y presidente de la Associació de Municipis per la Independència, actualmente tiene unos 120 miembros, que incluyen a empresas, asociaciones, alcaldías y particulares.
Su presidente ha tenido contactos directos con la España Vaciada, pero la junta de País Rural ha rechazado cualquier tipo de adhesión para evitar que algunos ayuntamientos puedan desmarcarse de su proyecto. “Ahora somos muy pequeños, pero más adelante podría plantearse la entrada en su asamblea para colaborar en todos los temas que se deciden en la Unión Europea y el Estado y afectan al mundo rural”, dice Vila d’Abadal. En Catalunya, en cualquier caso, prima la cautela frente a la vía electoral adoptada por España Vaciada en Castilla y León tras el éxito en las urnas de Teruel Existe.
“El peligro que tiene esta opción es que se la quede alguien. La derecha española está tratando de quedarse el movimiento. Sería un error porque tiene que ser trasversal”, añade el presidente de País Rural. Lo que está claro es que los nuevos grupos de presión catalanes quieren respuestas “inmediatas” para fomentar el repoblamiento. Se han cansado de esperar y que les digan “no a todo”. En el caso de Eines, el grupo más poderoso de los dos, su prioridad pasa por la aprobación en el Parlament de un Estatuto del Municipio Rural que sirva para garantizar que las leyes no pisotean las particularidades y necesidades de los pueblos de menos de 2.000 habitantes, el 62% de los municipios catalanes. “La realidad actual es que siempre que se hace una ley o norma perjudica al mundo rural. Somos los custodios del territorio, pero nunca se nos tiene en cuenta”, dice Gilabert.
Falta de valentía política
Su larga lista de demandas incide en todos los ámbitos de la vida pública, desde el urbanismo a la educación, la sanitad o la economía. "En Catalunya siempre nos llenamos la boca diciendo que somos los mejores y los primeros, pero en el tema del repoblamiento rural no es el caso”, asegura Joan Eroles (Junts), alcalde de Puigvert d’Agramunt --un pueblo de 240 habitantes en la comarca de Urgell-- y miembro de Eines. “Regiones como Castilla la Mancha y el País Vasco ya tienen un Estatuto del Municipio Rural. Aquí falta valentía política, tanto en los pueblos como en la Generalitat”.
No hay duda de que el auge de ambos movimientos es una suerte de espada de Damocles para los partidos políticos catalanes. Particularmente para el independentismo, que reina en la Catalunya rural. “Nuestro movimiento incomoda a los partidos porque hace más difícil que puedan controlar el territorio”, dice Eroles refiriéndose a Eines. “Son conscientes de que podrían perder peso en el interior si algún día decidiésemos presentarnos a las elecciones”. Ni Eines ni País Rural están ahí todavía, pero el pulso no ha hecho más que empezar.
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