Lucha contra la homofobia

Terapias de conversión sexual: una “tortura” impune

Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, en Madrid.

Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, en Madrid. / David Castro

  • No ha habido ninguna sanción firme contra estas prácticas, pese a que seis autonomías las prohíben

  • Un abogado lucha para erradicar una lacra que la renuncia del obispo de Solsona ha vuelto a poner de manifiesto

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Juan Ruiz Sierra
Juan Ruiz Sierra

Periodista

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Las falsas terapias de conversión, un conjunto de prácticas (desde los electroshocks hasta la ingesta de medicamentos que quitan la libido, pasando por exorcismos y retenciones) que pretenden modificar la orientación sexual o el género del paciente, funcionan en España de forma subterránea. A veces, muy de vez en cuando, emergen tímidamente a la superficie, como ahora, a raíz de la tumultuosa renuncia al obispado de Solsona de Xavier Novell, quien fomentó y participó en ellas antes de colgar los hábitos por su amor hacia una escritora de novelas eróticas. Pero después vuelven a la oscuridad. No se sabe cuántas personas se han sometido a ellas en las últimas décadas, ni quiénes las han promovido, ni cuántas de estas presuntas terapias continúan practicándose ahora mismo. Lo que sí se sabe, sin ninguna duda, es el número de sanciones firmes que se han impuesto contra estas prácticas, prohibidas en seis comunidades autónomas: cero.

“La impunidad hasta ahora es absoluta”, señala Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Castro, abogado especializado en derechos humanos, tiene una misión. Desde que a principios de año fundó su entidad, en la que colaboran más de una decena de personas, lucha por perseguir esta “tortura”. Recaba datos, testimonios, rastrea a quienes ofrecen estas prácticas, presenta denuncias y prepara querellas. Desde que trascendió la salida de Novell, los casos que le han llegado se multiplican: siete en la última semana. Sin embargo, a corto plazo, no es muy optimista.  

Primero, por el perfil de las víctimas de esta lacra. “Suelen provenir de entornos muy específicos y conservadores –explica-. En muchos casos, son los padres quienes les han llevado hasta allí. Lo que les solemos decir es que a pesar de que luego haya una comunidad religiosa apoyando lo que ellos han padecido, hay que ir contra la familia. Y no quieren. Es una espada de doble filo: son tus padres, lo han hecho sin maldad pero te han jodido la vida, y tampoco quieres dejar de estar vinculado a ellos”.

Pero sobre todo, continúa Castro, por la forma de perseguir estas prácticas. Aragón, Andalucía, Madrid, Murcia, Valencia y Canarias las prohíben en sus respectivas legislaciones. Todas estas autonomías imponen sanciones administrativas a quienes lleven a cabo estas prácticas, pero de momento el impulso, por “el desinterés o la lentitud” de sus gobiernos, dice Castro, no se ha traducido en nada. O, en rigor, en muy poco. La única excepción es Elena Lorenzo, quien se presenta en su web como una “coach profesional especializada en identidad personal” que trabaja con “personas con atracción al mismo sexo que desean un acompañamiento y crecimiento personal”. 

Gráfico

/ David Castro

Lorenzo, que rechazó las solicitudes de entrevista con este diario, es una especie extraña dentro de este submundo. A diferencia de otros perpetradores, como el obispado de Alcalá de Henares, que al menos hasta 2019 ofrecía terapias de conversión, publicita sus servicios. “Sí, puedes recuperar tu heterosexualidad”, señala en su página. Fue denunciada en 2016, y tuvieron que pasar 31 meses hasta que la Comunidad de Madrid le impusiera una multa de 20.001 euros. Lorenzo recaudó en pocos días ese dinero a través de una campaña de ‘crowdfunding’ y presentó un recurso judicial. A finales del pasado julio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le dio la razón, anulando la sanción, debido a la “duración excesiva” del procedimiento. 

“El tribunal hizo lo que debía”, dice Castro, que reconoce los defectos formales en los que incurrió la autonomía. Lo cual, continúa, solo prueba que el actual enfoque, basado en la disposición a actuar de los gobiernos de turno, “es ineficaz”. 

Jueces o políticos

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En teoría, la futura ley para la igualdad de las personas LGTBI viene a revertir esta situación. Contempla multas de hasta 150.000 euros. Pero en la práctica, argumenta Castro, cuando entre en vigor no cambiará “gran cosa”. La norma, explica, no criminaliza las terapias de conversión en el Código Penal, como sí hace Alemania, por ejemplo. Tampoco define en qué consisten, ni establece recursos para las víctimas. Junto a las denuncias que ya ha presentado o prepara, Castro defiende que estas prácticas sean un delito, para que así su persecución no dependa de los políticos, sino de los jueces. Y en cualquier caso, cree que quienes las promueven siempre van a tener donde “pescar”. 

“Todas las personas lgtb pasamos por una época en la que no estamos cómodos con nuestra identidad –dice-. Podemos comprar fácilmente un discurso que nos diga: yo te puedo cambiar, yo puedo hacer que seas ‘normal’. Porque al final tú lo que quieres es ser normal, con todas las comillas puestas”. Él mismo, concluye, “podría haber pasado por esto”, de no haber tenido unos padres que lo apoyaron desde el primer momento. “Entre los 16 y 22 años, dudaba –concluye-. No quería ser como era. Si el cura del colegio me hubiera llevado a uno de estos lugares, lo habría aceptado”. 

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