Nuevas restricciones en las ayudas a refugiados agravan la fragilidad de la acogida

España se convirtió en 2020 en el país de la Unión Europea (UE) que recibe más solicitantes de asilo, superando por primera vez las cifras de Francia y Alemania. Hace apenas dos semanas el Ministerio de Migraciones, responsable del sistema de acogida para los refugiados más vulnerables, dictó una orden que restringirá el acceso a las ayudas previstas a partir del 1 de abril. Los solicitantes de asilo sin recursos que viven en albergues solo podrán acceder a un piso de acogida cuando se resuelva su expediente. La norma ha indignado a la Generalitat, que acusa al Estado de "disminuir" y "limitar" el derecho de asilo, "dejar a los refugiados en la calle" y "sobrecargar" los servicios sociales municipales. Fuentes consultadas conocedoras del sistema de acogida temen que estas restricciones colapsen aún más el sistema de acogida.

En los últimos tres años el número de personas que piden asilo en España ha aumentado un 372%. El ascenso de peticiones tocó techo en 2019, con más de 118.000 solicitudes. En 2020 España, a pesar de la pandemia, se puso al frente de los países de la Unión Europea con más refugiados. Lo confirman las 88.0000 peticiones de asilo tramitadas, que superaron los datos de Francia o Alemania. El aumento más pronunciado se explica por la inestabilidad en Latinoamérica. Cada vez son más los colombianos, venezolanos, hondureños o salvadoreños que viajan a España huyendo de la violencia callejera y organizada.

Este aumento de peticiones ha hecho colapsar el sistema de acogida, haciendo que los plazos para los trámites de asilo se alarguen más de lo establecido. En principio, las solicitudes resolverse pasados los primeros seis meses. La realidad es que pueden alargarse hasta tres años y normalmente la respuesta suele ser negativa. En 2019 solo el 2,8% de solicitantes de asilo fueron reconocidos como refugiados, siendo España el país con menos resoluciones aceptadas de toda la Unión Europea según Eurostat. Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), España otorga protección internacional al 5% de solicitudes de asilo, mientras que en el resto de la Unión Europea la tasa es mucho mayor. Del 30% en 2019 y aproximadamente del 27% en 2020.

Cuando un inmigrante pide refugio, y aplicando la convención de Ginebra, el Gobierno le proporciona una tarjeta roja que le permite acceder a un permiso de residencia y trabajo legal. El 30% de ellos no tienen recursos y piden cobijo en el plan estatal de acogida. El estado les aloja durante 18 meses a través de dos fases. En la primera, de seis meses, los solicitantes de asilo viven en un albergue. En la segunda acceden a ayudas económicas para alquilar o compartir un piso. Como las resoluciones tardan tanto en llegar, los solicitantes de asilo entran en la segunda fase sin tener aún su estatus reconocido. Pero en cuanto les deniegan el estatuto de refugiado o las ayudas ya tienen un sitio donde poder empezar de cero.

La nueva instrucción del Ministerio de Migraciones, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, dicta que a partir del 1 de abril solo podrán acceder a la segunda fase del plan de acogida aquellos solicitantes de asilo que tengan una resolución favorable. Hasta entonces, deberán permanecer en los albergues el tiempo que sea necesario "y según la disponibilidad presupuestaria", en palabras de la secretaria de Estado Hana Jalloul, que es quien firma la instrucción. "La finalidad de esta instrucción es que las personas permanezcan en plazas de acogida mientras sean solicitantes de asilo, hasta que se resuelva su solicitud (con un plazo máximo de dos años prorrogables en caso de vulnerabilidad)", añaden fuentes del Ministerio.

"Agilizar loas procedimientos de asilo cumpliendo los plazos que marca la ley y otorgar protección a quienes la necesitan nos parece esencial" expone la portavoz de ACNUR en España, Maria Jesús Vega. El problema está con las bajas tasas de denegación, y el futuro que les depara a los refugiados una vez tengan que salir del albergue. "Durante muchos años se han producido desfases muy grandes entre los tiempos de espera para las resoluciones de asilo y el tiempo que un solicitante puede permanecer en un recurso de acogida dejando a mucha personas en situación de precariedad sin saber si serán o no reconocidas como refugiados", añade Vega.

Una "sobrecarga" en servicios sociales

Quien sí vive con absoluta indignación esta nueva norma es la Conselleria d'Afers Socials de la Generalitat. "Dejan sin apoyo estas personas, seis meses después: el Estado deja los refugiados en la calle y además, sin papeles", se quejan fuentes de la 'consellería'. La Generalitat dice ser conocedora de casos de extrema vulnerabilidad, como personas con discapacidad o problemas de salud mental y pide al Estado que les concedan el permiso de residencia y trabajo por motivos humanitarios. Algo que de momento, solo se aplica con los refugiados venezolanos.

Estas mismas fuentes de la 'consellería' apuntan que la nueva normativa va a "sobrecargar" los servicios sociales de los municipios, que deberán atender los solicitantes de asilo que tengan que salir de los albergues en una situación de "extrema exclusión y vulnerabilidad". "Personas que tenían una cierta autonomía en la segunda fase, con un empleo y una vivienda, se verán abocados a la exclusión social y laboral", explican. Por ello el Govern exige por enésima vez que el Estado les transfiera las las competencias en la acogida de refugiados.

Encerrados en el albergue

En realidad, esta instrucción aún no ha sido publicada oficialmente. El Govern la ha podido leer porque se la han mostrado algunas entidades que gestiona plazas del plan de acogida de refugiados en Catalunya. Los trabajadores de estas oenegés explican que están aprovechando este marzo para derivar a toda pastilla a los solicitantes de asilo que ahora están en la primera fase de acogida. Los teléfonos sacan humos de llamadas a las inmobiliarias. "Si no les conseguimos un piso antes de abril se quedarán encerrados en el albergue hasta que acaben expulsados", explican a este diario.

Otro de los problemas que lamentan los educadores que atienden a estos inmigrantes es que esta nueva orden del ministerio puede colapsar aún más el sistema de acogida. "Hay una lista de espera de hasta un año para entrar en un albergue y hay personas que han llegado a dormir en la calle hasta que les asignan la plaza". En junio de 2019 el Gobierno tenía cerca de 11.000 plazas para la primera acogida. Son el doble de las que había hace tres años, pero aún insuficientes para cubrir las 30.000 que lo han pedido solo este. El ministerio niega que exista tal lista de espera y asegura que en estos momentos se asiste a todas las personas que no tienen recursos.

En el caso de Catalunya, el ayuntamiento de Barcelona lleva años alojando en pensiones a familias con menores acabadas de aterrizar en El Prat para evitar que los niños pernocten en el raso. "Si ahora nuestros usuarios se tienen que quedar en el albergue esperando la resolución del asilo para cambiar de fase no hará rotación, las camas no se vaciarán y el colapso será aún mayor", apuntan algunos trabajadores del sistema de acogida. También la Generalitat ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de plazas, y de hecho hace cinco años que implementó un programa con los municipios para atender los solicitantes de asilo que esperan una plaza de acogida o que ven denegada su solicitud de asilo. Este año esperan poder aumentar la aportación, que en 2020 fue de un millón de euros.