Refugiados a la intemperie de Barcelona por la falta de plazas de asilo

La guerra del Donbass atrapó a la familia Chupryn. Vivían en Makiivka, una ciudad de la región este de Ucrania, la zona que en el 2014 se independizó del resto del país para autoproclamar la República Popular de Donetsk, no reconocida internacionalmente. La escisión desencadenó un conflicto, más o menos explícito, del que Andrey y Elena decidieron que tenían que huir. Cogieron a sus dos hijos, Valeria y Artur, y volaron hasta Barcelona. Artur tiene solo 10 años y, aunque no dice nada mientras dura la entrevista con EL PERIÓDICO –que hace posible una traductora de ruso–, es el protagonista de esta historia triste que no tiene un mal final. 

Artur, o mejor dicho, su mirada inquieta incapaz de comprender la crudeza del exilio, venció cualquier distancia política que pudiera existir entre su familia ucraniana y la traductora de ruso que les atendió al llegar a Barcelona, la misma que ahora los acompaña en el encuentro con este diario. Tal vez rusos y ucranianos estén enfrentados en el trasfondo del conflicto del Donbass, pero para esta trabajadora eso no supuso un obstáculo para ablandarse cuando vio a esta familia y, sobre todo, a Artur. Los cuatro estaban durmiendo en un banco de una playa de Barcelona, abrazados y agarrados a sus maletas mientras aguardaban a que saliera el sol.

Cadena solidaria

Hace un mes, la familia de Artur emprendió la huida de Donetsk, pero en España se dio de bruces con unos servicios sociales colapsados. Como ellos, 10.979 personas han pedido asilo en la provincia de Barcelona hasta el 30 de noviembre, según consta en el registro del Ministerio del Interior. Un aumento que dobla la demanda del 2018 y triplica la de hace dos años. Pero según datos del Ministerio de Asuntos Sociales, en Barcelona solo hay 2.247 plazas para acoger a refugiados. "Lo que antes era un caso urgente, como presentarse con menores a cargo, ahora ya no lo es", reconocen fuentes policiales y de la misma Cruz Roja, que gestiona la primera acogida para los solicitantes más vulnerables del Gobierno central.  El problema es que la cifra de demandas ha crecido, pero el número de plazas para acogida no lo ha hecho, confirma la entidad. Ahora lo urgente ya no es cobijar a mujeres o a familias con hijos. Ahora lo es únicamente sufrir una enfermedad muy grave. Aunque, oficialmente, el ministerio dice que "no existe constancia que se estén quedando familias con menores en situación de calle".

Pero es lo que sucedió con la familia de Artur. Habían solicitado un techo en la Cruz Roja, pero la entidad les citó para el 30 de diciembre. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el último recurso municipal, les pudo cubrir tres días. Después, solo les quedó la playa. Hasta que la traductora rusa, que los conoció al asistirlos para presentar su solicitud de asilo, les sacó de la calle y comenzó a pagarles un apartamento turístico. "Es que me daba mucha pena el chico", admite la trabajadora. La cadena solidaria con esta familia no se detuvo en la traductora porque algunos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) también se rascaron el bolsillo para pagarles más noches a cubierto.

Colapso en toda España

La situación de colapso se vive en toda España. El sistema tiene 10.000 plazas para acoger a refugiados y cerca de la mitad están pensadas para la primera fase, tras la llegada. El primer semestre de este año, en total, el ministerio cobijó a 18.000 personas, las mismas que todas las del año pasado. Este 2019 se cierra con 30.000 personas atendidas, aunque las solicitudes superan las 100.000. "Estamos ampliando este sistema de acogida porque el número de solicitantes de asilo está creciendo exponencialmente ", explican desde el Ministerio de Asuntos Sociales. Este diciembre el Consejo de Ministros aprobó una inversión de 146,5 millones de euros para el plan de refugio, con una aportación extra de 25 millones procedentes de fondos europeos.

Con la familia de Artur, aflora de nuevo un problema que anda lejos de hallar solución. La avalancha de peticionarios de asilo, sobre todo procedentes de América del Sur (Venezuela, principalmente), ha hecho que el sistema de atención al refugiado sufra una "sobrecarga en toda España" en palabras del Ministerio de Seguridad Social. Particularmente, en Madrid y Barcelona. Existe un procedimiento de urgencia, para los casos más graves. Pero el caso de esta familia demuestra que ahora, incluso esta vía, está saturada. Las 1.300 plazas que gestiona la Cruz Roja para la primera atención a los refugiados no son suficientes. Y estas personas se convierten en ciudadanos sin hogar en una Barcelona de albergues sociales colapsados. 

Hasta no hace tanto, cuando una persona aterrizaba en España y afirmaba ser un ciudadano perseguido en su país de origen por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, se activaba el procedimiento para que lograra el estatus de refugiado. Mientras los funcionarios españoles dirimían si concederlo o no, las distintas entidades que acogen a los refugiados por orden del Estado le proporcionaban un techo y su situación de peticionario le permitía buscar un trabajo legalmente.

Ahora, según subrayan fuentes policiales, muchos de los llamados 'inmigrantes económicos' también han optado por solicitar petición de asilo porque es una forma eficaz de acabar logrando un permiso de residencia, dado que, mientras el Gobierno central lo estudia -puede tardar años en pronunciarse-, los peticionarios son inexpulsables y acumulan tiempo en suelo español que después les ayudará a regularizar su situación. La tendencia ha motivado que familias como las de Artur, que se ajustan más a la condición de refugiados, se queden al final de la cola. 

La historia de Artur

Hasta el 2014 Artur y su familia eran ucranianos. En la matriz del conflicto ucraniano del que huyeron, según explican ellos, había también una disputa entre partidarios de Rusia y de Europa. En los extremos más calientes de ambos sectores se erizaron por un lado los más prorrusos y, por el otro, nostálgicos de un héroe local alineado con Hitler -con el que simpatiza también Zozulya, el jugador del Albacete acusado de nazi-. Entre los dos polos más alterados, ciudadanos de una zona de Donetsk como los padres de Artur que no tenían nada que ver con unos ni con los otros.

Elena, la madre, perdió su trabajo de secretaria en un hospital cuando se negó a entregar su pasaporte ucraniano para hacerse el de la nueva república. Andrey, el padre, sí mantuvo su puesto, calentando hierro en una empresa metalúrgica estatal que cambió de manos y dejó de ser ucraniana para ser del nuevo Gobierno. Durante los últimos cinco años, han pasado por "bombardeos, disparos y toques de queda". "Los militares te encierran en los calabozos si te ven por la calle tres veces durante un toque de queda", afirman. Valeria, la hermana, había terminado el instituto cuando la guerra comenzó. Pudo cursar la carrera, de Medicina Deportiva, a través de cursos de distancia. Pero su título lo expide la República Popular de Donestk y no está reconocido y no puede ejercer fuera de esta región.

En febrero y en agosto, Andrey recibió sendas palizas por parte de los militares de la nueva república. Estas tropas están integradas sobre todo por voluntarios que reciben el apoyo –no confeso– de Rusia. Al ver los soldados prorrusos que en su pasaporte constaba que Andrey había nacido en una zona ucraniana alejada del territorio independiente, le golpearon.

El desencadenante

A Andrey no le hace ninguna gracia tener que explicar cómo le pegaron delante de Artur. Solo dice que lo sacaron del coche, lo tiraron al suelo y le dieron patadas. Ahí tomaron la decisión de huir. Lograron a través de una red irregular documentación ucraniana para los cuatro. Pagaron el equivalente a 1.300 euros, una suma que lograron empeñando los objetos de valor que les quedaban en casa. Las abuelas, las madres de Andrey y de Elena, se quedaron juntas en su antigua casa para cuidarse mutuamente. Solo al hablar de ellas, se encharca la mirada de Elena. 

En el aeropuerto de Kiev, escogieron un vuelo a Barcelona como podrían haberlo hecho a cualquier otro lugar. "Sabíamos que había buena gente aquí y el dinero que teníamos alcanzaba para Barcelona", razonan. La primera noche la pasaron en un hotel, les costó 85 euros. Ahí se terminó todo el dinero. No tienen ni tarjetas de crédito, ni papeles.

El Ayuntamiento de Barcelona, consultado por este diario acerca de la situación de la familia de Artur antes de publicar esta noticia, ha contactado con ellos y les ha ofrecido un techo. Artur volverá a clase, en alguna escuela de Barcelona, después de la Navidad.