Catalunya y Castilla y León preparan ya la acogida de los primeros menores derivados

Castilla y León será la primera comunidad autónoma en acoger a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. Esta región tutelará a 25 adolescentes y la Junta castellanoleonesa ya está identificando los inmuebles que podrían acoger a estos menores.

El próximo miércoles, el Gobierno de Canarias se reunirá con la Generalitat de Catalunya para cerrar el acuerdo en el que está prevista la derivación de 40 menores. El Ejecutivo regional espera que los traslados comiencen “lo antes posible” y apuntan que la gestión con Catalunya será más rápida porque esta comunidad, ya cuenta con recursos y plazas para la reubicación.

La Consejería de Derechos Sociales tiene previsto iniciar próximamente conversaciones con los gobiernos de Asturias y Navarra en aras de concertar un acuerdo similar al de Castilla y León. El Gobierno de España ayuda económicamente a las regiones que se hacen cargo de la tutela de estos jóvenes, sin embargo, es Canarias la que se hace cargo de abonar los gastos ocasionados por su traslado.

El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, está pendiente de que su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, responda a la petición de solidaridad territorial ante la crisis migratoria que sufre el Archipiélago. “Sigo esperando que Madrid responda, ya que no tiene ninguna presión respecto a la inmigración irregular como lo tienen otras comunidades autónomas y, especialmente nosotros, que somos los que más la tenemos, no solamente de España, sino probablemente de toda Europa”, observó Torres.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno autonómico, Noemí Santana, alertó ayer de que la situación de los menores migrantes en acogida en Canarias está desbordada, al pasar de poco más de 500 en agosto de 2019 a más de 2.700 a raíz de la crisis migratoria. “Necesitamos un reparto solidario y que llegue cuanto antes. No es cuestión de competencias, es cuestión de soluciones”, afirmó Santana. Quien también apuntó que al problema de los menores se suma el de los adultos, a quienes “no se les permite” seguir su viaje ni a Europa ni a la Península, donde tienen familiares o conocidos.

Más de 2.500 jóvenes

El Gobierno canario tiene bajo su custodia a 2.652 jóvenes de los que 2.016 están a la espera desde hace meses de las pruebas óseas que permiten comprobar su edad. El atasco se registra principalmente en la provincia de Las Palmas, con 1.575 verificaciones pendientes, mientras que en Santa Cruz de Tenerife hay 395. Ese colapso ha llevado a que la Fiscalía de Las Palmas haya autorizado que las pruebas de determinación de edad a menores migrantes se realicen también en clínicas privadas. El Gobierno de Canarias negocia ahora con la sanidad privada las condiciones para llevar a cabo las radiografías de muñeca necesarias para cotejar cuántos años tienen los migrantes. Debido a la pandemia, las ejecución de las pruebas se han ralentizado porque los centros de referencia –el Hospital Insular en Gran Canaria y La Candelaria en Tenerife– están saturados.

La Consejería de Derechos Sociales calcula que puede haber hasta 600 personas que ya han sobrepasado los 18 años conviviendo con los menores de edad. Si bien, también puede existir el caso contrario, por el que algún menor se ha podido derivar a las instalaciones destinadas a adultos.