Escándalo político

La abogada española que puso en jaque al primer ministro de Países Bajos

 

La abogada Eva González

La abogada Eva González / Efe

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Imane Rachidi (Efe)

Eva González Pérez, abogada española que ejerce desde hace dos décadas en Países Bajos, destapó el mayor escándalo político y administrativo de la década de Gobierno de Mark Rutte: la ilegalidad institucional en la aprobación de ayudas a 26.000 padres, en su mayoría de origen extranjero, para los cuidados de sus hijos. El escándalo estalló en el Parlamento y en la prensa nacional gracias a la perseverancia de esta letrada, nacida en Cáceres en 1973, que pasó años sin tirar la toalla, haciendo llamadas de teléfono, enviando correos y visitando a funcionarios de la agencia tributaria para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda y necesitaban las ayudas. El caso ha provocado este viernes la dimisión en bloque del Ejecutivo-

Decenas de miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones infundadas de fraude en la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos y fueron obligados a devolver cantidades ingentes de dinero, a veces de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo.

Las deudas rompieron familias e hicieron a otras trabajar día y noche para reunir el dinero recibido durante años. Muchos siguen sufriendo problemas personales y psicológicos a causa del daño económico sufrido, algo que el gobierno neerlandés quiere compensar ahora con una indemnización de 30.000 euros que evite la dimisión del Ejecutivo en bloque. «Ese dinero lo ofrecen porque en realidad no saben por dónde empezar, esto es como un volcán que ha estallado de repente. Llevo veinte años ejerciendo esta profesión y nunca había visto algo así», admite, en conversación telefónica con Efe, desde su despacho en Eindhoven.

Ni siquiera empezó su caso alegando discriminación, sino errores de procedimiento e ilegalidades, el fondo de la cuestión, que dejaron «a toda esa gente sin poder pagar sus facturas», mientras trataban de solucionar el problema con Hacienda. El caso llegó a sus manos por obra del destino. Su marido, que dirigía en 2014 una agencia de niñeras, no sabía cómo ayudar a sus clientes, los padres que requerían sus servicios para el cuidado de sus hijos, y recurrió a ella.

Confiada en que el «sistema funciona», les dijo que mandaran la documentación que la agencia tributaria les reclama para demostrar que no hubo fraude y «segura de que todo se arreglaría, desbloquearían las ayudas y podrían seguir con su vida», pero algo empezó a «olerle mal» cuando Hacienda se mantenía firme y exigía reembolsar asignaciones recibidas. «A mis clientes los bloquearon y no les daban ninguna explicación. Enviaron contratos de trabajo, pagos... Todo lo tenían bien, pero los funcionarios no desbloqueaban las ayudas, y les pedían esperar tres semanas más, después meses, hasta que les volvían a comunicar que no tenían derecho a recibir nada», rememora.

La opción que les daban era «apelar», pero «sin recibir un duro» mientras, por lo que no podían pagar las guarderías. «Entonces dejé de lado todo y me centré en este lío, fuimos a los tribunales y ganamos», añade. Mientras, «llamaba a los defensores del Pueblo, del Menor, y la Agencia de Protección de Datos», que tildó el método de trabajo de Hacienda como «ilegal y discriminatorio» porque, junto a cada caso, los funcionarios apuntaron la nacionalidad de origen de las víctimas.

Hija de emigrantes

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El padre de Eva González llegó al país como trabajador migrante en los setenta y ella, con dos años, se sumó junto a su madre después, por lo que compartió años con sus abuelos en Cáceres. Aún mantiene intacto su castellano, que a veces combina con terminología legal en neerlandés para explicar el caso. Sus padres tuvieron que echar más de 40 horas semanales para salir adelante. González terminó Derecho en la Universidad de Utrecht en el 2000.

Ahora, tras poner en jaque la discriminación institucional de Países Bajos, tiene respuestas y disculpas de algunas autoridades neerlandesas: han cometido errores, ocultado datos, tratado de frustrar investigaciones y han elaborado un perfil étnico de sus víctimas. Como consecuencia del escándalo, dimitió Lodewijk Asscher, líder socialdemócrata y ministro de Asuntos Sociales entre 2012 y 2017. Hoy lo ha hecho Mark Rutte y su equipo de gobierno.