El coronavirus destapa la pobreza más invisible

"¿Que qué tengo en la nevera? Nada, nada, un par de patatas y poco más... No me hagas esta pregunta, que me desmorono", responde Josefa, una mujer separada con dos hijos a su cargo a la que la crisis del coronavirus la ha pillado viviendo en casa de su hermano, pescador y ahora también sin ingresos. Por primera vez en su vida se ha planteado ir a pedir ayuda al Banco de Alimentos, pero no lo puede hacer, ya que no está empadronada. En casos como el suyo, son las entidades sociales y las plataformas vecinales las que están ayudando a llenar la cesta de la compra. Varias asociaciones alertan de que están emergiendo nuevos perfiles de personas que vivían de la economía sumergida y ahora se han quedado sin dinero. "Estamos viendo la punta del iceberg de lo que vendrá", alerta Jordi Gusi, gerente de la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). De momento, Cáritas ya ha registrado un 50% más de peticiones para alimentarse de lo que es habitual, y un 22% más para pagar el alquiler. 

Josefa vive ahora en el humilde barrio de Sant Roc, en Badalona. Ha tenido problemas para conseguir la tan ansiada tarjeta monedero para que sus hijos puedan acceder a la comida que antes les brindaba el comedor escolar. "La dirección estaba mal, no me localizaron", explica. Pero el dinero de la beca tampoco bastará para cubrir sus necesidades. Al fin, quien le está ayudando a llenar la despensa es la plataforma vecinal Sant Roc Som Badalona. Igual que a Bacan Jenita, una mujer rumana que después de dejar la protitución mantiene sola a sus tres hijos recolectando y vendiendo chatarra desde hace al menos diez años. "La policía no nos deja salir, nos hemos quedado sin nada", relata. Hace ya tres meses que pidió la renta garantizada de ciudadanía, una ayuda social que le permitiría algún ingreso, pero lleva meses sin tener ninguna respuesta. "Suerte que la plataforma nos ha dado dinero para poder hacer la compra; si no, no sé como hubiésemos comido", cuenta. 

Perfiles variados para un mismo problema

El portavoz de la entidad, Carles Sagués, explica que en la ciudad tienen un importante problema: "Hay cientos de familias que iban trampeando con la economía sumergida y que ahora se han quedado sin nada, y están teniendo graves problemas para acceder al banco de alimentos". Son las personas que venden en los mercados ambulantes, que acumulan chatarra u otros residuos para revenderlos, las cuidadoras que no cotizan, las mujeres sin papeles que trabajan, "prostitutas o incluso personas que viven del hurto a los turistas", exponen fuentes del ayuntamiento de Barcelona. El perfil es muy variado, pero el problema, el mismo. "Son gente que iba tirando y vivía al día, y por primera vez se ha visto pidiendo ayuda para poder comer", añaden.

Y es que, en estos casos, las familias deben acudir a los servicios sociales para que les acrediten como 'vulnerables' y así, poder acceder a las ayudas del banco de alimentos. "Nos encontramos con que los papeles que hacen los servicios sociales no son los que requiere el banco de alimentos, y cuando las familias cruzan toda Badalona para llegar hasta allí, les dicen que no les aceptan", expone Sagués. Hay que añadir, además, el "colapso" en el que están trabajando los Servicios Sociales Municipales debido al aumento de las necesidades en la población. Un "colapso", el de la ciudad de Badalona, que también confirma la responsable de Servicios Sociales del Col·legi de Treball Social de Catalunya, Mercè Civit, pero que fuentes del consistorio niegan. "Atendemos a toda la población aunque que no estén empadronados, si viven en Badalona i lo necesitan, nos coordinamos con las entidades sociales con 563 tiquets para comprar en mercados municipales y estamos dando un apoyo extra al banco de alimentos con un nuevo punto de distribición la semana que viene, estamos haciendo un gran esfuerzo para paliar la crisis del Covid19", apuntan des de el ayuntamiento. 

Desde Girona hasta Tortosa

Pero este no es el único ayuntamiento saturado ante la ingente necesidad social. "Constatamos que está pasando en casi todos los municipios", apunta Salvador Busquets, director de Cáritas en la diócesis de Barcelona, que incluye Barcelona, Badalona, Cornellà, L'Hospitalet y el Maresme. En esta región, la entidad tiene un número telefónico para que las personas necesitadas puedan pedir ayuda. "Las ayudas de alimentación han crecido un 50% y las demanadas para poder pagar la vivienda, un 22%", expone Busquets. A diario, los responsables de Cáritas se reúnen y constatan lo mismo: "Hay cientos de familias que se están quedando fuera de las ayudas de los servicios municipales y acuden a las entidades sociales para pedir socorro", expone. Una situación que se repite desde Girona hasta Tortosa. En la capital de les Terres de l'Ebre, el ayuntamiento pidió ayuda a Cáritas para alojar una persona que fue expulsada de la habitación donde residía. 

"Hay muchos municipios donde los ayuntamientos no dan abasto y son las entidades las que están dando respuesta a estas nuevas necesidades que están emergiendo", corrobora también el gestor de ECAS. Son, precisamente estas familias, las de la economía sumergida, las que preocupan. Porque nadie sabe con certeza cuántas son, ni cuanto tiempo podrán aguantar sin ingresos. "Estamos hablando de personas que viven con hijos, hacinados, en habitaciones de realquiler, y que viven al día", detalla Gusi, aunque augura que en pocos meses las necesidades serán "mucho mayores". 

Un padrón insuficiente

Uno de los problemas por los que estas familias no tienen ningun apoyo por parte de los servicios sociales es porque son invisibles. Hace ya meses que las entidades sociales alertan de que los ayuntamientos metropolitanos no están empadronando las personas que viven realquiladas, sin ningun contrato de alquiler a su nombre. Al no estar empadronados, pues, no pueden ni acceder a los Servicios Municipales a pedir el papel para los servicios sociales. "Claro, solo quedamos las entidades sociales para dar respuesta. Ya avisamos de que el padrón era más que necesario, y hoy lo estamos comprobando", señala Busquets.

Otra gran dificultad que azota a los hogares es la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la principal ayuda social de la Generalitat que otorga de 664 a 1.208 euros al mes, en función de los miembros de cada hogar vulnerable. Son al menos cuatro meses los que el Govern puede tardar en responder las solicitudes de estas familias que se han visto sin nada de un día para otro. Pero es muy posible que se queden fuera de ella. Tres años después de aprobarse, sigue sin tener un reglamento propio y sigue penalizando a las personas que realquilan vivienda, han tenido algún ingreso en los meses posteriores o no tienen permiso de residencia legal en España.