Las entidades insisten en la necesidad de ampliar la moratoria a los alquileres

El portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera, no quiere ser triunfalista, aunque señala que hace 48 horas la moratoria hipotecaria "ni siquiera estaba encima de la mesa del Consejo de Ministros". "Las medidas presentadas este martes suponen un primer paso importante, ha empezado a caer la ortodoxia liberal, pero queda mucho por hacer. Hay mucha gente viviendo una situación de angustia muy grande", reflexiona el miembro del grupo impulsor de la campaña por un Plan de Choque Social que en pocos días y, dadas las circunstancias, únicamente por teléfono y redes sociales, ha reunido cientos de adhesiones de organizaciones de todo tipo -desde sindicatos laborales a grupos ecologistas- por toda España.

Pese a celebrar ese primer paso, insisten en que queda mucho. "Esto es solo una parte de todo lo que hay que de hacer para evitar dejar a la población caer en una crisis peor que la de 2008. A partir de abril habrá muchos trabajadores que no podrán pagar el alquiler. Y no solo alquileres de viviendas, también alquileres de pequeños locales", añade.

A ojos de Palomera, "no tiene sentido paralizar la economía productiva, pero que la economía rentista siga generando ingresos a toda máquina". Desde los sindicatos de inquilinos han abierto una cuenta de correo (covid19alquiler@gmail.com) para recoger casos y gestionar una respuesta colectiva entre todas las personas que tengan dificultades para pagar el alquiler debido a las consecuencias de un confinamiento que todavía nadie tiene claro cuánto se va a alargar. "Para las familias que viven de alquiler, este supone una carga mucho mayor que para las que pagan hipotecas. No tienen ningún sentido plantear una moratoria para unos y dejar desamparados a los otros", apunta el activista por el derecho a la vivienda.

Los impulsores de la campaña por un Plan de Choque Social juzgan imprescindible desplegar el resto de las medidas planteadas por las entidades sociales: por un lado, la suspensión del pago del alquiler a las personas que se queden sin ingresos y, por el otro, frenar el alud de despidos. "Deberían tomar medidas a la italiana, donde se han prohibido los ERTEs, nos encontramos a que muchas empresas que tenían beneficios aprovechan esta crisis para hacer recortes", concluye Palomera.

Más allá de la prohibición

Desde la Alianza contra la Pobreza Energética también consideran que las medidas presentadas ayer con llegan a la raíz del problema. Consideran que la prohibición del corte de suministros de electricidad, gas y agua a consumidores vulnerables se queda corta. "En un escenario de alarma como el actual, las familias vulnerables, principales afectadas por el confinamiento, no pueden acumular más deuda. ¿Cuándo pase todo qué pasará con ellas?", reflexionan. Desde la plataforma ciudadana reclaman la gratuidad del servicio durante el estado de alarma a las familias vulnerables y a profesionales afectados económicamente por el encierro y asumida por las propias compañías. "Ante una crisis sin precedentes exigimos nuestros derechos y ponemos a la ciudadanía por delante de las empresas", reivindican.