Un colegio religioso del Eixample, primer concertado que pasa a la red pública

La escuela Immaculada Concepció de Barcelona, situada en el distrito del Eixample, será el primer centro escolar concertado en activo que pasará a formar parte de la red pública de educación. El colegio, que hasta ahora, y desde 1879, estaba gestionado por la orden religiosa de las misioneras de la Immaculada Concepció, es el primero en beneficiarse del decreto aprobado por el Parlament a finales de junio que permite precisamente este cambio de titularidad. Ya era posible antes, pero los trámites eran mucho más complicados. La medida afectará de entrada a 450 alumnos, pero en unos años se prevé que la cartera de matriculaciones públicas que ofrecerá el edificio sea de 750 plazas.   

El 'conseller' Josep Bargalló y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han visitado este jueves la escuela en compañía de sus todavía gestores y se han mostrado visiblemente satisfechos con la incorporación. Ya en su momento se señaló que sobre todo se trataría de centros de órdenes religiosas que cierran por falta de plantilla o cooperativas que bajan la persiana por jubilación de sus miembros. También habrá colegios gestionados por ayuntamientos, como es el caso de la escuela de educación especial Virolai de Cornellà de Llobregat. En el presente curso ya se sumó a la red pública el instituto Arts, otrota escuela concertada Sant Vicenç de Paul, pero en ese caso, la actividad ya había cesado antes del cambio de titularidad. 

Alquiler asequible

Núria Dausà, portavoz de la orden religiosa ha explicado que la escuela acumula ocho años de caída ininterrumpida de matrículas, lo que ha obligado a ir cerrando líneas y a despedir a 12 docentes en los últimos nueve años. "Nos planteamos la opción de cambiar la titularidad en cuanto supimos del decreto porque en los últimos años la oferta de la concertada en el Eixample se ha multiplicado", ha resumido. Los números empezaban a poner en riesgo la continuidad del centro.  Lo que no se traspasará, ha señalado, es la propiedad del edificio, que seguirá en manos de las religiosas, que lo alquilan al Govern por un plazo de 15 años. "Se han portado bien", ha bromeado Bargalló, en referencia al precio de la renta. Está prevista una inversión de dos millones de euros para realizar mejoras en la finca. Entre otras cosas, está previsto el derribo de la capilla, que pasará a ser un gimnasio. 

El 'conseller' ha explicado que han recibido otras 32 peticiones de escuelas municipales, privadas o concertadas (la mitad de ellas, en Barcelona) que solicitan su incorporación al sistema público controlado por Educació. Una veintena cumplen con los requisitos y ya se está negociando. Bargalló ha remarcado que esta decisión no viene forzada en ningún caso por la 'conselleria', puesto que son siempre las escuelas "las que dan el primer paso". Se trata, ha concretado, de dar respuesta a la demanda creciente de plazas públicas que también se ha hecho evidente en los últimos años en el Eixample. Y en todas partes, pues este año, por primera vez, han sido más los que han marcado la casilla de la pública que los que han apostado por la concertada. 

Los 35 profesores del colegio mantendrán la plaza y se ficharán otros seis para una nueva línea de P3 que echará a andar en septiembre. Todos los maestros mantendrán la plaza hasta su jubilación a pesar de no ser funcionarios. Los padres, ha explicado Dausà, han recibido la propuesta con buenos ojos, y no solo porque les bajará la cuota mensual, sino porque el equipo docente seguirá con sus hijos. Lo que sí perderá el colegio es el nombre: pasará a ser el instituto escuela Eixample hasta que el consejo escolar decida una denominación definitiva. Bargalló también ha avanzado que el proyecto pedagógico dejará de lado el ideario cristiano y, como el resto de centros públicos, pasará a ser aconfesional.

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Decreto de admisiones

El 'conseller' se ha puesto serio al ser preguntado por el decreto de admisiones que está en fase de alegaciones. Ha recordado que esta medida responde al pacto contra la segregación escolar impulsado por el Síndic en marzo del año pasado y firmado por la mayoría de instituciones catalanas, y ha asegurado que su obligación es cumplir con los documentos que elaboraron las comisiones de aquel acuerdo que fue secundado por las patronales de la escuela concertada. Muchos padres de estos centros han recibido cartas de la dirección pidiendo apoyo contra el decreto. Bargalló ha defendido el proceso negociador de cualquier periodo de alegaciones, pero también ha señalado que tanto ruido quizás no sea gratuito: "Estamos en periodo preelectoral".