Norma para regular el sector inmobiliario

El Parlament aprueba el decreto que pretende reducir los desahucios

La ley obliga a grandes propietarios a facilitar un alquiler social al que lleve seis meses ocupando su piso

Momento del primer desahucio frustrado, el 10 de octubre.

Momento del primer desahucio frustrado, el 10 de octubre. / ANGEL GARCIA

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El Periódico

El decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que obliga a los grandes propietarios de pisos a facilitar un alquiler social a quien lleve más de medio año en su propiedad sin pagar y acredite necesidad, ya es una realidad. El pleno del Parlament lo ha aprobado este miércoles con los votos de JxCat, ERC, Comuns y la CUP; la abstención de PSC-Units, y el rechazo de Cs y PPC.

La ley, que aspira a reducir los desahucios, sale adelante un año después de que el Govern aprobara otra similar que no llegó a presentarse a la cámara catalana por carecer de los suficientes apoyos y por la convocatoria de elecciones. Ahora, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que dirige Damià Calvet, sí lo había consensuado con ERC, Comuns y la CUP, así como con entidades sociales defensoras del derecho a la vivienda, antes de aprobar el mes pasado en Consell Executiu su presentación al Parlament.

Alquiler social obligatorio

La norma incluye el alquiler social obligatorio, con una duración de hasta siete años, para personas vulnerables a las que se les acabe el contrato de alquiler, estén afectadas por procesos de desahucios o lleven más de seis meses ocupando una vivienda en el momento de entrada en vigor del decreto, lo que afecta a las ocupaciones actuales, no a las futuras.

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También incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 pisos, lo que permitirá a la Generalitat expropiarles, como a empresas o fondos de inversión, los pisos que estén más de dos años vacíos por la mitad de su valor. Además, solares destinados a equipamientos podrán ser destinados a alojamientos temporales para familias en situación de emergencia.

Lluís Marsà,  presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), ha mostrado su rechazo al nuevo decreto al considerar que "dificultará mucho las nuevas promociones, y a medio plazo puede frenar la oferta y tensionar los precios del alquiler" y lamenta que "se legalice la ocupacióon" en determinados supuestos.