28 mar 2020

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conflicto político en las escuelas

37 entidades murcianas firman contra la censura parental de Vox

El manifiesto muestra el más "absoluto rechazo" de la comunidad educativa a la medida

Los docentes denuncian, además, que la medida implica la segregación de los alumnos

Belén Pardo

Dos niños corren a la entrada del colegio en Barcelona.

Dos niños corren a la entrada del colegio en Barcelona. / JOAN CORTADELLAS

La inclusión de la censura parental como condición de Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de la Región de Murcia ha suscitado quejas en los sectores implicados y ha provocado que 37 colectivos de la comunidad, entre partidos políticos, sindicatos, asociaciones de padres y madres de alumnos, colectivos LGTBI y plataformas sociales  firmen un manifiesto en el que muestran su "absoluto rechazo" al también conocido como 'pin' parental implantado desde principio de curso en las escuelas y que han suscrito PP, Cs y Vox.

En el texto los firmantes, entre ellos PSOEPodemosIU Más Región, así como la Federación Regional de ampas Juan González, los colectivos LGTBI No Te Prives y Galactyco y los sindicatos UGTCCOO STERM, exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y Cultura, en la que se pide la autorización expresa de los progenitores para que sus hijos puedan asistir a las charlas complementarias, incluidas en el currículo escolar y que son evaluables y obligatorias. 

Todos ellos consideran un "grave error esta imposición porque posibilita el veto en los centros educativos a formación fundamental para el desarrollo de los niños, desautoriza y deslegitima al profesorado, vulnera los derechos del alumnado" y "pone en peligro la convivencia social".

Los colectivos advierten que esta medida privaría al alumno de asistir a las charlas de formación sobre LGTBIfobia, prevención de la violencia de género, ludopatía, drogas, enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la alimentación, 'bullying', ciberacoso y prevención de embarazos no deseados, entre otras materias. Según los 37 colectivos y partidos que han suscrito el manifiesto, su implantación "contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y contradice el derecho fundamental y constitucional de los alumnos a recibir una formación integral basada en los principios y valores democráticos".

Añaden que las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y son obligatorias y evaluables, por lo que contra ellas no existe objeción de conciencia. 

¿Y qué dicen los maestros?

Este tema también ha indignado a docentes y directores de centros educativos porque supone una injerencia en su labor profesional. y cuestionan su legalidad, ya que los decretos que establecen los currículos de primaria y secundaria consideran esas actividades complementarias, como charlas, talleres y visitas, evaluables y obligatorias, dado que complementan la formación en el aula y es básica para la formación de los alumnos. A pesar del rechazo y de los recursos presentados por docentes y sindicatos, la instrucción no ha dejado de aplicarse. 

Según los colectivos de directores de enseñanza la nueva norma, es una incongruencia, supone aumentar la burocracia, y marginar a los alumnos no autorizados y que tienen que permanecer con un profesor de guardia.

Entre los padres, las posiciones están divididas: mientras los de la escuela pública rechazan el consentimiento informado, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) defiende su «derecho a estar informados sobre las charlas a las que asisten nuestros hijos

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