09 ago 2020

Ir a contenido

conflicto político

El PP acepta la censura parental que propone Vox en los colegios públicos

Murcia recibirá un requerimiento del Gobierno para retirarla, ya que vulnera el derecho a una educación integral

Pilar Santos

Pablo Casado.

Pablo Casado. / DAVID CASTRO

El PP de Pablo Casado ha asumido la iniciativa de Vox de permitir la censura parental en los colegios públicos en las comunidades en las que gobierna, una medida que el Ejecutivo central ya ha anunciado que va a tratar de frenar.  La propuesta del partido de Santiago Abascal prevé que los padres tengan derecho a vetar actividades complementarias impartidas en horario escolar. Por ejemplo, con esa medida se pueden negar a que sus hijos reciban charlas o acudan a talleres sobre educación sexual o diversidad LGTBI. Según fuentes de la dirección de los populares, Casado ha dado carta blanca a las autonomías en las que gobierna para que la apliquen si es necesario con tal de sacar adelante los presupuestos regionales. 

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió públicamente ayer la idea de la formación de ultraderecha, porque es "normal garantizar la libertad de los padres", argumentó.  "Son los padres y no Pedro Sánchez quienes tienen que decidir a qué actividades van los hijos de cada uno", sentenció. El número dos de los populares considera que la Moncloa ha lanzado una campaña contra la medida, ya aplicada en Murcia, para tapar el escándalo desatado por la elección de Dolores Delgado como fiscal general.

Desde inicio de curso

Vox introdujo lo que ellos mismos autodenominan pin parental el pasado verano en las negociaciones que mantuvo con el PP y Ciudadanos a cambio de apoyar las investiduras de los candidatos populares en las autonomías de Murcia, Andalucía y Madrid. Y están reclamándolo de nuevo cuando se ponen sobre la mesa los presupuestos. En la región murciana se está aplicando la censura ya desde inicio de curso, pero en las otras dos todavía no. 

En el caso de Madrid, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha subrayado que es condición indispensable si los populares y los naranjas quieren su apoyo a los presupuestos autonómicos. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido estos meses atrás. "No puede ser que se rompa algo tan importante como el vínculo entre profesor y alumno porque una mamá de Vox o de Podemos decidan los contenidos que están dando los profesores", afirmó Ayuso en noviembre.

Ahora, en la propia dirección de su partido creen que la presidenta de la Comunidad puede acabar reculando "si  Monasterio aprieta". "Pero a lo mejor, al final, Vox presiona más por el tema de la bajada de impuestos. Tendrán que negociarlo", comentan en el equipo de Casado, dando libertad a sus barones autonómicos a ceder en la censura en la escuela pública.

En Andalucía, la ultraderecha ya apoyó los presupuestos del 2020, pero ese partido está a la espera de que se aplique su medida en los colegios, informa Julia Camacho. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ya ha empezado a preparar el camino y ayer dijo que la medida, de entrada, "no está mal y es una buena noticia". Y añadió que cualquier actuación respetará las leyes autonómicas y estatales.

La 'censura parental' es una medida promovida por Vox que la formación ultra ha exigido tanto en Murcia como en Andalucía para apoyar los presupuestos de ambas comunidades.

Recurso a la justicia

El Gobierno, por su parte, anunció ayer que ya ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para que "se restablezca la legalidad" y se retire la censura parental de las instrucciones dadas a comienzo de curso. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, expresaron que el requerimiento a la comunidad autónoma de Murcia tiene como objetivo que se retire la norma. Si esto no llega a producirse, el Ejecutivo recurrirá "cualquier intento de PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral", tal como ya anunció el departamento de Educación el pasado jueves, argumentando que las actividades complementarias las determina el centro docente y son de obligado cumplimiento.

"Forman parte de ese derecho fundamental de la persona de ser educada", dijo Celaá para añadir: "No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres, es interés del menor (ese derecho a ser educado), lo contrario equivaldría a pensar que los menores por serlo no tienen derechos fundamentales, lo cual sería absurdo e ilegal". La ministra de Educación aclaró que el pin parental "pretende que los padres reciban información precisa y anticipada de las actividades que se van a realizar para que expresen su consentimiento explícito". "No estamos hablando de actividades voluntarias, sino de actividades complementarias que son currículo básico para infantil, primaria y secundaria". 

El jueves, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anuciaba que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como la 'censura parental', según la ministra Celaá.

Cs niega que haya pactado la 'censura parental'

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha negado que Ciudadanos haya pactado en Murcia o en cualquier otra comunidad donde gobierna con el PP, con el apoyo externo de Vox, la llamada 'censura parental'. Bal ha sido categórico al afirmar que "no va a haber una autorización especial ni nueva de los padres" para que sus hijos participen de cursos o charlas complementarias, incluidas en el currículo escolar y que son evaluables y obligatorias.

"Siempre hemos votado en contra cuando se ha planteado. Es un mensaje erróneo porque no aceptamos ese concepto", ha asegurado Bal. En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente naranja ha explicado que el acuerdo al que han llegado en Murcia con Vox o en Andalucía es que en materia de enseñanza se deberán cumplir "los principios constitucionales con respecto a la educación y los derechos de los niños y de los padres" y también lo que recoge la legislación nacional y autonómica.

En este contexto, ha criticado al Gobierno por anunciar que recurrirá estos acuerdos que aplican la ley y "que ni siquiera sabe cómo se van a implementar" y, en cambio, no garantiza en Catalunya el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano. "¿Ha puesto en marcha la señora Celaá algún mecanismo para garantizar ese derecho? No, claro, porque eso enfadaría mucho a sus socios de gobierno. Llama mucho la atención esa hipocresía", ha recalcado.