Victoria Rosell, nueva delegada del Gobierno para la violencia machista

De jueza a jueza. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género pasará de estar encabezada por Pilar Llop, exjueza con amplios conocimientos en la materia, que en la actualidad ha sido elegida por Pedro Sánchez para presidir el Senado, a Victoria Rosell, la magistrada más conocida de Unidas Podemos, debido a su enfrentamiento con el exministro del PP José Manuel Soria, que la acusó de prevaricación, cohecho y retardo mailicioso de un proceso penal en una querella que posteriormente fue archivada. Rosell desempeñará uno de los puestos claves del Ministerio de Igualdad, que estará encabezado por la podemista Irene Montero.

La carrera judicial de Rosell, que estudió derecho en la Universidad de Valladolid, ha estado ligada a Canarias, donde ejerció desde 1996 como jueza y magistrada. En 2015 fue elegida cabeza de lista de Podemos en las islas, por lo que Soria, que por aquel entonces era líder regional del PP y también ministro de Industria, era uno de sus rivales políticos. El popular, que después se vio obligado a dimitir por su relación con los ‘papeles de Panamá’, presentó una querella contra ella por prevaricación, cohecho y retardo malicioso en uno de los procedimientos que instruyó. La causa fue después archivada, pero obligó a Rosell abandonar la política durante un tiempo.

Símbolo en Podemos

Una vez exonerada, regresó a la esfera pública en 2019, como símbolo interno en Podemos de que se puede vencer las llamadas cloacas del Estado, ya que el juez que comenzó la investigación contra ella, Salvador Alba, es el que fue finalmente condenado por conspirar contra ella. Rosell encabezó las listas de la formación morada para las elecciones generales en Canarias y en la actualidad es diputada.

En su nuevo puesto, deberá poner en marcha el paralizado pacto de Estado contra la violencia machista, que incluye cambios legales y más de 200 medidas, en un escenario en el que se ha producido un repunte de las víctimas mortales, con 55 asesinadas en el 2019, cuatro más que el año anterior. Curiosamente Podemos no votó a favor del pacto –que tampoco rubricó Vox porque no tenía representación parlamentaria- porque consideraba que se quedaba corto, pero después ha sido uno de sus máximos defensores, así como de la necesidad de reformar los delitos sexuales para blindar que ‘solo sí es sí’, en referencia al necesario consentimiento de la víctima. Según Pablo Iglesias, futuro vicepresidente de Derechos Sociales, este cambio es uno de los más urgentes que debe acometer el Gobierno.

Plan de reparación a las víctimas

Asimismo, la formación morada ha logrado que se incluya en el acuerdo programático la puesta en marcha de un plan de compensación, reparación y recuperación de la autonomía de las mujeres que padecen esta violencia, si bien no se precisa si serán ayudas finalistas o cómo se articulará el mismo, teniendo en cuenta que la dependencia económica de sus parejas es uno de los motivos que retraen a muchas víctimas de denunciar su situación. En el 2019, de las 55 asesinadas sólo 11 (el 20%) habían interpuesto denuncia.