El Gobierno de coalición se compromete a permitir a las jóvenes abortar sin permiso paterno

La madre del bebé que murió tras ser arrojado al río Besòs, el pasado 24 de septiembre, pidió ayuda para abortar en un servicio municipal pero se encontró con un muro: tenía 16 años y, por tanto, necesitaba del permiso de sus padres para interrumpir voluntariamente su embarazo, según informó el miércoles EL PERIÓDICO. Su dramática historia pone de manifiesto que muchas jóvenes, ya sea porque tienen mala relación con sus padres, son víctimas de malos tratos en sus hogares, o viven lejos de sus progenitores, no pueden recabar este consentimiento y se sienten abocadas a realizar abortos clandestinos e inseguros o dar a luz en contra de su voluntad y quizá con riesgo para su salud y la del bebé.

Ante ello, el acuerdo de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dado a conocer el pasado 30 de diciembre, señala que se permitirá abortar a las chicas de 16 y 17 años sin permiso paterno, tal como ya consentía la llamada ley de plazos, aprobada en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El documento no es demasiado explícito pero afirma que se “favorecerá el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, en el sistema nacional de salud, en el marco de la ley de salud sexual y reproductiva de 2010”.

Dicha norma permitía a las chicas de 16 y 17 decidir libremente sobre su maternidad. Tan solo fijaba como obligatorio que informaran a sus progenitores de su decisión, salvo que alegasen un grave conflicto familiar, una excepción a la que se acogían en torno al 10% de las jóvenes, según datos de las clínicas acreditadas para la realización de aborto ACAI. Fue el PP el que derogó este artículo e hizo obligatorio el consentimiento en el año 2015. Es único aspecto de la llamada ‘contrarreforma de Gallardón’ que salió adelante, en contra de toda la oposición y sin el apoyo de varios parlamentarios populares que consideraban que el cambio se quedaba corto.

La moción de Podemos

Desde entonces, la disposición ha estado en vigor, pese a que en octubre del 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa gracias a la moción de censura, el Congreso aprobó una iniciativa, impulsada por Unidos Podemos, que instaba al Ejecutivo a iniciar los trámites para derogar la reforma del PP, que restringía las posibilidades de las jóvenes. El PSOE apoyó la proposición, pero durante los escasos meses de Gobierno en plenas facultades no la llevó a la práctica.

Si bien, en su programa electoral, cara a las elecciones de abril del 2019, se comprometía a “preservar la protección y el derecho a decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años”. También Podemos incluyó esta promesa en su programa, por lo que es previsible que nuevo el Ejecutivo, antes o después, lleve el cambio legal al Consejo de Ministros. Y también es posible que la vuelta atrás legislativa salga adelante, puesto que el PP aprobó la necesidad del permiso paternal en solitario y en contra del criterio de grupos como el PNV o ERC. Si bien, la legislatura arranca con una confrontación extrema y más partidos con representación parlamentaria que nunca, con lo que es difícil hacer pronósticos sobre esta y otras materias.

Las otras promesas

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Asimismo, el acuerdo para un Gobierno de coalición señala que se desarrollarán “políticas activas de educación y prevención de embarazos no deseados” y se favorecerá el acceso a los últimos métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de urgencia, con el fin de intentar reducir la cifra de abortos, que desde el 2016 registra un pequeño incremento. Así, en 2018 (últimos datos disponibles) abortaron 95.917 mujeres, un 2,9% más que en 2016. Si bien, desde que entró en vigor la llamada ley de plazos las intervenciones se han reducido un 15,14%.

Por último, el documento programático señala que se garantizará la “intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas, su integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación” después de que ACAI haya denunciado que, desde el 2010, unas 8.000 mujeres han sido víctimas de acoso a las puertas de estos centros por parte de los grupos antiabortistas, en unas 100 acciones de hostigamiento al año.