El PP aprueba la reforma del aborto que impone el permiso paterno

Hubo un momento, al comienzo del debate en el Congreso sobre la reforma de la ley del aborto, en el que Carlos Martínez Gorriarán, diputado de UPD, se llevó una mano a la cabeza y dijo al Gobierno: «Han hecho algo que tiene mérito. Poner de acuerdo a toda la oposición». Pocas veces una norma ha suscitado un rechazo tan unánime. Del PSOE al PNV, pasando por CDC, IU, ERC y Amaiur, la mayoría de los grupos emplearon ayer idénticos argumentos para criticar una iniciativa que convertirá en obligatorio el consentimiento paterno para las mujeres de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo: la ausencia de consenso, la falta de necesidad de la medida, la desprotección en la que quedarán algunas menores y el supuesto interés electoral de la iniciativa. Pero la mayoría absoluta del PP sacó adelante la reforma, si bien con cierta oposición interna. Cinco de sus diputados no la apoyaron.

Los motivos de estos parlamentarios díscolos fueron en dirección opuesta a los de la oposición. Consideran que la modificación se queda corta, que el Ejecutivo debería haber perseverado en su intento original, que borraba el sistema de plazos vigente desde el 2010, que ha reducido el número de abortos con un modelo muy similar al de otros países del entorno europeo, para pasar a otro de supuestos muy restrictivo.

LOS VAIVENES

El PP se ha enfrentado con el aborto desde principios de legislatura. Su programa electoral se limitaba a anunciar que cambiaría «la regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores», una fórmula vaga que ha servido para justificar distintos esfuerzos.

Los conservadores impulsaron primero un cambio que solo autorizaba la interrupción en caso de violación o riesgo para la madre. Después, alegando falta de consenso, lo desactivaron, forzando la salida del promotor del proyecto, Alberto Ruiz-Gallardón, exministro de Justicia. Y ahora, también sin consenso, han sacado adelante (todavía falta su paso por el Senado para la aprobación definitiva, prevista para septiembre) un retoque que exige a las menores la autorización de los padres, cuando antes bastaba con que estos fueran informados, a menos que la interesada alegase un conflicto familiar, algo a lo que solo se ha acogido el 10% de este colectivo.

Si la drástica contrarreforma de Gallardón motivó críticas internas porque podía alejar al electorado menos de derechas del PP, la iniciativa actual suscita los mismos reproches por lo contrario: su presunta timidez y el alejamiento que conlleva de los postulados clásicos del PP. A ese colectivo se dirigió durante el debate la diputada Marta González, convirtiendo el hemiciclo casi en un mitin. «Quiero ser muy clara en algo que preocupa a muchos votantes del PP: no estamos validando las cuestiones que fueron objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional», dijo. En junio del 2010, los populares llevaron la ley de plazos ante el alto tribunal. Cinco años después, el órgano sigue sin resolver.

ENMIENDAS DESACTIVADAS

La división en el PP podría haber sido más intensa. Carlos Salvador, diputado de UPN, había planteado varias enmiendas a la reforma, todas ellas inspiradas en el recurso de los populares ante el Constitucional, pero al final las retiró a cambio de un plan, aún por concretar, a favor de la maternidad. Así que la rebelión interna fue menor de lo esperado: en la votación sobre el dictamen de la Comisión de Sanidad, cinco diputados se descolgaron (cuatro votos en contra y una abstención); en la votación de conjunto, hubo tres abstenciones y un solo voto en contra. La ley quedó aprobada con 184 apoyos del PP, Unió y Foro Asturias.

«Lo importante aquí es a cuántas jóvenes va a romper la vida», señaló Ángeles Álvarez, del PSOE. Su argumento no solo se basó en el «drama» que para una menor puede suponer ser obligada por sus padres a seguir con el embarazo o bien verse forzada a la interrupción clandestina o en el extranjero. También sostuvo que la reforma era inaplicable, ya que no hay garantías de que una joven que recurra la decisión paterna pueda obtener una respuesta en plazo.

Mientras tanto, Derecho a Vivir, la más activa de las asociaciones radicalmente contrarias al aborto, acusó al Ejecutivo de «jugar con la vida para ganar votos». Los obispos, que tanto cargaron contra una ley de plazos que en lo fundamental sigue vigente, se limitaron a pedir «coherencia» a los diputados.