El aborto: la tumba política de Gallardón

Diciembre del 2013. El Consejo de Ministros aprueba el denominado anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada, la normativa más reaccionaria del Gobierno del PP, pues aumentaba de las restricciones a la interrupción del embarazo. La norma suponía suprimir el derecho al aborto, tal y como estaba establecido en la ley de plazos del 2010 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La llamada "contrarreforma" del aborto, impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, registró de manera inmediata la oposición de colectivos de mujeres y de profesionales de la sanidad.

¿En qué consistía?

El proyecto de ley de Gallardón cambiaba el paradigma del aborto en España. Ya no se restringía este derecho en función de los plazos, en los cuales se basa la ley actual, sino que solamente permitía el aborto bajo determinados supuestos. Eran dos: las madres podían abortar voluntariamente si habían sido violadas o si existía un "menoscabo importante y duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o del feto.

En el primer supuesto, el de la violación, solo se permitiría abortar a las madres hasta las 12 semanas de gestación, aportando siempre la denuncia policial. Este plazo se podría ampliar hasta las 22 semanas si existiera un "peligro para la salud" de la madre con un "diagnóstico certero".

En el segundo supuesto, tendrían que ser tres profesionales los que acreditaran el "menoscabo para la salud" de la madre. En concreto, harían falta dos informes de dos médicos diferentes y de centros sanitarios distintos del que iba a realizar el aborto. Unos profesionales que, según estipulaba el proyecto de ley, debían ser "especialistas en la patología que genera esa decisión". Después de estos diagnósticos, la mujer tenía que recibir una información verbal sobre las alternativas del aborto. Y debería esperar siete días (en vez de tres como dicta la ley vigente) para tomar la decisión. 

Además, en el caso de las menores, a todos estos trámites de sumaba la necesidad de contar con el consentimiento de los progenitores o tutores legales. Este fue el único supuesto que acabó siendo aprobado y que modificó la ley de Zapatero del 2010.  

Con la 'ley Gallardón', todas esas mujeres que no cumplieran con estos supuestos y acabaran abortando igualmente se convertirían en delincuentes. Los médicos que las ayudaran a abortar se enfrentarían a una pena de entre uno y ocho años de cárcel. Tampoco estaba permitido publicitar el aborto en ningún centro médico, ya fuera público o privado.

Rechazo social y médico

La izquierda española, las asociaciones feministas y asociaciones profesionales manifestaron, en diferentes movilizaciones y comunicados, su rotundo rechazo a la futura reforma del Ejecutivo del entonces presidente Mariano Rajoy. Los especialistas que aplican los programas de control del embarazo y que atienden partos y eventuales abortos en hospitales públicos y clínicas privadas de Catalunya, la consideraron un "freno y retroceso". 

La ley fue criticada incluso dentro del PP por dirigentes como el entonces presidente de Extremadura, José Antonio Monago, o la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

Dimisión del ministro

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En septiembre del 2014, poco después de que Rajoy echase atrás su reforma del aborto, Gallardón dimite. No solo eso: abandona la política y su escaño en el Congreso. Su gran proyecto político, planeado inicialmente para contentar al electorado conservador, no había salido adelante. Fue su tumba política.