24 feb 2020

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Estos son los deberes sociales del futuro Gobierno

Las oenegés claman por una renta mínima de ingresos de cobertura estatal y aumentar las ayudas por hijo

También piden regular los precios de los alquileres y un cambio de perspectiva con la inmigración

Elisenda Colell

Familias sin recursos atendidas por Cáritas Diocesana.

Familias sin recursos atendidas por Cáritas Diocesana. / PAU MARTÍ

El sector social no puede esperar más. La pobreza cronificada como  herencia de la crisis, el miedo a una nueva recesión y un año sin Presupuestos abocan  a las oenegés a pedir medidas urgentes al futuro Gobierno central. Los retos están más que claros. Mas de medio millón de hogares sobreviven sin ningún ingreso, España lidera el índice de pobreza infantil en Europa, las listas de espera de la dependencia suman ya 400.000 personas y el precio de la vivienda dispara los desahucios, con 164 ejecuciones diarias. Para empezar, todo el tercer sector exige, ya de forma abierta, una renta mínima de ingresos de cobertura estatal, y que las diferentes comunidades autónomas la puedan ir complementando.

La convocatoria electoral paralizó la aprobación de tres leyes que el sector considera "esenciales". Primero, la ley contra la violencia infantil, que debe proteger los menores en caso de abuso y agresión sexual. Segundo, la ley de vivienda que logró entrar en el Congreso pero tampoco fue aprobada y que prevé proteger a las personas pobres que son expulsadas de sus casas sin ninguna alternativa. Y tercero, la ley estatal de derechos LGTBI, con el propósito de blindar los derechos de las personas homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales.

La convocatoria electoral paralizó la aprobación de leyes que el sector cree "esenciales"

También hay consenso en las entidades en la necesidad de  ampliar la prestación por hijo a cargo, tanto en aumentar la prestación y el número de hogares que la perciben como de asegurar que todos los padres puedan llevar a los niños a la guardería, especialmente aquellos que ahora no se lo pueden permitir por cuestiones económicas. El sector también clama por un incremento presupuestario para que el Estado pague la dependencia que le pertoca, que es el 50% de la inversión. Y en definitiva, que la inversión social vaya creciendo de forma exponencial año tras año hasta conseguir, al menos, revertir los recortes de hace una década.

Queda también en el tintero el fin de las devoluciones en caliente, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la modificación de la ley de extranjería para agilizar los trámites y facilitar que las personas migrantes se puedan incorporar al mercado de trabajo antes de que acaben en la exclusión social. También se reclama más apoyo a los refugiados y a los menores no acompañados, tras el colapso evidente de la Administración.

La gran mayoría de todas estas demandas las entidades sociales se las saben de memoria. Fueron las mismas reclamaciones que  hicieron llegar a los partidos en las dos últimas campañas electorales, y que ahora, con el anuncio del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, han vuelto a enviar. Algunos, como Save The Children, han añadido uvas pasas a la carta que han remitido a las fuerzas políticas progresistas. "Dicen que van muy bien para la memoria, para que no se les olvide", explican fuentes de la oenegé. Preguntados por EL PERIÓDICO, los actores de la sociedad civil creen que invertir dinero en quienes menos tienen es cómo realmente se combate un fascismo que va ganando adeptos.

Comedor escolar del Institut Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). / RICARD CUGAT

Infancia: 100 euros al mes por hijo vulnerable

"España es el segundo país con más pobreza infantil de la UE, necesitamos garantizar un futuro digno para nuestros niños", sentencia Ricardo Ibarra, director de la Plataforma Estatal de Infancia. En pobreza infantil solo la supera Rumanía, con un 32% de niños y niñas en riesgo de exclusión social. Para atajar con este problema, la Plataforma pide aumentar la prestación con hijo a cargo hasta los 100 euros al mes (actualmente está en 30 euros). Además, propone un aumento en el número de beneficiarios. "Hay familias muy pobres que no perciben esta ayuda". Y es que solo se concede a los hogares que sobreviven con menos de 12.000 euros, aunque se consideras pobres los que están por debajo de los 19.000. Save the Children pide que las madres solteras y las familias con pobreza severa perciban 150 euros al mes por hijo a cargo.

Ambas entidades plantean que la educación de 0 a 3 años para las familias vulnerables sea gratuita con 70.000 plazas más, así como abordar de una vez la segregación escolar. "No puede ser que tengamos escuelas de ricos y escuelas de pobres", explica Carmela del Moral, analista jurídica de Derechos de Infancia de Save the Children. "Es una cuestión de inversión. Debemos garantizar el futuro de estos niños, no es sostenible que casi uno de cada tres esté en riesgo de exclusión social. Esto tendrá consecuencias". Y pone de relieve la tasa de abandono escolar en España: casi el doble de la media europea.

Ambos insisten en aprobar de una vez la más que necesaria ley contra la violencia infantil, la cual, entre otras cosas, aumenta los plazos para poder denunciar acoso o agresión sexual en la infancia, pero también fija un sistema para prevenir y evitar esta lacra. También Unicef pide la aprobación urgente de esta ley. "Sería un importante gesto de compromiso con la infancia y con los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño -que se conmemora este año- que la primera acción del nuevo Gobierno y de la nueva legislatura, fuera la aprobación de esta ley", piden desde el comité español. 

Servicios sociales: medio millón de hogares sin ingresos

El 21,5% de españoles viven en riesgo de exclusión social. Y, según la última encuesta de población activa, 563.7000 hogares viven sin ningún ingreso. Son más de medio millón de personas que viven en la nada. "No podemos seguir viendo estos datos, el Gobierno debe actuar para que todas las personas puedan vivir en igualdad", señala Anna Abril, responsable de incidencia social de Cáritas.

Y todas las entidades consultadas coinciden con los mismos deberes del Gobierno: implementar una renta mínima vital de ingresos estatal, que luego el resto de comunidades autónomas puedan ir complementando. Se trata de una medida que ya estaba incluida en la estrategia nacional de la lucha contra la pobreza.

La realidad vislumbra, según el sector social, que en estos momentos el desorden reina en este sentido. Los criterios de acceso, las prestaciones y las coberturas de cada comunidad autónoma son totalmente distintas, y no están resolviendo el problema. "Nosotros proponemos que el Estado asegure unos ingresos de 400 euros a todos los hogares por debajo del umbral de pobreza, y a partir de ahí que complementen la renta las distintas comunidades", apunta Carlos Susías,  presidente de EAPN España, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Que también pide mejorar la calidad del empleo como un "instrumento de cohesión social y de acceso a derechos".

Desde la Asociación de Directores de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez también señala el necesario aumento de la financiación a los servicios sociales municipales a través del plan concertado de prestaciones básicas. Son aquellas relacionadas con la alimentación, la ropa, o la vivienda de emergencia.

"Rajoy recortó un 75% la aportación del Estado, habría que multiplicarla por 10 hasta 290 millones", dice Ramírez. ¿No es mucho? "No se dan cuenta de que puede quebrar la cohesión social. Es gasolina para el fascismo. Invertir en bienestar social es invertir en democracia, pero parece que la cohesión territorial es más importante que la social".

Residencia para gente mayor Ramon Berenguer, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). / DANNY CAMINAL

Dependencia: faltan 1.700 millones

"Cada día mueren 80 personas en España esperando las ayudas a la dependencia". Así de contundente se muestra José Manuel Ramírez, portavoz de la Associación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Según los últimos datos del Imserso, relativos al mes de octubre, 261.184 personas tenían reconocida alguna prestación de dependencia pero no la podían disfrutar por falta de recursos. Además, otras 153.769 aguardaban para ser valoradas. En total, pues, casi medio millón de ciudadanos están en lista de espera aguardando esta prestación. "El Estado debe aportar la financiación para acabar con esta situación", pide Ramírez, que constata que el 50% de la inversión que debería aportar la Moncloa no está llegando.

Para llevar a cabo esta ingente operación, la entidad tiene calculado que el Gobierno debería consignar 1.700 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Con ello se revertirían los recortes y se aportaría la cantidad que le obliga la ley. A sabiendas de las enormes dificultades de conseguir todo este dineral, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales propone que cada año la inversión en dependencia aumente en 500 millones.

Otra cuestión a resolver es la de reconocer a los cuidadores del hogar. Hay centenares de hogares que, ante la falta de acceso a las prestaciones de dependencia, optan por contratar personas que cuiden de los dependientes, que normalmente recae a personas migrantes que no tienen papeles. "Estas personas no están plenamente incorporadas en el régimen de la Seguridad Social", explica Ana Abril, coordinadora de incidencia política de Cáritas Española. "Es una medida urgente, necesaria y justa", añade.

Y Carlos Susías, de EAPN España, pide al Estado que, en materia de envejecimiento y pensiones, se dedique a buscar un método o una estrategia para los próximos 30 años que sea sostenible. Precisamente cuando los datos demográficos apuntan a una multiplicación de posibles beneficiarios.

Vivienda: la regulación de los alquileres

"Tenemos un problema sangrante con el acceso a la vivienda en España", describe Susías. Cada día hay 164 desahucios en España y más de la mitad son de personas que vivían de alquiler. Aunque la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) le añade los "invisibles": aquellos en que los inquilinos se tienen que ir por la puerta de detrás porque el alquiler ha subido y no hay quien pague tan elevados precios.

"No podemos permitir ningún desahucio más con un realojo garantizado", critica Ana Abril desde Cáritas. Precisamente esta era una de las medidas incluidas en ley de vivienda de la PAH, que llegó a la mesa del Congreso pero a la que la convocatoria electoral catapultó al cajón de los papeles mojados. Según explica una de las portavoces de la PAH, Lucía Delgado, esta ley planteaba que cuando alguien no pueda pagar la hipoteca, salde su deuda dejando la vivienda al banco. 

Pero lo pedía de forma retroactiva: es decir, que se saldara la deuda de los miles de hogares que no lo consiguieron. También planteaba que todo el parque de vivienda de los bancos rescatados con dinero público se convirtiera en alquiler social y que ninguna compañía pudiera cortar ni luz, ni agua, ni gas a nadie sin antes haber comprobado que no es una familia vulnerable.

El aumento del parque de vivienda social es una demanda coral entre todas las entidades sociales, que lo sitúan como una verdadera prioridad. Sin embargo, insisten que debe ser de alquiler. "Ya hemos visto qué ha pasado con los pisos de compra, que han reducido brutalmente el parque de vivienda social", añade el representante de EAPN.

Pero algo esencial que pide la PAH es que los gobiernos, ya sean estatales, municipales o autonómicos, puedan regular el precio del alquiler modificando la ley de arrendamientos urbanos. Algo, insiste Delgado, que ya pasa en lugares como Nueva York o Alemania. 

Una embarcación de salvamento marítimo en Algeciras (Cádiz), el pasado mayo. / EFE / A. cARRASCO

Migraciones: acabar con la ley de extranjería

Poner fin a las concertinas, a las devoluciones en caliente, los CIEs y empezar a tratar la inmigración desde la perspectiva social y de derechos, y no bajo la óptica de seguridad. Esta es la principal demanda que plantea la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. "No nos podemos permitir que Marlaska siga como ministro", concreta Rafael Escudero, el director de la entidad. Según él, porque ha blanqueado las devoluciones ilegales, ha aplicado la opacidad en las fronteras y el tarto a los inmigrantes, se ha planteado el retorno de los menores migrantes tutelados en sus países, o ha mantenido los Centros de Internamiento de Extranjeros "unas cárceles encubiertas que no sirven para nada" asegura el director.

Uno de los pasos, que propone esta y varias entidades que atienden a personas migrantes es el hecho de contratar más profesionales en extranjería. Constatan en colapso general del sistema. Ya sean las solicitudes de personas refugiadas, que pueden tardar dos año en dar cita, hasta las ayudas para personas solicitantes de asilo, con esperas de casi un año. "Hacen falta muchas manos, no puede ser que la gente esté tanto tiempo esperando los papeles", explica Escudero. Aunque añade que habría que permitir el "silencio positivo", es decir, que si el migrante aporta toda la documentación necesaria se le renueven los permisos, sin más.

Un colapso que también ve la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. "Es necesario dotar de medios materiales y recursos humanos suficientes, es urgente los más de 100.000 expedientes pendientes", explican.

También piden que los procesos de acogida e inserción social se descentralicen y lo asuman las comunidades autónomas o incluso, los municipios. "Vemos una falta de plazas y recursos flagrantes, pero las comunidades y las ciudades no pueden hacer nada, aunque son la administración que más podría hacer", añade.  Y piden cambios en la ley de extranjería para que los migrantes puedan conseguir, más fácilmente, un contrato de trabajo en España.

Derechos LGTBI: parar los pies a los ataques fascistas

La FELGTBI, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, constata, junto a los distintos observatorios autonómicos, cada año se suelen registrar cerca de 700 actos de discriminación al colectivo, entre ellos agresiones físicas. "Ha crecido la violencia física y verbal por parte de personas fascistas. Antes la homofobia no se expresaba en público, era políticamente incorrecto. Ahora vemos que hay carta blanca y esta gente ha perdido el miedo a agredirnos", constata Mané Fernández, vicepresidente de la Federación.

En este sentido, la federación plantea, ahora más que nunca, que se apruebe la ley estatal de los derechos LGTBI. Una norma que permitiría multar todos los actos discriminatorios, y que blindaría el trato a las personas del colectivo. Este texto también llegó a las puertas del Congreso, pero la convocatoria electoral lo llevó al traste.

Una medida indispensable que pide el movimiento es permitir el cambio de nombre sentido de las personas 'trans', modificando la ley 3/2017. "No puede ser que una persona solo se pueda cambiar el nombre si le diagnostican distrofia de género. Debemos apostar por la autodeterminación de cada uno". Y esto se debe tener en cuenta tanto en el registro civil, como en los trámites de la documentación del permiso de residencia para las personas extranjeras.