colectivo vulnerable

Oenegés alertan de que la falta de papeles catapultará a cientos de exmenas a vivir en la calle

El próximo 2020 serán más de 3.500 los jóvenes migrantes extutelados mayores de edad

Afers Socials ha duplicado los recursos pero pide implicación del mundo local

Unos niños duermen sobre los bancos de la iglesia de Santa Anna, en el barrio Gòtic de Barcelona.

Unos niños duermen sobre los bancos de la iglesia de Santa Anna, en el barrio Gòtic de Barcelona. / FERRAN NADEU

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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Durante los dos últimos años, 5.264 niños nacidos en el extranjero han llegado solos, sin la tutela de ningún adulto, a Catalunya. La mayoría, adolescentes marroquís que han sobrevivido una patera o los bajos de un camión. De estos, a finales de año, unos 2.000 habrán cumplido los 18 años. Y el año que viene lo harán 1.600 más, ya que en estos momentos la mitad de los menores migrantes que están bajo protección de la Generalitat tienen 17 años, según datos de la Conselleria d’Afers Socials.

Este 2019, el Govern ha duplicado el número de viviendas para que estos jóvenes no acaben en la calle, aunque las entidades sociales alertan de que el problema está en que hay un gran número de ellos que no tienen papeles, y, tarde o temprano, acabarán en la calle. Para paliarlo, la Generalitat pide la colaboración de todas las administraciones.

El problema es que muchos de estos chicos corren el riesgo de convertirse en una nueva bolsa de pobreza severa, como también lo son los parados de larga duración o las familias monoparentales. Hace más de un año que los profesionales del sector y las entidades sociales vienen advirtiendo del mismo problema: las trabas con los papeles. En estos momentos, según fuentes del sistema protector, conseguir el permiso de residencia de un menor tutelado extranjero, especialmente marroquí, va de los ocho meses al año de espera. Primero, por el retraso en las pruebas óseas de la edad, al que hay que sumar la demora de la burocracia de los países de origen.

Pero ya sea los que consigan un NIE o los que no, prácticamente ninguno podrá acceder al permiso de trabajo para lograr un empleo legal. La otra forma de ingreso pasa por la paga de extutelado, que a la mayoría de los mena solo les dura seis meses porque han estado tutelados menos de tres años. Y a esta situación desoladora hay que añadir que, aun el aumento espectacular del 100%, las plazas de la Generalitat para alojar a los extutelados no es suficiente para alojarlos a todos.

Un millar de plazas llenas

“Hay unos 600 chicos que aún siguen viviendo en los centros aunque han cumplido los 18 años”, explica la secretaria de Infància de la Generalitat, Georgina Oliva, a este diario. Es una medida de urgencia, mantener a los jóvenes bajo su protección. El Govern también ha duplicado los hogares para los chicos extutelados llegando, prácticamente, hasta el millar de plazas que, como no puede ser de otra forma, están llenas. “Necesitamos coordinarnos con el mundo local que tiene la competencia en el 'sinhogarismo'”, apunta Oliva como alguna de las soluciones. Otra, aumentar la aportación estatal que el año pasado fue de dos millones –en comparación con los 40 que recibió Andalucía- o cambiar la ley de extranjería para que los jóvenes migrantes tutelados puedan acceder a un permiso de trabajo, al menos una vez cumplidos los 18 años.

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Algunas fuentes del sistema de protección hablan de 500 chicos, otros elevan la cifra hasta 800, y hay fuentes que no se aventuran a dar datos. Pero resulta evidente que un grupo importante de estos jóvenes no tiene otra alternativa que la calle o los pisos ocupa. Lo demuestra, entre otra, la larga lista de espera del único albergue de jóvenes que hay en Catalunya, las incesantes llamadas que reciben grupos de jóvenes extutelados asociados desde los centros de menores o los datos que arroja el ayuntamiento de Barcelona. Hay 870 jóvenes de 18 a 25 años sin hogar en centros de día, un dato que en los últimos tres años se ha multiplicado por cuatro.

“El problema está en que tienen una formación muy precaria, no tienen acceso a rendas y además no tienen papeles”, avisa el responsable del área social de Comisiones Obreras, Toni Mora. “Darles una vivienda es importante, pero sin ayudas, sin formación y sin trabajo, estamos posponiendo una situación inevitable: que acaben en la calle”. Así de tajantes son algunas fuentes del tercer sector que prestan servicios a la Generalitat. “Algunas entidades no tienen problemas en echar los jóvenes a la calle, otras lo estamos asumiendo con fondos propios, pero cada uno sabe hasta qué punto puede aguantar”, añaden.  

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