Dos directivos de Castor serán juzgados por delito medioambiental

Dos directivos de la adjudicataria del proyecto Castor, así como la propia empresa, Escal UGS (participada en un 66,7% por ACS, de Florentino Pérez), serán procesados por delito ambiental al haber inyectado gas en el almacén submarino pese a ser conscientes "de la potencial peligrosidad sísmica que podía acarrear". Así lo ha acordó este martes el titular del juzgado número 4 de Vinaròs, que al mismo tiempo archivó el procedimiento contra 10 funcionarios de diversos ministerios que intervinieron en la concesión de los permisos.

El Gobierno ordenó la paralización de la inyección de gas en 2013, tras los fuertes seismos producidos, pero los directivos conocían el problema desde antes, sostiene el juez. Concretamente desde que el 5 de septiembre se produjo un aumento de la sismicidad de la que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables, los dos encausados, Recaredo del Potro Gómez y José Luis Martínez Dalmau.

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"En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas", precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre -añade en la resolución- "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores".

519 terremotos

Esa situación desencadenó una "gran serie de seísmos en la zona", hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, "una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno".

Es más, tal y como recoge el auto, "hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente".

El delito contra el medio ambiente conlleva penas que oscilan entre los seis meses y los cinco años de prisión. En el caso de la empresa, le podría recaer una multa de seis meses a tres años de duración, cuyas cuantías fijaría el tribunal.

Sellado definitivo

La intención del Ministerio para la Transición Ecológica es convertir en definitivo el actual sellado provisional del almacén y proceder posteriormente a su desmantelamiento, según anunció su titular, Teresa Ribera, el pasado enero.

Los funcionarios de su departamento y el resto de ministerios que firmaron los permisos se han visto exonerados al comprobar el juez que no fueron conscientes del riesgo que entrañaba el proyecto al no tener experiencia previa en estas tecnologías. Al contrario, el juez destaca que la Administración estableció un sistema de monitorización de la actividad sísmica que contribuyó a detectar el incremento y sin el cual, apunta, las consecuencias "muy probablemente" habría sido "catastróficas".

Tras el nombramiento de Teresa Ribera como ministra, el PP le reprochó que en su día firmara la declaración de impacto ambiental del Castor como titular que era de la secretaría de Estado de Medio Ambiente y superior jerárquico de los funcionarios investigados. Ahora la Justicia le ha liberado de esta sombra en el currículo.