Barcelona denuncia que el 94% de vulnerables no cobra la renta garantizada

El Ayuntamiento de Barcelona critica que la renta garantizada de ciudadanía, la nueva prestación social de la Generalitat para quien se ha quedado sin ingresos, ha excluido a más del 90% de las familias vulnerables de la capital catalana. Son los datos que expone la tenencia de Derechos Sociales a EL PERIÓDICO. Sin embargo, la Conselleria d'Afers Socials rebate las cifras y multiplica por cinco el número de beneficiaros actuales del consistorio. "No sabemos de dónde sacan estos datos", afirman fuentes del Govern, que aseguran que hay 13.000 barceloneses que la han pedido y que la lista de espera está a cero en todos los barrios.

Cruzando las estadísticas de renta disponible en la ciudad por familias, los hijos a cargo, y especialmente los datos de cada familia que es atendida por los Servicios Sociales Municipales, el Ayuntamiento de Barcelona calcula que hay 51.000 familias que deberían cobrar esta prestación. Y afirman que solo 3.000 hogares la están recibiendo. Esto supone que el 94,11% de los hogares vulnerables se han quedado fuera de este apoyo, según estos cálculos municipales.

"No sabemos en qué parámetros están evaluados y bajo qué criterios surgen estos datos", responden desde la Generalitat, que es quien tramita esta ayuda social. Estas mismas fuentes explican que en el último año y medio 13.000 personas de Barcelona han solicitado esta renta, y son 17.300 hogares quienes la están percibiendo en la actualidad. En total, explican, se han destinado 29 millones de euros a esta prestación solamente en la ciudad de Barcelona. Explican, además, que antes de la llegada de la renta garantizada en Barcelona 2.895 familias cobraban la antigua renta mínima de inserción (PIRMI). En este caso, pues, el aumento en prestaciones otorgadas sería del 600%.

Los datos municipales emergen, en parte, de la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas de los Servicios Sociales del ayuntamiento. En enero del 2018, tras la aplicación del artículo 155, y viendo que esta ayuda no se estaba concediendo debido a la intervención estatal, el consistorio ofreció acompañar a todas las personas que no veían sus derechos reconocidos. Han sido 1.615 personas las que han pedido este apoyo. La mayoría, se han desplazado hasta la oficina para conocer el tiempo de espera de la tramitación y reclamar contra las denegaciones.

Sin ayudas por vivir en un albergue de sin techo

Otra situación alarmante, según los responsables municipales, es la que se encuentran las personas sin hogar que son atendidas en la Xarxa d’Atenció a Personas Sense Llar (XAPSLL) de Barcelona. Según el departamento municipal de atención social a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial, solo el 39% de personas sin hogar que la han pedido, cobran la renta garantizada. Son 213 personas que, según los trabajadores sociales cumplen los requisitos. Sin embargo, 70 han sido denegados y 60 más están en espera de una respuesta. 

Es en estas denegaciones, a los sin techo, donde el ayuntamiento ve una de las vulneraciones de derechos sociales más flagrantes. “Consideran que las personas que viven en albergues de personas sin hogar ya tienen alojamiento y atención”, apuntan algunas fuentes. Otro motivo de que el expediente sea denegado es tener un trabajo. “Hay casos de contratos de pocas horas semanales y de 250 euros al mes”, explican desde el ayuntamiento. Afers Socials se respalda en la ley, que de momento no permite tener un trabajo y cobrar la renta. La mitad de las denegaciones son por superar los ingresos legales o tener ya otro trabajo.

El ayuntamiento habla de "maltrato institucional"

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, tilda la actuación de la Generalitat como un auténtico “desbarajuste”. “Lejos de ser una garantía, es excluyente y supone un maltrato institucional a las personas vulnerables” apunta Ortiz. Con este panorama, afirma, “la lucha contra la pobreza la estamos asumiendo los ayuntamientos, sin tener ni competencias ni capacidad fiscal”. Y recuerda que la ayuda anterior, la renta mínima ya fue recortada durante el gobierno de Artur Mas en la presidencia de la Generalitat.

El Govern lo niega y anuncia medidas a familias numerosas

La Generalitat rebate estas acusaciones. "Al contrario de recortar, prevemos crecer en las ayudas". Explican que, por una parte, el alcance real de la aplicación se podrá medir en el 2021, cuando termine el despliege definitivo de la prestación. Y  por otro lado, porque el reglamento de la ley que aún no ha sido aprobado incluirá mejoras. Una de ellas permitir que las familias numerosas puedan cobrar esta ayuda social si cuentan con un trabajo precario. 

De momento, la renta garantizada permite complementar sueldos precarios solamente a os pensionistas o las familias monoparentales. El problema de las denegaciones también recae en demás colectivos. Por ejemplo, mujeres maltratadas que viven en casas de acogida, jóvenes extutelados de menos de 23 años y familias que viven en pisos con más familias o que ya reciben otras ayudas sociales de becas comedor o para pagar el alquiler. 

Estos colectivos tienen que quedar blindados por este reglamento que aún no ha sido aprobado por el Govern. Lo que no está tan claro son las ayudas a trabajadores precarios. Un apoyo que piden entidades sociales pero que, según comprobó este diario, no constan en el primer borrador del reglamento.