El Govern aplaza las ayudas sociales a trabajadores pobres en su decreto de renta garantizada

La Generalitat ha vuelto a aplazar el debate sobre si los trabajadores precarios deben cobrar ayudas sociales. Como ya hizo con la ley, el Govern se ha lavado las manos en el borrador de decreto que tendrá que regular la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y ha dejado el asunto a lo que decida una comisión que, aunque lleva meses reuniéndose, no ha sido creada oficialmente. El texto propuesto por el Ejecutivo catalán, al que ha tenido acceso este diario, aún está sujeto a alegaciones.

En julio del 2017, después de estar dos años encallada en el Parlament, se aprobó la ley de renta garantizada, una nueva prestación social que venía a suplir todas las carencias de la antigua renta mínima de inserción (PIRMI), tanto para ampliar las partidas de la ayuda social como el número de beneficiarios. "Que nadie tenga menos de 600 euros al mes" era uno de sus lemas. Pero desde septiembre del 2015 hasta hoy, entidades, movimientos sociales y el mismo Govern han constatado que había muchas personas en situación de exclusión social que no llegaban a esta ayuda. Por ejemplo, las mujeres maltratadas, las personas sin hogar, los jóvenes extutelados, las familias con ayudas de alquiler para evitar un deshaucio y los trabajadres pobres. 

Sin solución para los trabajadores pobres

El reglamento que desarrolla la ley no aborda la complementariedad de las rentas del trabajo parcial, una cuestión que el acuerdo inicial entre los promotores de la norma y el Govern fijaba para el 2020. Dicho borrador solo lo permite durante un año para las familias monoparentales y numerosas y para aquellas que encuentren un trabajo no estable mientras cobran la prestación (ya sea un empleo a tiempo completo de menos de un mes o uno a tiempo parcial con un sueldo más bajo que la ayuda social). El resto de trabajadores pobres podrán acceder a esta prestación cuando lo decida la comisión de gobierno de la renta garantizada.

Si atendemos a los últimos datos oficiales desde septiembre pasado hasta enero, 2.500 trabajadores con empleo parcial de menos de 600 euros al mes pidieron la renta y la Generalitat se la denegó. "Hay miedo de permitir que estas personas cobren la ayuda, porqué la Administración estará normalizando y aceptando el trabajo precario", explican fuentes de las entidades sociales, que subrayan que lo importante es "acabar con la pobreza" de forma urgente. "Luego ya podremos mejorar el mercado laboral y de la vivienda, pero la exclusión social es lo primero", insisten.

Simpapeles e infraviviendas, en riesgo

El texto también excluye a las personas sin papeles que estén empadronadas en Catalunya. El motivo, el permiso de residencia legal sigue siendo esencial para acceder a esta ayuda. Un colectivo, los simpapeles, que ya asciende a las 100.000 personas y que el Govern admite que está viviendo en la máxima exclusión social. Tampoco queda claro cómo se van gestionar los casos de las infraviviendas, ya sean las personas que viven en una casa de ocupas o aquellas que viven de alquiler con varias familias, lo que se conoce como 'pisos patera'. El Govern solo se abre a ayudar a estos hogares durante un año, y siempre que les hayan desahuciado, sean mujeres maltratadas o si los servicios sociales alertan del caso como de extrema gravedad. 

Solución para colectivos vulnerables

Cabe destacar que el texto amplía el universo de perceptores de la ley. Las mujeres maltratadas, los jóvenes huérfanos o en situación de pobreza acreditada por los servicios sociales y las personas que vivan en centros o albergues que no sean residencias para toda la vida tendrán acceso a esta prestación. También podrán hacerlo las familias que reciben becas comedor o ayudas de urgencia para evitar un desahucio. Y es que hasta ahora, todos estos casos se están tumbando. 

Financiación presupuestaria

Otro elemento del reglamento que causa cierta inquietud entre las entidades sociales es cómo se va a financiar la prestación. En la ley queda clarísimo que se trata de un derecho subjetivo, es decir, que siempre tiene que haber presupresto disponible, que no se puede agotar. Aun así, el decreto establece que las pagas de la renta se dan y se calculan a través de los presupuestos de la Generalitat. Si la partida no llega a finales de año, "tienen el carácter de ampliables", deja explícito el borrador. "Si quieren cambiar la ley como se hizo con el PIRMI, lo podrán hacer igualmente", apuntan fuentes del sector social, que a su vez temen por el dinero de este año si no se aprueban las cuentas del Govern.

Ahora el reglamento está en periodo de alegaciones, aunque la Generalitat tiene la última palabra para acabar aprobándolo en el Consell Executiu de los martes cuando considere oportuno.