La comisión que revisa los delitos sexuales no se reúne desde mayo

La resurrección de la Sección Penal de la Comisión de Codificación ha durado poco. Tan poco que lleva sin reunirse desde el pasado 24 de mayo cuando se constituyó por primera vez incorporando a mujeres. Ni siquiera lo han hecho los seis miembros que entre los 28 que la forman fueron designados para hacer un informe preliminar sobre el encargo que recibieron de revisar los delitos sexuales previstos en el Código Penal, tras la sentencia de La Manada. De ahí que fuentes de la comisión teman que la prioridad de su dictamen se haya diluido en favor del pacto de gobierno firmado entre Pablo Sánchez y Pablo Iglesias, en el que se incluía una ley de protección integral de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sobre la mujer.

Desde el Ministerio de Justicia, no obstante, aseguran que la comisión está trabajando y que llegará a tiempo para dar a conocer su dictamen el 15 de noviembre, plazo que a través de los medios le dio la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Y ello pese a que ninguno de los miembros de la comisión consultados por EL PERIÓDICO ha vuelto a saber de ella, después de que su antecesor, Rafael Catalá, decidiera recurrir a este órgano asesor, que no se convocaba desde los tiempos de Felipe González, para apaciguar la calle tras la sentencia que condenó la violación de los San Fermines.

Sin embargo, la confianza de Justicia es tanta que sopesa, incluso, fijar el plazo de prescripción de los delitos sexuales a menores en la reforma del Código Penal en la que supuestamente trabaja la comisión de codificación, en vez de en la ley de protección a la infancia, que se presentó como primera opción.

Abusos a menores

Los escenarios barajados en este momento, según el Ministerio, son hacer imprescriptible la pederastia, situar el comienzo del plazo de prescripción en los 50 años de la víctima o en los 30. Un abanico, acorde con las reivindicaciones de las víctimas de estos abusos, que propugnan aumentar el plazo para evitar que queden impunes, porque, sostienen, es necesaria una especial madurez de la víctima para poder denunciarlos. Ninguno de esos escenarios, por muy pertinentes que sean, ha sido consultado con los magistrados, catedráticos, fiscales y abogados que forman la comisión de codificación, porque no se ha reunido ni en el formato completo ni en el limitado al núcleo duro desde mayo.

En cuanto a los delitos sexuales en general, Podemos proponía en su ley que todos fueran considerados agresiones con distinta graduación de las penas, para dejar de diferenciar entre estas y abusos. Una de las principales críticas que recibió la sentencia de la Manada fue precisamente que condenara por abusos en lugar de por agresión, aunque las penas impuestas no fueran leves: nueve años de prisión. No es descartable que esta opción sea finalmente la elegida por la propia comisión, porque es compartida por los expertos partidarios de castigar los delitos sexuales cometidos en adultos de una forma similar a como ya se recogen los perpetrados a menores en el artículo 183 del Código Penal.

Comisiones 'ad hoc'

La Sección Penal de la Comisión de Codificación llevaba más de 30 años sin reunirse con una excepción de dos días en 2017 para transponer una disposición europea sobre mercados. De ahí que sorprendiera tanto que el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, la resucitara para revisar los delitos sexuales, sobre todo, teniendo en cuenta que durante su mandato tampoco fue jamás convocada, y la incorporación que realizó en 2015 de nuevos miembros se hizo solo tres meses después de la última reforma del Código Penal, realizada a través de asesores del Ministerio.

La sucesora de Catalá, Dolores Delgado, mantuvo el mandato dado a la comisión de codificación y a través de los medios le impuso un plazo para finalizar su dictamen: el 15 de noviembre, pero optó por volver al formato que han preferido todos los gobiernos de la democracia para otras reformas: las comisiones 'ad hoc' de expertos, nombrados con un objetivo específico por el propio Ministerio.

Así se designó la comisión para revisar la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género, que se reúne aproximadamente cada 15 días, y la de justicia universal, de composición muy polémica, porque la forman íntegramente hombres, todos ellos muy próximos a la fundación en defensa de la justicia universal que preside el exjuez Baltasar Garzón. 

Otras secciones de la Comisión de Codificación, como la de Procesal o de Mercantil, sí se reúnen periódicamente, aunque tampoco eso es garantía de éxito: la propuesta de reforma del Código Mercantil lleva años guardada en un cajón del Ministerio. Y la de Procesal ni siquiera ha sido consultada respecto a la justicia universal, que cercenó el Gobierno del PP a través de sus asesores y que Delgado cuenta con recuperar con los expertos que ella misma ha designado.