La Audiencia Nacional confirma el archivo de la querella contra los ministros del Castor

La actuación de los ministros del PP y del PSOE bajo cuyos mandatos se puso en marcha el proyecto Castor no será investigada en la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal ha confirmado en su totalidad la decisión de la jueza Carmen Lamela de archivar la querella interpuesta por L'Observatori del Deute en la Globalizació por malversación, prevaricación y fraude a la Administración contra los exministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, así como el presidente de ACS, Florentino Pérez, y otros empresarios.

Una vez conocido el auto de la magistrada que, con el informe favorable del fiscal, rechazó de plano la iniciativa al no apreciar delito en la actuación de los responsables de Industria, Fomento y Medio Ambiente, los querellantes recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia.

Ante el nuevo revés judicial que se ha producido este miércoles, el grupo ciudadano que interpuso la querella ha anunciado que seguirá luchando para tratar de que se investiguen los pagos hechos a la concesionaria de la plataforma marítima, a través de la que se explotaría un almacén geológico de gas, con el objetivo de evitar que los ciudadanos tengan que volver a asumirlo. Una de sus portavoces, Simona Levi, dijo a este diario que su intención es acudir al Tribunal Constitucional, como paso previo para dirigirse al tribunal europeo que corresponda.

La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia sostiene que los hechos descritos en la querella "no revisten apariencia delictiva, resultando inviable una instrucción prospectiva, máxime cuando entre las diligencias propuestas no se desprende la revisión de las auditorías que sustentaron la indemnización". Tampoco aprecia el "concierto criminal" denunciado, puesto que la serie de resoluciones administrativas cuestionadas fueron adoptadas por gobiernos sostenidos por formaciones políticas distintas.

La querella atribuía al proyecto Castor, que se abandonó tras detectarse eventos sísmicos después de las inyecciones de gas, ser fruto de un plan "urdido" para que Florentino Pérez obtuviera "un altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de su construcción". La concesión de la explotación se concedió a Escal mediante real decreto por los ministros Joan Clos y Miguel Sebastián.

Recuperación de la inversión

Cuando en el 2013 se acordó la suspensión temporal de las inyecciones de gas, Escal solicitó la compensación establecida por real decreto, con lo que se acordó compensar su inversión por 1.350.729 millones, que deberán pagar los ciudadanos en sus recibos de gas durante los próximos 30 años. La querella también considera sospechoso que el Banco Europeo de Inversiones refinanció mediante bonos la deuda de Escal.

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Ninguno de esos datos han convencido al tribunal, que sostiene que "no toda revisión de la actuación administrativa implica un delito de prevaricación". En su opinión, "no cabe cuestionar la corrección de errores a un real decreto, al ser una decisión administrativa firme sobre la que la jurisdicción penal no tiene competencia".

Además, considera que no existen indicios de sobrecoste, puesto que en la memoria adjunta a ese decreto se determinaba la existencia de auditorías, que indicaban los costes pendientes de facturas y cuantificaba la inversión después de la inicial aportada por Escal para la explotación del almacén subterráneo. El auto destaca que la querella no proponga revisarlas, pese a que sustentaban la indemnización, que fue anulada por el Tribunal Constitucional.