El ayuntamiento y la suministradora se echan la culpa de la muerte de una anciana en Reus

La anciana de 81 años muerta en Reus (Baix Camp) por sufrir pobreza energética debería de estar viva y con electricidad si los mecanismos previstos por la ley hubieran funcionado. Pero nadie, ni siquiera ella misma, alertó de lo precario de su situación. A pesar de que la ley 24/2015 obliga a que las compañías de servicios básicos (luz, agua y gas) informen a los servicios sociales de que van a cortar el servicio por falta de pago, la mujer pasó los dos últimos meses de su vida a oscuras. Una vela provocó el incendio que acabó con su vida en la madrugada del lunes.

Era una persona vulnerable por situación personal y familiar y por edad; la atendían los servicios sociales municipales de Reus desde el año 2013 y, desde el primer trimestre del 2016, la empresa pública Aigües de Reus se hacía cargo de su recibo del agua. La propia compañía alertó al consistorio de los impagos y este activó los mecanismos para mantener este servicio básico y que no aumentara la deuda, ha informado este martes la concejala de Benestar Social, Montse Vilella (PDC).

Pero a pesar de que todas estas señales de alerta estaban en rojo, nadie dio la voz de alarma. El 3 de noviembre, ni 15 días antes del incendio mortal, una trabajadora social tenía una visita programada con la anciana, pero no llegó a celebrarse, ha relatado la concejala.

NIETA CERCANA

Según el ayuntamiento y algunos vecinos, la fallecida vivía con su nieta en el modesto piso del 2ºB de la calle de Santa Anna. Sin embargo, esta familiar, de 36 años y con situación personal también muy complicada, reside en otro barrio de Reus, según fuentes próximas al caso. Sí que frecuentaba la casa de su abuela y horas antes del incendio incluso le llevó la cena, pero ninguna de las dos alertó a nadie de que la anciana no tenía luz. Tampoco lo hizo Gas Natural, la compañía que se la suministraba hasta que se la cortó por impago. A pesar de que ya le pagaba el recibo del agua y estaba atendida por los servicios sociales, el ayuntamiento no supo hasta ayer que no tenía electricidad, ha afirmado Vilella. 

{"zeta-legacy-destacado":{"strong":"La ley catalana contra la pobreza energ\u00e9tica","text":"\u00a0no est\u00e1 suspendida por el Constitucional, si bien carece de reglamento, lo que la debilita"}}

Por una parte, los beneficiarios de bienestar social tienen la última palabra para decidir qué ayudas quieren, ha subrayado la concejala, y por la otra, solo tres empresas comercializadoras de electricidad informan, de forma irregular y no sistematizada, de abonados en riesgo de que les corten la luz. "Hay que mejorar los protocolos para desarrollar la ley", sostiene.

El alcalde, Carles Pellicer, ante este "caso claro de vulnerabilidad social", ha pedido "a las compañías que se pongan las pilas" con urgencia y ha asegurado que trasladarán el caso a la fiscalía cuando tengan todas las pruebas del suceso que aún investigan los Mossos d'Esquadra. Y ha prometido "contudencia”. De momento ha trasladado el caso a la Agència Catalana de l'Energia y el 'conseller' de Economia i Coneixement, Jordi Baiget, ha anunciado la apertura de un expediente informativo que da un plazo de cinco días a Gas Natural para que presente alegaciones o la sancionarán.

RÉPLICA DE LA EMPRESA

Por su parte, la empresa energética también ha pedido protocolos claros que ahora, a su juicio, no están sistematizados. Desde el 2014, argumenta, existe un canal de comunicación directa y bidireccional con los servicios sociales de Reus que ha pasado de los seis casos de vulnerabilidad a los 56 en el 2015 y a los 88 de este año. El nombre de la anciana no constaba en ningún sitio, alega la compañía y, por tanto, no podía saber que entraba de lleno en el circuito de abonados a los que hay que proteger especialmente. 

{"zeta-legacy-phrase":{"name":"Carles Puigdemont","position":"PRESIDENTE DE LA GENERALITAT","text":"Ha habido un error clar\u00edsimo de la compa\u00f1\u00eda, que ha omitido su deber de comunicar al ayuntamiento que iba a cortar la luz"}}

En toda Catalunya, según las cifras de Gas Natural, se atiende a 9.211 abonados vulnerables de 419 municipios. La compañía se remite a una ley ambigua que no rellena los huecos de cómo y de qué modo hay que avisar del riesgo de vulnerabilidad social.

A diferencia de la referente a vivienda, la parte que atañe a pobreza energética de la norma catalana de emergencia social no está suspendida por el Tribunal Constitucional, si bien carece de reglamento. A pesar de esta debilidad de la ley, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, no ha dudado en asegurar que "ha habido un error clarísimo de la compañía, que ha omitido su deber de comunicar al Ayuntamiento de Reus que iba a cortar la luz" a la difunta.     

Partidos políticos, sindicatos, entidades sociales y organizaciones de consumidores han reclamado medidas para que un caso así no vuelva a ocurrir. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) considera que el corte de luz fue un "claro incumplimiento de la ley" aunque ha acusado de inacción a la Generalitat. Y el Síndic de Greuges ya ha abierto una investigación de oficio por el caso.