España acumula un tercio de todos los pisos vacíos de la UE

Un tercio de todas las viviendas vacías que hay en Europa están en España, con un total de tres millones de casas sin ocupar, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en el informe Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España, que fue presentado ayer en Madrid. Esto ocurre en un país, añade el estudio, con una de las políticas de vivienda «más endebles de Europa» y donde solo el 1,1% del parque inmobiliario es de viviendas sociales, frente al 32% de los Países Bajos, el 23% de Austria, el 18% del Reino Unido y el 17% de Francia.

Ante esta situación, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, advirtió de que «el derecho a la vivienda corre peligro en España» y denunció que «las autoridades no hayan adoptado medidas suficientes para proteger y hacer efectivo ese derecho». Beltrán aseguró que los desalojos hipotecarios están entre los perjuicios más graves que sufren las personas golpeadas por la crisis y pidió por ello que se paralicen.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el 2008 y el primer trimestre del 2015 se iniciaron 598.747 procesos de ejecución hipotecaria. «Ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han aprobado leyes que desarrollen el contenido y el significado del derecho a la vivienda, ofrezcan garantías adecuadas y permitan impugnar las violaciones de este derecho ante los tribunales», subrayó Beltrán, quien lamentó la falta de protección de las personas en peligro de sufrir un desalojo. Según la oenegé, de las medidas adoptadas por el Gobierno solo se han beneficiado 31.500 familias.

LEYES INSUFICIENTES / La oenegé ha repasado las medidas adoptadas desde 2012 por el Gobierno para mejorar la situación de estas personas, como el código de buenas prácticas para los bancos, el Fondo Social de Viviendas y la ley de segunda oportunidad, y asegura que, aunque faltan datos para evaluar esta última, las normativas son «insuficientes» para que España cumpla sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

La investigación de Amnistía se centra en las comunidades de Madrid y Catalunya, debido al elevado número de desalojos que se ejecutan en ambas autonomías, el gran número de viviendas vacías y el auge de movimientos sociales activos. Estas comunidades han aplicado políticas orientadas a la austeridad «deliberadamente regresivas e injustificadas que contravienen el derecho a la vivienda», resaltó el investigador y autor del informe, Koldo Casla.

PLAZO MÁS AMPLIO / Amnistía alerta sobre el elevado número de viviendas vacías en España, que cifra en 3,44 millones, el 30% del parque europeo, según el censo del 2011, «un importante recurso» que la oenegé considera que «las autoridades deben usar para garantizar el derecho a la vivienda». Y critica que las autoridades públicas no hayan extendido el periodo de calificación de vivienda social (el periodo en que estas viviendas deben permanecer como bien público antes de poder pasar a manos privadas), que ahora es de cinco años. También lamenta que las autoridades de Madrid y, en menor medida las de Catalunya, hayan vendido parte de sus viviendas sociales a sociedades de inversión, reduciendo un parque ya muy limitado.