Las claves de la reforma de la ley del aborto

En septiembre del 2013 pasado año el entonces titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó al Consejo de Ministros una polémica reforma que llevaba dos años anunciando y que modificaba fundamentalmente la socialista del 2010 en cuanto a la interpretación del aborto: dejaba de contemplarse como un derecho, para pasar a comvertirse en una despenalización en dos supuestos. O sea, algo parecido a la de 1985.

El aborto desaparecía pues como derecho y voluntad exclusiva de la mujer en las primeras 14 semanas y volvía al Código Penal con dos excepciones: si el embarazo era producto de una violación o si suponía un "grave peligro para la vida o la salud psíquica o física de la mujer". Y eso incluye anomalías fetales incompatibles con la vida, siempre que dañen psicológicamente a la gestante. Para los embarazos que sean fruto de una violación, el límite serán 12 semanas de gestación. Para el resto de los casos, 22.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley llegaron las manifestaciones. El 20 de diciembre del 2013, la izquierda española y las asociaciones de mujeres salieron a la calle, algo que fue constante hasta su retirada. La protesta no se quedo solo en el plano social.

En el mismo PP se encontraron las primeras fisuras en el apoyo a la reforma normativa, con críticas de dirigentes como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Incluso el secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Javier Dorado, reconoció que "el Estado no debe complicar más las cosas" en relación a la protección de los embarazos cuando existe malformación del feto, como establecía el anteproyecto.

Tras demorar varias veces su envío al Congreso, el 23 de septiembre Rajoy anunció la retira de la reforma de la ley del aborto. Solo unas horas después de que el presidente anunciara que no proseguía con el anteproyecto Gallardón anunciaba que dejaba el Ejecutivo. 

El pasado febrero, el Grupo Parlamentario Popular presentó una minirreforma exprés que preveía eliminar la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso paterno. El objetivo era claro: contentar a sus votantes más conservadores.

La minirreforma no contentó a nadie. La oposición acusó al PP de dejar desprotegidas a las chicas más vulnerables. Un grupo de 12

diputados y senadores populares remitieron una carta a Rajoy en la que le advertían de que en realidad suponía dar por bueno el aborto.

Un artículo de la ley de salud sexual y reproductiva del 2010 eximió a esas jóvenes de informar a la familia y depositó dicha comunicación en la tutoría de un profesional sanitario, casi siempre el ginecólogo o la matrona que las atiende. Esto es lo que ahora se dispone a suprimir el Gobierno, legislando que esas menores estén obligadas a delegar en sus padres las decisiones sobre su maternidad.