La ley del aborto no gusta a nadie en Marruecos

La ley que penaliza el aborto en Marruecos debe ser reformada, según coinciden en señalar los especialistas (médicos, sociales y religiosos) reunidos hoy en Rabat, pero las profundas discrepancias entre todos hacen difícil el consenso. El ministro marroquí de Sanidad, Husein el Wardi, reconoció hoy en un debate nacional sobre el aborto celebrado en Rabat, que la ley que criminaliza esta práctica está actualmente "superada y no responde a los retos actuales de protección de la salud de la madre y de sus derechos reproductivos en Marruecos".

El ministro recordó que el 4,2 % de las muertes relacionadas con la maternidad se deben a problemas surgidos durante la práctica del aborto, que generalmente se practica en la clandestinidad, en condiciones inapropiadas o mediante métodos caseros muy arriesgados. Entre 600 y 800 abortos clandestinos se practican a diario en Marruecos, según la Asociación Marroquí de Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC). De ellos, entre 500 y 600 son "medicalizados", pero el resto se practican en regiones rurales con métodos rudimentarios de curanderos.

El aborto está castigado por el Código Penal marroquí en once artículos, con penas que alcanzan hasta cinco años de cárcel para el médico que lo practique en casos no contemplados por la ley, "cuando suponga un peligro sobre la vida de la madre". Las penas alcanzan además a las personas que ayuden al médico en las operaciones abortivas, incluido el personal subalterno que trabaje en sus consultas por no denunciar el delito, así como a las mujeres que se sometan a estas operaciones y sus parejas, si estuvieran presentes.

Los participantes en el debate de hoy, donde estuvieron presentes religiosos, representantes del Ministerio de Justicia, funcionarios de organizaciones internacionales, médicos y activistas de la sociedad civil, reconocieron que el aborto constituye ahora en el país un problema de sanidad pública por sus consecuencias sobre la morbilidad y la mortalidad materna. El debate hizo aparecer dos posturas opuestas: una restrictiva representada por los religiosos que da prioridad al derecho a la vida del feto y otra permisiva a favor de la legalización del aborto como un derecho de la mujer.

El jeque Mustafa Benhamza, miembro del Consejo de Ulemas de Uxda, se mostró contrario al aborto en cualquier supuesto, defendiendo como prioridad el "derecho del feto a la vida" independientemente de todas las circunstancias. "Legalizar el aborto significa dar luz verde a matar", lamentó Benhamza, quien ante las miradas críticas de algunos asistentes dijo que los problemas que causa el aborto deben ser resueltos mediante políticas de prevención. En el otro extremo, el secretario general del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, oficial), Mohamed Sebbar, recalcó que el aborto es ante todo el derecho de una mujer a decidir sobre un embarazo no deseado, y el legislador "no puede sustituirla" en esta decisión. Sebbar sostuvo que la actual penalización del aborto en Marruecos se traduce en una "discriminación", pues mientras que unas mujeres tienen medios para acceder a esta práctica en clínicas más o menos conocidas, otras, procedentes de medios desfavorecidos, recurren a métodos peligrosos de hechiceras para interrumpir su embarazo.

Por otra parte, la emblemática activista por los derechos de las madres solteras y de sus hijos, Aicha Chenna, en un emotivo testimonio, se mostró partidaria de definir claramente los casos en los que se permita abortar pero al mismo tiempo dar a la madre la opción de decidir. Chenna cree que las altas tasas de aborto, de abandono de niños y de madres solteras se deben a la ausencia de una educación sexual que, según ella, se debe impartir tanto en las escuelas como en las mezquitas. El exministro y médico Saadedin Otmani, del islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), detalló los problemas sociales que se derivan de un embarazo no deseado: abortos clandestinos, mortalidad materna, complicaciones sanitarias de la madre y abandono de niños. Otmani explicó que la despenalización del aborto tiene que ser aceptada en la sociedad marroquí de forma que vele por los derechos del feto y la madre a la vez, mediante la legalización de casos concretos como los de incesto, violación o en casos específicos de malformación del feto.