Parlamentarios animalistas consideran que el Gobierno no ve reprobable la zoofilia "al no posicionarse" en contra
Laia Ortiz pregunta al Gobierno si la zoofilia era considerada maltrato animal pero no ha obtenido ninguna respuesta
La diputada de ICV y miembro de la Asociación parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA), Laia Ortiz, ha criticado que el Gobierno no haya respondido a sus preguntas en el Congreso sobre la zoofilia y el maltrato animal, una actitud que, para la parlamentaria, indica que "el Gobierno no considera la zoofilia como una práctica reprobable".
El reproche de la diputada parte de que el Ejecutivo no ha respondido a las preguntas formuladas por la parlamentaria catalana sobre el tema y, según la parlamentaria, se ha limitado en su respuesta a enumerar los cambios que contempla en la materia el proyecto de ley de Código Penal.
"Dado que el redactado de las preguntas presentadas es simple, directo y claro, el hecho de no contestarlas significaría, para APDDA, que el Gobierno no quiere posicionarse ante el problema de la zoofilia y que, por tanto, no considera esta práctica reprobable", lamenta la parlamentaria ecosocialista.
En concreto, Ortiz preguntaba al Gobierno si consideraba maltrato animal la zoofilia, así como si estaría de acuerdo en que se incluyera ésta en la reforma actual del Código Penal, tal y como ya había propuesto la APDDA, y siguiendo el ejemplo de otros países de la Unión Europea como Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, Francia o Suiza.
"Información de alcance público, con la que ya contaba la diputada y que no era la que solicitaba mediante las preguntas escritas", agrega.
Concretamente, la diputada señala que esta asociación planteó la pena de uno a tres años de prisión para aquel que agrediere sexualmente a un animal por vía vaginal, anal o bucal, mediante la introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las anteriores vías, y preguntaba al Gobierno si le parecía adecuada la propuesta.
Desde APDDA, alertan de que cada vez es "más frecuente" la actitud del Gobierno de "no ceñirse a las preguntas formuladas por los diputados y senadores, a la hora de responder, para eludir el control parlamentario.
Por ello, esta asociación denuncia que esta conducta "entorpece el ejercicio de control de los parlamentarios" y, por tanto, "atenta contra el sistema democrático".
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