El Govern adeuda el pago de rentas mínimas concedidas hace 4 meses

Por tercera vez en poco más de tres meses, Wassima salía ayer de las oficinas de la Conselleria de Benestar i Família con aire de desesperación y un papel en la mano, una instancia que, de inmediato, hizo que le sellaran en el registro central del departamento. «Mi situación es ya desesperada», relataba la joven en el documento, escrito a mano en las mismas dependencias. «Tengo un niño de 3 años, que está a punto de empezar el colegio y no tengo dinero ni para el material escolar, ni para comprarle algo de ropa», proseguía. Son ya demasiadas semanas esperando a que la Generalitat le haga efectivos los 420 euros que se comprometió a pagarle en concepto de renta mínima de inserción (RMI). Su solicitud recibió el visto bueno de la comisión interdepartamental el pasado 17 de abril.

Como Wassima El Sbai, el exvigilante de aparcamientos, exchófer de camiones y exconserje Eugeni Guix, 56 años, abandonaba ayer la sede de laconselleria, en el Palau de Mar de Barcelona, con rostro cariacontecido. En una carpeta azul, Guix guarda varias copias de su currículo y otros papeles que acreditan que no percibe ningún ingreso. Guix obtuvo la aprobación definitiva de la renta mínima el 20 de abril, pero tampoco la va a cobrar este mes. «Lo más grave es que no son casos excepcionales, sino que hay ya bastantes beneficiarios, con los requisitos en regla, que aún no ha cobrado ni siquiera el primer importe de la prestación desde hace tres, cuatro o cinco meses», declaró Ramon Noró, portavoz de la Fundació Arrels.

EXPEDIENTES CONGELADOS / «Tanta demora no es en absoluto normal», confirmaron fuentes de las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que agrupa a 83 organizaciones de ayuda a las personas más desfavorecidas, entre ellas Cáritas y la ya citada Arrels. Los retrasos vienen registrándose desde el pasado mayo, «cuando la Generalitat empezó a hablar de reformar la renta mínima y corrió el rumor de que se avecinaban recortes», indicó Noró. Lamentablemente, agregó una trabajadora social de Sant Boi de Llobregat, «que los pagos tarden hasta cinco meses empieza a ser ya habitual. Antes, en cambio, la Generalitat realizaba la transferencia prácticamente al mes siguiente de recibir el alta, como mucho a los dos meses».

SIN NOTICIAS / Y mientras tanto, decenas de expedientes de personas que han solicitado ingresar en el programa de la RMI llevan también uno, dos, tres meses sin noticias, a la espera de que la Generalitat termine de revisar los expedientes ya en curso. Hay esperas que se remontan incluso al pasado mes de marzo, aseguran trabajadores sociales del área de Barcelona. Lo que no saben los asistentes sociales es si estos expedientes se verán afectados por el nuevo decreto del programa de renta mínima, aprobado el pasado martes por el Govern y que establece, en su artículo 9.4, que si un expediente no ha recibido respuesta desde la presentación de la petición «se ha de considerar denegada la solicitud».

También algunos ayuntamientos llevan esperando, en este caso desde abril, a que el Govern dé una respuesta a las peticiones de RMI tramitadas por sus servicios sociales, aseguró ayer Esquerra, que llevará hoy al Parlament una batería de 90 preguntas y la petición de varias comparecencias con el claro objetivo de señalar lo que considera irregularidades, cuando no chapuzas, en el proceso de revisión de la RMI. Los interrogantes que los diputados Oriol Amorós y Pere Bosch presentarán cuestionan, en general, que la medida se replantee y, en particular, el discurso elegido por elconsellerde Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, para justificarlo.

ERC pregunta en qué se basa el Govern para denunciar el fraude en la percepción de la ayuda, cómo ha conocido datos del consumo privado de los beneficiarios o su nacionalidad, entre otros. También cuestiona cuántos beneficiarios están suscritos a Gol TV o gastan más en teléfono móvil de lo que cobran por la prestación, y pregunta al Govern por si opina que se ha estigmatizado a colectivos extranjeros. En definitiva, preguntas ligadas a las tesis más polémicas que ha expuesto Mena para justificar el cambio en el método de pago de la renta mínima y el control sobre el presunto fraude en la recepción de la ayuda.