El frente judicial
La fiscalía persigue al grupo que bloqueó la entrada de los diputados
Dos procesos judiciales paralelos con un nexo: el bloqueo del Parlament de Catalunya del miércoles. Por un lado, están las detenciones efectuadas por los Mossos d'Esquadra el mismo miércoles por desórdenes públicos y resistencia a la autoridad (los altercados en la calle, en definitiva) y, por otro, la investigación que la Fiscalía de Barcelona ha abierto para identificar y perseguir legalmente a las personas que impidieron la entrada en la cámara legislativa de los diputados, un acto que está castigado, si se emplea la fuerza, la violencia o la intimidación, con una pena que oscila entre los tres y los cinco años de cárcel. Es un delito de los denominados contra las instituciones del Estado. Los Mossos ya han identificado a una decena de estas personas.
El primer frente abierto son los desórdenes públicos. Los Mossos detuvieron el miércoles a seis adultos y un adolescente, del que se hizo cargó la Fiscalía de Menores. Uno de los arrestados pasó ayer a disposición judicial, se acogió a su derecho a no declarar y el juez de guardia decretó su libertad provisional, aunque continúa abierta la causa contra él por los delitos de resistencia y desobediencia. El resto de los detenidos estaban pendientes de su traslado a la Ciutat de la Justícia. La policía autonómica estaba analizando las pruebas para determinar su grado de responsabilidad y los delitos que pueden haber cometido.
VÍDEOS Y FOTOS / La otra rama de la investigación, abierta por la Fiscalía de Barcelona, pretende esclarecer qué personas dificultaron el acceso de los diputados al Parlament. Estas pesquisas, iniciadas el mismo miércoles en coordinación con los Mossos, están destinadas a identificar las personas que hayan podido cometer un delito contra las instituciones del Estado. Para lograr este objetivo, la policía autonómica, a través del análisis de vídeos, fotografías y otras pruebas, debe determinar quién ha cometido esta actividad ilegal e individualizar y concretar la acción delictiva que ha realizado cada sospechoso. Los Mossos ya han identificado a 10 miembros de estos grupos.
El Parlament, por su parte, estudia la fórmula para emprender acciones contra los indignados que coaccionaron a los diputados. Los servicios jurídicos de la Cámara y de la Generalitat se han puesto manos a la obra y el martes próximo la Mesa del Parlament tendrá en sus manos un informe sobre las dos posibilidades existentes: la presentación de una denuncia o la personación como acusación en el proceso judicial. Fuentes parlamentarias confirmaron ayer que el mismo miércoles por la noche, elpresidentArtur Mas y la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, coincidieron en una cena del Consell del Col·legi de Graduats Socials y comentaron la necesidad de ir hasta el fondo y «actuar contundentemente». Un diputado de CiU ya ha presentado una denuncia a título particular por la presunta sustracción de una bolsa.
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