El combate contra la violencia machista encalla en la educación

Con ocasión de la celebración, hoy, del día internacional contra la violencia machista, nadie duda de que la ley integral española, que ahora cumple seis años, ha servido para salvar vidas. Pero las cifras de mujeres asesinadas constatan que la norma no es suficiente. El triste repunte de víctimas (han muerto 64 mujeres en lo que va de año, nueve más que en todo el 2009) demuestra la dificultad de acabar con la principal causa de muerte de mujeres de 15 a 44 años en España. El 75% de las fallecidas no habían pedido ayuda.

Para erradicar los ataques y que las mujeres que no se atreven a denunciar empiecen a confiar en la justicia, los especialistas reclaman más acciones de educación y de concienciación, así como de formación de todos los actores que pueden ayudar a las víctimas a escapar del círculo de la violencia.

DÉFICIT DE ALCANCE / Miguel Lorente, delegado del Gobierno para este asunto, admite que el perfil de las 64 víctimas mortales demuestra que la ley «no es que falle, es que todavía no ha llegado a todos los sitios». Las medidas de protección han servido para ayudar a las mujeres que llevan menos tiempo sufriendo malos tratos, pero no tanto a las que «están más lejos de la salida» y que por eso no denuncian. Esto se traduce en que ha aumentado el número de víctimas mayores de 40 años y que convivían con su agresor, así como el de extranjeras y por tanto desconocedoras del sistema y carentes de una red familiar de apoyo.

«Lo realmente preocupante -sostiene la fiscal especialista en violencia contra la mujer Soledad Cazorla- es que no podemos tender la mano a las que viven aisladas en el miedo». Las campañas de concienciación no llegan a ese colectivo, opina Cazorla, «porque falta tiempo de rodaje en la prevención». «La reeducación de la sociedad lleva años», apostilla, antes de señalar que no es partidaria de modificar la ley ni de endurecer las penas como piden el PP e IU.

Coincide con este análisis la presidenta del observatorio sobre violencia doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, quien manifiesta que la norma ha servido para «mejorar la respuesta judicial» y acabar con la «impunidad de los maltratadores».

ÓRDENES DE PROTECCIÓN / En cinco años, han sido condenados 145.000 maltratadores y han fallecido 47 de las 140.000 mujeres que contaban con órdenes de protección. Montalbán reconoce que hay que trabajar para que no haya una sola víctima con medidas cautelares que fallezca, pero considera que en términos generales «la maquinaria del Estado funciona». Aun así, se muestra preocupada porque casi se ha doblado desde el 2007 el número de afectadas que renuncian a continuar con el proceso. Un 12% de las mujeres que pidieron ayuda rehusaron continuar con la acusación porque tenían miedo y se acogieron al derecho a no declarar contra sus parejas. El CGPJ y la físcalía reclaman que se reforme esta dispensa de declarar, porque el testimonio de las víctimas es clave para que el caso no acabe sobreseído o en absolución.

EL PERDÓN / El problema es que las víctimas de maltrato, a diferencia de los afectados por otros delitos, no siempre desean que el agresor acabe entre rejas. Quieren que la violencia cese, pero muchas de ellas perdonan una y otra vez a sus verdugos, lo que en ocasiones lleva a un fatal desenlace.

Para que abandonen definitivamente la relación, es esencial la formación de todos cuantos intervienen en el proceso y que el recorrido de administración en administración que deben hacer sea lo más suave posible. En ambos retos ya trabaja el CGPJ, según Montalbán.

DEMANDAS DE LAS MUJERES / La ley establece medidas de prevención y recursos para ayudar a las víctimas, aunque estos son los aspectos «menos desarrollados», según la abogada Consuelo Abril. Como vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Igualdad, explica que el colectivo estaba «orgullosísimo» cuando se aprobó la ley, pero pasados los años, se sienten defraudadas «por la falta de recursos».

En la misma línea, Pilar Núñez, de la oenegé Intress, señala que la ley «es necesaria pero no es suficiente» y reclama más programas de rehabilitación de maltratadores y más políticas públicas para ayudar a las parejas en proceso de separación.