Caso Antenas en Badalona

Fiscalía pide también inhabilitación para el alcaldable del PP en Santa Coloma, Miguel Jurado

La acusación del fiscal por la supuesta instalación irregular de antenas de telefonía móvil en Badalona también pesa sobre el candidato a la alcaldía colomense

CONTEXTO | Dimisión en bloque en el PP de Santa Coloma por un "dedazo" de un concejal de Albiol, Miguel Jurado

Xavier García Albiol, en su etapa de alcalde en 2013, junto a quien fue su concejal de Seguridad, Miguel Jurado.

Xavier García Albiol, en su etapa de alcalde en 2013, junto a quien fue su concejal de Seguridad, Miguel Jurado. / JOAN CORTADELLAS

J. G. Albalat
Manuel Arenas
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La Fiscalía reclama para Miguel Jurado, actual alcaldable del PP en Santa Coloma de Gramenet tras un "dedazo" y 'mano derecha' y concejal del exalcalde y también alcaldable Xavier Garcia Albiol (PP), inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir la comisión de delitos, en relación a su actuación sobre la supuesta instalación de antenas de telefonía móvil ilegales en la comisaría de Guardia Urbana de Badalona. Los hechos han desembocado en la causa judicial conocida como Caso Antenas.

Por un supuesto delito de prevaricación en referencia a esas mismas circunstancias, EL PERIÓDICO adelantó en exclusiva que el fiscal solicita para el propio Albiol dos años y diez meses de prisión y otros diez años de inhabilitación. Así, el PP tiene tanto en Badalona como en Santa Coloma, dos de las ciudades catalanas con mayor población, a sus alcaldables acusados por Fiscalía a once semanas de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

En el momento en que se produce para delitos sobre corrupción la apertura de juicio oral, trámite que está en estos momentos en manos del juez, los Estatutos del partido prevén la suspensión provisional de la afiliación. Jurado, que este pasado jueves aseguraba no tener constancia de la acusación de Fiscalía, no ha atendido a las llamadas de este diario este viernes.

Jurado "ocultó la irregularidad"

A juicio del Ministerio Público, Miguel Jurado (PP), concejal de Seguridad Ciudadana y Participación del Ayuntamiento de Badalona en el momento en que se produjo la instalación de las antenas (2012), "desatendió las obligaciones de su cargo de velar por el correcto uso de las instalaciones", cuya ilicitud conocía, incide Fiscalía, "desde el principio" y posteriormente, cuando recibió quejas al respecto por parte de agentes de la Guardia Urbana de Badalona a través del Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP), extremo que ha confirmado este diario.

Pese a ello, el fiscal la reprocha no haber comunicado los hechos, "sabiendo o aceptando que eran constitutivos de infracción penal, a las autoridades competentes debiendo y pudiendo hacerlo sin problema en atención a la responsabilidad pública asumida y que mantuvo hasta el nuevo mandato municipal en junio de 2015". En contra de ello, insiste Fiscalía, "ocultó la irregularidad de la situación en las reuniones que mantuvo con SFP al sostener la legalidad de la estación base de telefonía en todo momento".

En sus declaraciones ante el juez, los policías sostuvieron que interpelaron con frecuencia sobre las antenas a Jurado, informa Jordi Ribalaygue. Ambos esgrimieron que Jurado les garantizó que los postes eran legales. Consta que el SFP registró al menos un escrito en 2014 dirigido a Jurado, al que le solicitaban los contratos de los aparatos. Albiol contestó a este diario que su concejal nunca le habló de las estaciones de telefonía.

Los otros acusados por Fiscalía

Más allá de Jurado y Albiol, principales cargos públicos acusados por Fiscalía debido a su condición de alcaldables ante las municipales, el escrito del Ministerio Público también se dirige contra Xavier Salvà, director de Urbanismo durante la alcaldía de Albiol de 2011 a 2015; Tomás Vizcaíno, el exconsejero delegado de la empresa pública Engestur designado por el PP; Oriol Lladó, exsecretario de Comunicación de ERC y edil de Urbanismo en el tripartito que Dolors Sabater (Guanyem) encabezó entre 2015 y 2018; y Josep Duran, exjefe jurídico del área de Urbanismo exconcejal socialista.

Mientras que para Salvà y Vizcaíno pide dos años y diez meses de prisión e inhabilitación especial más multa de 9.000 euros, la misma solicitud de pena que para Albiol, a Lladó y Durán les reclama un año y seis meses de prisión, inhabilitación especial y 8.000 euros de multa.

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