El fiscal pide dos años y 10 meses de prisión e inhabilitación para Albiol por prevaricación

La fiscalía reclama dos años y 10 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 9.500 euros, para Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona y candidato del PP a las próximas elecciones municipales, por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental, al haber tolerado la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana de esta localidad que no contaban con licencia y eran presuntamente ilegales, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

En un comunicado, Albiol se ha mostrado sorprendido de que el escrito del fiscal se le haga conocedor de esa instalación pues, precisa, durante la instrucción de la causa "nadie ha afirmado que me hubiera trasladado la problemática". "El permiso de instalación de unas antenas de telefonía es un procedimiento meramente técnico y administrativo", recalca, para después añadir: "Sorprende que a dos meses y medio de las elecciones municipales la fiscalía haga esta acusación". La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que expulse del partido a Albiol: "Si uno aplica una vara de medir a un rival político sería bueno que lo aplicara a sus propias filas", ha dicho a la prensa en el Congreso, antes de señalar que los socialistas sí han realizado expulsiones del partido por presuntas irregularidades, por lo que pide lo mismo a Feijóo.

En octubre de 2021, el juez instructor concluyó la investigación y consideró que había indicios contra otras personas, desde concejales hasta altos cargos, entre ellos Oriol Lladó, de ERC, que fue concejal de urbanismo con la entonces alcaldesa y ahora también alcaldable Dolors Sabater, que no está investigada, y Miguel Jurado, exconcejal de seguridad ciudadana durante el primer mandato de Albiol. La acusación pública también incluye a estos y a otros tres investigados en su escrito.

Las antenas, propiedad de Vodafone y Telefónica, supuestamente operaron sin ninguna licencia entre 2012 y 2018, cuando fueron desmontadas por estas compañía. En ese periodo, el Ayuntamiento de Badalona, según las pesquisas, dejó de ingresar unos 17.500 euros en impuestos que las empresas debían haber abonado por ocupar un espacio público como es una comisaría. La fiscalía solicita esta cantidad de dinero como responsabilidad civil.

Sin licencia

Los aparatos precisaban, según la normativa vigente, de una licencia urbanística y ambiental que no se llegó a pedir y, por lo tanto, no se concedió. Además, el Plan General Metropolitano de Barcelona establece que una instalación de estas características no podía ocupar un equipamiento nuevo como era en esas fechas las dependencias de la policía local de Badalona, situada en una zona elevada de la periferia de la ciudad conocida como Turó d'En Carig.

En su auto de conclusión de la instrucción, el juez indicaba que "no consta solicitudes formales, ni ningún expediente administrativo urbanístico, ambiental o tributario". El togado lamentaba que dos empresas "con ánimo de lucro" hubieran ocupado un espacio público sin que esta instalación haya revertido en la población a través del pago de un impuesto. El consistorio cifró ese canon en 617 euros en seis años, aunque la Oficina Antifrau de Catalunya lo eleva hasta los 17.448 euros.

Competencias en urbanismo

Cuando se instalaron las antenas, Albiol cumplía su primer mandato al frente de la alcaldía y tenía atribuidas las competencias en urbanismo. Es decir, tenía la facultad de otorgar licencias de obra o ambientales y resolver expedientes. El que fuera alcalde tuvo conocimiento de la situación de las antenas, según el juez, desde agosto de 2012, cuando fue informado por los representantes del sindicato policial SFP. Desde entones, argumentó el togado, "no consta" que Albiol hiciera gestión alguna para retirar estos aparatos.

En su declaración como investigado, Albiol alegó que conoció el asunto “cuatro o cinco años después” a través de los medios de comunicación porque, según su versión, “no forma parte de las funciones del alcalde controlar dónde se instalan las antenas”, pese a que ya durante su primer mandato, entre los años 2011 y 2015, ostentaba las competencias de Urbanismo y de otorgamiento de licencias. La instalación de esas antenas provocó quejas de los vecinos y de la policía local.

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