Testimonios clave
El juez reactiva la causa por la supuesta instalación irregular de antenas de telefonía móvil en Badalona
Se ha citado a declarar a tres ex cargos municipales por su vinculación con la instalación de las antenas en el Turó d'en Cartig
Se trata del ex secretario del Ayuntamiento, el entonces responsable del servicio de patrimonio y el del servicio de disciplina urbanística
EFE
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El juez que investiga al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PPC), y a otros mandos locales del PSC y ERC por tolerar la instalación presuntamente sin licencia de antenas de telefonía móvil ha ordenado reactivar la instrucción del caso, que estaba ya pendiente de juicio. En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona ha citado a declarar a tres ex cargos municipales por su vinculación con la instalación supuestamente irregular de las antenas, tal como pidió la Fiscalía, que considera estos testimonios clave para tipificar penalmente los hechos.
Se trata del ex secretario del Ayuntamiento, el entonces responsable del servicio de patrimonio y el del servicio de disciplina urbanística, quienes, apunta la fiscal, "aparecen mencionados en numerosas ocasiones en las declaraciones judiciales de algunos investigados".
El magistrado ha acordado así reactivar la instrucción que había dado por cerrada el pasado octubre, cuando dejó a un paso de juicio a Albiol, al actual portavoz municipal del PSC y ex gerente de la compañía municipal de gestión urbanística Engestur, Christian Carneado, y al vicesecretario general de comunicación de ERC, Oriol Lladó, ex primer teniente de alcalde de Dolors Sabater (Guanyem Badalona), además de a otros cinco cargos municipales.
Junto a la comisaría de la Guardia Urbana
Todos ellos están procesados por malversación y prevaricación urbanística al entender el juez que existen indicios suficientes de que tenían "pleno conocimiento" de la "antijurídica situación de las antenas" de Vodafone y Telefónica, que fueron instaladas en 2012 junto a la comisaría de la Guardia Urbana, pero no llevaron a cabo ninguna "actuación correctora" al respecto.
"No consta que el referido alcalde realizase gestión alguna, aun informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía" ni tampoco que "ejerciera formalmente cualquiera de las competencias" de Urbanismo que ostentaba "con la concesión de licencia alguna con la incoación de expediente alguno de disciplina urbanística o medioambiental", señala el juez.
De acuerdo con el auto, las antenas fueron instaladas sin licencia y funcionaron de forma ininterrumpida hasta 2018, cuando fueron retiradas de forma voluntaria por las empresas titulares, que dejaron de pagar al consistorio casi 17.500 euros en impuestos. "Queda acreditado que el Ayuntamiento de Badalona no ha percibido ingreso económico alguno por los hechos anteriores, de forma que ambas empresas han ocupado en el período indicado el dominio público con ánimo de lucro y sin satisfacer canon alguno", apunta el auto.
En julio de 2020, Albiol declaró que "desconocía" que las antenas instaladas carecieran de licencia y que sólo supo del asunto "cuatro o cinco años después" a través de los medios de comunicación porque, alegó, "no forma parte de las funciones del alcalde controlar dónde se instalan las antenas".
Querella en septiembre de 2012
La causa se abrió a raíz de una querella que Fiscalía presentó en septiembre de 2012 por la instalación supuestamente irregular de antenas de telefonía móvil en un terreno de propiedad municipal junto a la comisaría de la Guardia Urbana durante el primer mandato de Albiol, entre 2011 y 2015. El ministerio público considera que las antenas permanecieron sin legalizar con el presunto objetivo de que el consistorio obtuviese a cambio recursos económicos de parte de las compañías de telefonía para reformar la comisaría de la policía badalonesa.
En un inicio, la Fiscalía también pidió imputar a Sabater -actual líder de la CUP en el Parlament- por prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos al haber reconocido que su equipo "heredó" el problema de estas antenas, pero el magistrado la ha dejado por el momento fuera del proceso.
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