Policías de Badalona alertaron a Albiol sobre las antenas ilegales

Xavier García Albiol ha sembrado la sospecha sobre los motivos de la Fiscalía para solicitar ahora que sea condenado a casi tres años de cárcel, cuando quedan 11 semanas para las elecciones municipales. El exalcalde del PP en Badalona ha asegurado que nadie le puso sobre aviso de las presuntas irregularidades del ‘Caso Antenas’, de supuesta prevaricación por la instalación de un repetidor de Vodafone y otro de Telefónica en un solar público junto a la comisaría de la Guardia Urbana, sin que mediaran permisos ni el ayuntamiento recaudara un solo euro mientras estuvieron operativos entre 2012 y 2018. Tras casi cuatro años de pesquisas en un juzgado de instrucción, la causa emprende la senda para llegar a juicio. 

Después de que se revelara la petición de pena del Ministerio Público este jueves, el alcaldable se expresó así a través de un comunicado: “En ningún momento del procedimiento judicial, absolutamente nadie ha afirmado que me hubiese trasladado la problemática sobre la instalación de estas antenas de telefonía”. No obstante, en la causa consta que al menos dos agentes de la Guardia Urbana de Badalona testificaron ante el juez instructor que se reunieron en 2013 con Albiol y le manifestaron que les desazonaba el potencial peligro insalubre de los dispositivos erigidos junto a la sede policial. Manifestaron también que el Sindicato de Funcionarios de Policía (SFP) registró un escrito dirigido al alcalde en 2012 en que, entre otras consideraciones, reclamaban copia de las licencias de las antenas. Aseguraron que no se obtuvo respuesta.

Los dos declarantes pertenecen a la organización sindical, que propagó su malestar por las posibles emisiones nocivas de los postes telefónicos y cuestionaron que fueran legales en mensajes de redes sociales y noticias en medios de comunicación. Fueron el detonante para que la Fiscalía de Delitos Urbanísticos indagase en un asunto que, además de Albiol, puede sentar en el banquillo a cargos del gobierno municipal del PP y la coalición antagónica que lo sucedió, liderado por la actual líder parlamentaria de la CUP, Dolors Sabater.

Preocupados por la insalubridad

Uno de los agentes que compareció como testigo en la instrucción reveló que el encuentro con Albiol tuvo lugar en el despacho de alcaldía en 2013, durante la primera etapa del popular al frente del consistorio de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya. Expuso que, como representantes sindicales, ambos policías trataron diversos problemas de la Guardia Urbana con el edil, a quien “se consultó el tema de las antenas”, según figura en la transcripción de su declaración. “Se le comentó que estaban pendientes de conocer la forma de instalación de las antenas y se le hizo llegar la preocupación por la radiación”, señaló. 

El agente añadió que el alcalde se limitó a contestar que la cuestión la gestionaba la empresa municipal Engestur. Quien fue el consejero delegado de la compañía por designación del PP, Tomás Vizcaíno, figura también como investigado. 

Una agente perteneciente al mismo sindicato ratificó que estuvo presente en la cita en que se abordó el asunto. Relató que el edil respondió que lo miraría y ya comunicaría algo. Asimismo, la policía mencionó que los mástiles causaron “mucha inquietud” en el cuerpo, porque “coincidió que dos o tres agentes que estaban permanentes en el edificio sufrieron cáncer”. Explicó también que accedió a un registro de la Generalitat sobre niveles de radiación, que reflejaba que los índices de los dispositivos de marras, “aunque estuvieran por debajo del nivel legal, eran de los más altos de Catalunya”. 

Por otro lado, el documento que el SFP remitió al exalcalde reiteró el desasosiego por la posible repercusión en la salud de los agentes y alertó de que los aparatos se emplazaron antes de elaborarse un estudio sobre posibles riesgos. El sindicato exigió explicaciones, instó a desmantelar las antenas o, por el contrario, que se entregase “copia de las resoluciones por las que se concede licencia urbanística y ambiental”. Se trata de los permisos que, supuestamente, los artilugios no recabaron nunca.   

“No me hablaron de licencias”

En conversación con EL PERIÓDICO, Albiol reconoce que se produjo el encuentro con los policías, al que no se refirió en su comunicado de este jueves ni en el vídeo exculpatorio que difundió en sus redes sociales. En cualquier caso, el popular enfatiza que los propios policías admitieron al juez que no le requirieron si se habían adjudicado permisos. Ambos agentes reconocieron que no preguntaron al alcalde si las antenas eran legales. A su vez, añadieron que el edil no les dijo nada al respecto.

“No me hablaron de las licencias. Si lo hubiese sabido, habría dicho que se legalizara”, replica Albiol. A la par que ocupaba la Alcaldía, ostentaba las atribuciones del área de Urbanismo, por lo que estaba facultado para cursar las autorizaciones y expedientar los incumplimientos. El fiscal le reprocha que, en el caso de autos, no ejerció ninguna de ambas funciones. Si bien se descarga de toda responsabilidad en una grabación que ha publicado para declararse víctima de una “tremenda injusticia”, el dirigente popular conviene que pudo ser que los mástiles se colocasen sin el pertinente aval bajo su ejecutivo. “Parece que es así”, concede.  

Albiol apostilla que encargó un informe sobre las radiaciones de los dos postes telefónicos tras la advertencia de los agentes. “Salió que no se excedían del límite. El único conocimiento que tuve de las antenas fue por las emisiones que el sindicato me comentó. Después, nadie más me habló del tema”, zanja.   

En cuanto a la instancia sindical que fue desatendida, subraya que se interpuso en agosto. “En aquellas fechas estaba en Mallorca, y con mi alcaldía y mis funciones delegadas oficialmente en un teniente de alcalde”, remarca Albiol, que remata: “Todos esos escritos van dirigidos a la alcaldía, pero se distribuyen por las áreas del ayuntamiento. Lo que la gente escribe no llega al alcalde pero, aunque me hubiese llegado, estaba de vacaciones”.

En sus declaraciones, los policías agregan que interpelaron con frecuencia sobre las antenas al concejal de Seguridad entre 2011 y 2015, Miguel Jurado, ahora alcaldable del PP en Santa Coloma de Gramenet. Ambos esgrimieron que Jurado les garantizó que los postes eran legales. Consta que el SFP registró al menos un escrito en 2014 dirigido a Jurado, al que le solicitaban los contratos de los aparatos. Albiol contesta que su concejal nunca le habló de las estaciones de telefonía. “Es un tema 100% administrativo. ¿Cómo el alcalde de Badalona va a saber algo sobre estas ni ninguna otra antena de la ciudad?”, se defiende.

Suscríbete para seguir leyendo