La gestión del agua de Sant Cugat y otras 5 ciudades del área de BCN también será metropolitana

El servicio del agua de otras seis ciudades del área de Barcelona también será de competencia metropolitana. Sant Cugat del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Tiana y Sant Andreu de la Barca se suman así a Molins de Rei y Ripollet, las primeras cuya gestión del servicio del agua pasará a manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración competente en la materia según ratificó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una sentencia del 20 de octubre del 2020.

Este martes 18 de marzo, la administración metropolitana ha iniciado asimismo la asunción de la competencia del agua de los nuevos seis municipios que se la traspasan. Ello se desprende de que el Consell Metropolità del AMB, máximo órgano de gobierno del ente, haya aprobado la constitución de seis comisiones mixtas de traspasos entre la administración metropolitana y los seis ayuntamientos metropolitanos.

El AMB asume la gestión del agua en dos de los 13 municipios del área de Barcelona con la concesión en un limbo

La medida, que ha salido adelante con los votos favorables de todos los grupos con representación metropolitana excepto Vox y PP, que se han abstenido, es un primer paso para resolver la actual "situación de excepcionalidad o transitoriedad", en palabras del propio TSJC, en que estaban hasta la fecha 13 ciudades metropolitanas con concesiones en un limbo. Quedará por ver cuál es la solución que se adopta para Barberà del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès y Castellbisbal.

La singular coyuntura se ha caracterizado hasta la fecha por una doble anomalía. En primer lugar, que las concesionarias (Sorea en Sant Cugat, Corbera y Cervelló, por ejemplo) han seguido operando en las ciudades pese a haber caducado los contratos hace años. Por otra parte, que el servicio no se ha integrado en el ámbito de actuación de la administración competente, el AMB, que en las otras 23 ciudades (Barcelona entre ellas) presta el servicio a través de la sociedad mixta ABEMCIA (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.), participada en un 85% por capital privado (70% Aigües de Barcelona, Agbar, y 15% Criteria Caixabank) y en el 15% restante por el propio AMB. Esta ausencia de integración adolece hasta la fecha de tres años de retraso desde la sentencia del TSJC y otros tantos desde que el AMB se comprometió a analizar la cuestión, con un estudio previsto para el 2022 que no llegó.

Más allá del encaje competencial, la gran incógnita sigue siendo a través de qué mecanismo legal decide el AMB prestar el suministro de agua en estas ciudades, teniendo en cuenta que no es posible integrarlas en la actual concesión suscrita entre la administración y ABEMCIA. Fuentes del AMB consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que la fórmula concreta no está decidida y se está todavía estudiando.

La gestión del agua en Sant Cugat y otras 12 ciudades del área de Barcelona lleva tres años en un limbo

Una alternativa es la posible creación de una nueva sociedad paralela a ABEMCIA que en mayor o menor proporción esté participada por el AMB y que otro tanto capital privado complete la ecuación. Durante estos meses los responsables de la administración metropolitana están manteniendo reuniones con los ayuntamientos implicados para llegar a acuerdos con los que los consistorios se sientan cómodos.

La plataforma ecologista Aigua és Vida, favorable a la gestión directa y municipalización del servicio del agua en los ayuntamientos, ya emitió un comunicado con el inicio del traspaso de competencias en el que afirmaban que dicha transferencia competencial "representa un paso más para integrar las ciudades en la empresa mixta" ABEMCIA, una solución que desde el AMB afirman que por el momento no se ha concretado.

Cambios de color político, cambios de escenario

La exploración del modelo de gestión de agua de estas 13 ciudades metropolitanas con concesiones caducadas cambió completamente tras las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando los cambios de color político propiciaron también cambios de escenario.

Primero, porque la presidencia del AMB pasó de estar en manos de Ada Colau (Comuns) a ser de Jaume Collboni (PSC), con el consiguiente cambio en el área de Ecología: mientras antes la lideraba Eloi Badia (Comuns), del equipo de Colau, desde las municipales se segregó una nueva vicepresidencia de Ciclo del Agua con liderazgo socialista (Belén García, alcaldesa de Sant Joan Despí), mientras que los Comuns se responsabilizan de una vicepresidencia de Acción Climática (Janet Sanz, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona) que no contempla ya competencias en la gestión del agua.

Este cambio político es clave porque, mientras los Comuns abogaban por las municipalizaciones del servicio del agua en las ciudades (de hecho, bajo la presidencia de Colau se impulsaron los cambios normativos en pro de la competencia de los consistorios que posteriormente el TSJC tumbó), el actual AMB, con gobierno cuatricolor (PSC, Junts, Comuns y ERC) pero con mayoría absoluta socialista, no está por la labor de abrirse a más municipalizaciones de las que ya operan (en El Prat, por ejemplo), ya que consideran que el modelo de la empresa mixta ABEMCIA funciona, tal y como afirmó Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, al elogiar la colaboración público-privada entre AMB y Agbar en una reciente conferencia en Foment del Treball.

Muestra de este contraste de visiones políticas es que, tras los desencuentros en una comisión que se creó en el anterior mandato para estudiar el modelo de gestión del agua más eficiente para estas 13 ciudades, en abril del 2023, el Consell Metropolità del AMB -todavía bajo la presidencia de Colau- licitó la redacción de dos informes de viabilidad, uno para una potencial empresa pública y otro para una posible sociedad mixta metropolitana basada en el 'modelo ABEMCIA'.

Sin embargo, en junio del 2023, justo después de las elecciones municipales, el mencionado proceso de licitación quedó desierto. Desde la anterior vicepresidencia metropolitana de Ecologia, liderada por los Comuns, sí se llegó a confeccionar un estudio interno que concluía que "las dos formas de gestión [directa e indirecta] son viables; no obstante, la gestión directa es más flexible y genera menos conflicto de intereses", pese a que no llegó a discutirse ni aprobarse en el Consell Metropolità del AMB.