El AMB asume la gestión del agua en dos de los 13 municipios del área de Barcelona con la concesión en un limbo

El limbo competencial en el que lleva atrapada más de tres años la gestión del agua de 13 ciudades del área de Barcelona vislumbra su fin. Molins de Rei y Ripollet serán los primeros municipios metropolitanos que traspasen su competencia sobre el suministro de agua al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración competente para gestionar este servicio esencial en las 36 ciudades que la integran según ratificó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una sentencia del 20 de octubre del 2020.

El Consell Metropolità del AMB, máximo órgano de gobierno del ente, ha aprobado este martes 27 de febrero la constitución de una comisión mixta de traspasos entre la administración metropolitana y los ayuntamientos de Molins y Ripollet, ambos con alcaldías socialistas. La medida, que ha salido adelante con los votos favorables de las grandes formaciones (PSC, Junts, ERC y Comuns) y con las abstenciones de PP y Vox, es un primer paso para resolver la actual "situación de excepcionalidad o transitoriedad", en palabras del propio TSJC. Además de Molins y Ripollet, quedará por ver cuál es la solución que se adopta para Barberà del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Tiana, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès, Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca.

La gestión del agua en Sant Cugat y otras 12 ciudades del área de Barcelona lleva tres años en un limbo

Esta singular coyuntura se ha caracterizado hasta la fecha por una doble anomalía. En primer lugar, la de que las concesionarias (Aqualia en Molins y Sorea en Ripollet, por ejemplo) han seguido operando en las ciudades pese a haber caducado los contratos hace años. Por otra parte, la segunda anomalía es que el servicio no se ha integrado en el ámbito de actuación de la administración competente, el AMB, que en las otras 23 ciudades (Barcelona entre ellas) presta el servicio a través de la sociedad mixta ABEMCIA (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.), participada en un 85% por capital privado (70% Aigües de Barcelona, Agbar, y 15% Criteria Caixabank) y en el 15% restante por el propio AMB. Esta ausencia de integración adolece hasta la fecha de tres años de retraso desde la sentencia del TSJC y otros tantos desde que el AMB se comprometió a analizar la cuestión, con un estudio previsto para el 2022 que no llegó.

Más allá del encaje competencial, la gran incógnita sigue siendo a través de qué mecanismo legal decide el AMB prestar el suministro de agua en estas ciudades, teniendo en cuenta que no es posible integrarlas en la actual concesión suscrita entre la administración y ABEMCIA. Fuentes del AMB consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que la fórmula concreta no está decidida y se está todavía estudiando.

Una alternativa es la posible creación de una nueva sociedad paralela a ABEMCIA que en mayor o menor proporción esté participada por el AMB y que otro tanto capital privado complete la ecuación. Durante estos meses los responsables de la administración metropolitana están manteniendo reuniones con los ayuntamientos implicados para llegar a acuerdos con los que los consistorios se sientan cómodos.

La plataforma ecologista Aigua és Vida, favorable a la gestión directa y municipalización del servicio del agua en los ayuntamientos, ha emitido un comunicado en el que afirman que el traspaso de competencias de Ripollet y Mollet "representa un paso más para integrar las ciudades en la empresa mixta" ABEMCIA, una solución que desde el AMB afirman que por el momento no se ha concretado.

Cambios de color político, cambios de escenario

La exploración del modelo de gestión de agua de estas 13 ciudades metropolitanas con concesiones caducadas cambió completamente tras las elecciones municipales de mayo de 2023, cuando los cambios de color político propiciaron también cambios de escenario.

Primero, porque la presidencia del AMB pasó de estar en manos de Ada Colau (Comuns) a ser de Jaume Collboni (PSC), con el consiguiente cambio en el área de Ecología: mientras antes la lideraba Eloi Badia (Comuns), del equipo de Colau, desde las municipales se segregó una nueva vicepresidencia de Ciclo del Agua con liderazgo socialista (Belén García, alcaldesa de Sant Joan Despí), mientras que los Comuns se responsabilizan de una vicepresidencia de Acción Climática (Janet Sanz, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona) que no contempla ya competencias en la gestión del agua.

Este cambio político es clave porque, mientras los Comuns abogaban por las municipalizaciones del servicio del agua en las ciudades (de hecho, bajo la presidencia de Colau se impulsaron los cambios normativos en pro de la competencia de los consistorios que posteriormente el TSJC tumbó), el actual AMB, con gobierno cuatricolor (PSC, Junts, Comuns y ERC) pero con mayoría absoluta socialista, no está por la labor de abrirse a más municipalizaciones de las que ya operan (en El Prat, por ejemplo), ya que consideran que el modelo de la empresa mixta ABEMCIA funciona, tal y como afirmó Antonio Balmón (PSC), vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà, al elogiar la colaboración público-privada entre AMB y Agbar en una reciente conferencia en Foment del Treball.

Muestra de este contraste de visiones políticas es que, tras los desencuentros en una comisión que se creó en el anterior mandato para estudiar el modelo de gestión del agua más eficiente para estas 13 ciudades, en abril del 2023, el Consell Metropolità del AMB -todavía bajo la presidencia de Colau- licitó la redacción de dos informes de viabilidad, uno para una potencial empresa pública y otro para una posible sociedad mixta metropolitana basada en el 'modelo ABEMCIA'.

Sin embargo, en junio del 2023, justo después de las elecciones municipales, el mencionado proceso de licitación quedó desierto. Desde la anterior vicepresidencia metropolitana de Ecologia, liderada por los Comuns, sí se llegó a confeccionar un estudio interno que concluía que "las dos formas de gestión [directa e indirecta] son viables; no obstante, la gestión directa es más flexible y genera menos conflicto de intereses", pese a que no llegó a discutirse ni aprobarse en el Consell Metropolità del AMB.

Por último, también han sido clave los cambios de color político en algunos consistorios. Ripollet es el ejemplo paradigmático: mientras que ahora, con alcaldía socialista desde mayo del 2023 (Luis Tirado), traspasa su competencia al AMB, en el anterior mandato (con alcaldía de José María Osuna, de la candidatura municipalista Decidim Ripollet) fue uno de los ayuntamientos más beligerantes en favor de la municipalización del servicio del agua y contrario a la gestión a través de una empresa mixta, hasta el punto de que el anterior Gobierno municipal llegó a denunciar públicamente, con anuncio de demanda judicial incluida, que el AMB "bloqueaba" la municipalización.