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La gestión del agua en Sant Cugat y otras 12 ciudades del área de Barcelona lleva tres años en un limbo

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La gestión del agua de Sant Cugat y otras 12 ciudades metropolitanas lleva tres años en un limbo.

La gestión del agua de Sant Cugat y otras 12 ciudades metropolitanas lleva tres años en un limbo.

Manuel Arenas

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La gestión del servicio del agua que prestan 13 ciudades del área metropolitana de Barcelona –entre las cuales destaca Sant Cugat del Vallès, con sus 95.725 habitantes– lleva tres años atrapada en un limbo competencial que se ubica en la intersección entre la soberanía local de cada ayuntamiento y la del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración supramunicipal que coordina servicios en 36 municipios del área de Barcelona.

La AMB y los municipios, con concesiones caducadas, estudian qué sistema de suministro asumirán tras una sentencia que dictó la competencia metropolitana

La cuestión clave es que estos municipios, con concesiones caducadas años atrás, han gestionado hasta la fecha el servicio del agua cada uno por su cuenta, con base a su heterogénea soberanía local y a través de concesionarias (Sorea, Aqualia o empresas públicas locales) ajenas al ámbito de actuación propio de la AMB, protagonizado por ABEMCIA (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A.), participada en un 85% por capital privado (70% Aigües de Barcelona, AGBAR, y 15% Criteria Caixabank) y en el 15% restante por el propio AMB.

Este escenario explica que a estas 13 ciudades no se les aplique por el momento el nuevo incremento del precio del agua, únicamente repercutido sobre las 23 ciudades lideradas por Barcelona que quedan incluidas en el ámbito de actuación de la sociedad mixta ABEMCIA, que le supone a la administración metropolitana un ingreso de unos 20 millones de euros en concepto de canon. Los 13 municipios implicados son los siguientes: Barberà del Vallès, el Prat de Llobregat, Ripollet, Sant Cugat del Vallès, Tiana, Cervelló, la Palma de Cervelló, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès, Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca.

El Prat de Llobregat, ahora bien, supone una excepción, ya que las tarifas de la empresa pública que suministra agua en la ciudad, Aigües del Prat, las aprobará la AMB conjuntamente con las de ABEMCIA el próximo 28 de noviembre. En este caso, a diferencia del precio del agua en Barcelona y las otras 22 ciudades, donde sube unos 2,5 € al mes por unidad familiar, en términos absolutos se prevé que el incremento sea de 1,4 euros por familia al mes.

Esta autonomía local sobre el servicio, sin embargo, resulta incompatible con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de octubre de 2020 que ratificó la competencia metropolitana sobre el servicio del agua y obligó a la AMB a anular y reformar el Reglament Metropolità del Servei del Cicle Integral de l'Aigua. Hasta la fecha, y a partir de una modificación reglamentaria impulsada en abril del 2017 por los 'Comuns' bajo la presidencia metropolitana de Ada Colau, preservaba la autonomía de los municipios para la prestación del servicio.

La incógnita en estos momentos pasa por la decisión sobre qué tipo instrumento legal (por ejemplo, una nueva sociedad participada por la AMB) mantiene la competencia que los tribunales otorgan a la AMB sin generar un enfrentamiento con las ciudades, algunas de las cuales (Sant Cugat o Ripollet, sin ir más lejos) se habían mostrado favorables a la gestión directa, escenario que choca con la sentencia del TSJC y que debería contar con el beneplácito de la AMB. Fuentes conocedoras de la controversia aseguran a EL PERIÓDICO que, pese a ser la competente, la administración metropolitana ya está llevando a cabo reuniones con cada ayuntamiento para tratar de llegar a acuerdos con ellos.

El vacío legal en torno a la gestión del agua en estas ciudades es relevante porque entre ellas se hallan las que mayor consumo doméstico de agua por habitante registran, según datos del 2021 analizados por el Institut Metròpoli. Cervelló (140,2 litros por habitante y día), Sant Cugat del Vallès (136 litros) y Tiana (134,4 litros) son las tres ciudades metropolitanas que mayor consumo doméstico de agua registran. Badia del Vallès (88 litros), Santa Coloma de Gramenet (99,5 litros) y L'Hospitalet de Llobregat (99,8 litros), las que menos. La media metropolitana está en torno a los 100 litros por habitante, según cálculos de la AMB.

Sin estudio tres años después

Para hacer efectiva la citada resolución judicial y encauzar el complejo encaje competencial, en diciembre del 2020 el Consell Metropolità de la AMB, máximo órgano de gobierno del ente, se comprometió a crear una comisión específica para que, en un plazo de dos años, desarrollara un estudio que identificara el modelo de gestión del agua más eficiente para las ciudades, que actualmente operan con prórrogas de concesiones caducadas tiempo atrás.

La comisión se llegó a configurar pero, después de diversas sesiones, quedó en tierra de nadie tras algunos desencuentros políticos en su seno interno. En cuanto al estudio que acordó impulsar el Consell Metropolità, en abril de este 2023 la AMB, todavía bajo la presidencia de Colau (ahora de Jaume Collboni), licitó la redacción de dos informes de viabilidad, uno para una potencial empresa pública y otro para una posible sociedad mixta metropolitanas, que sin embargo quedó desierto en junio de este año, justo después de las elecciones municipales del 28 de mayo. Sí se llegó a confeccionar un estudio interno que concluía que "las dos formas de gestión [directa e indirecta] son viables; no obstante, la gestión directa es más flexible y genera menos conflicto de intereses", pese a que no llegó a discutirse ni aprobarse en el Consell Metropolità de la AMB.

Este octubre se cumplen tres años de la sentencia del TSJC y este diciembre otros tantos desde que el Consell Metropolità acordó desarrollar el estudio que arrojara luz para poner fin a la actual "situación de excepcionalidad o transitoriedad", en palabras del TSJC. Teniendo en cuenta que el plazo estipulado era de dos años y que debía estar listo en diciembre del 2022, el estudio no se ha hecho aún efectivo y adolece de un retraso de un año.

Consultadas por este diario sobre la anomalía que supone el actual escenario, fuentes del AMB se limitan a afirmar que se trata de "un tema que está en estudio con los ayuntamientos y, por lo tanto, todavía no haremos declaraciones".